A doce años de la denuncia, empieza el juicio de la causa expropiaciones

Después de numerosas presentaciones para dilatar el proceso y de excusaciones e inhibiciones, finalmente la causa más compleja de la historia del Poder Judicial empieza a ser juzgada.

La causa expropiaciones, donde se investiga el rol de exjueces, peritos, abogados y algunos empleados del Estado en juicios que se presume eran inflados para cobrar importantes sumas a la provincia por expropiaciones, verá la luz después de doce años. La Sala I de la Cámara Penal, integrada por Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia y Matías Parrón serán los encargados de dirigir el debate.

Un hecho que tuvo como base investigativa una nota en el programa La Ventana, realizada por Juan Carlos Bataller, y su correlato con sucesivas ediciones de El Nuevo Diario. Allí quedó al desnudo el flojo accionar de un abogado de Fiscalía de Estado, Norberto Baistrocchi -fallecido-, quien en la nota periodística dejó más dudas que certezas. Eso derivó en el inicio de una investigación interna aconsejada por el entonces jefe de Asesores del gobernador, Guillermo de Sanctis, y que después llamó la atención del primer mandatario de ese momento, José Luis Gioja, quien pidió “ir hasta el hueso”.

Después de dos años de investigación administrativa que incluyó un sumario, el jefe del Área Inmuebles de Fiscalía de Estado, Mario Carelli, fue suspendido quince días sin goce de haberes; mientras que el abogado que tenía a su cargo la defensa de los intereses de la provincia fue exonerado.

Con este sumario concluido a fines de agosto de 2010, el entonces secretario General de la Gobernación, Walter Lima, interpuso denuncia penal en fecha 28 de octubre de 2010 y, a principio de diciembre del mismo año, el entonces Fiscal de Estado, Mario Díaz, realizó una ampliación de denuncia.

Una trama compleja

Para que el abogado Santiago Graffigna pudiera actuar con la libertad que lo hacía realizando presentaciones, obteniendo fallos favorables, logrando que los pagos salieran de forma rápida, indudablemente que hubo actores que dentro de la justicia colaboraban con la causa. Este complejo entramado necesitaba de un Tribunal de Tasaciones que valuara los inmuebles, que según la denuncia tasó terrenos rurales con el método de un terreno urbano y que permitió establecer valores por un metro cuadrado en Rodeo similar a un metro cuadrado en Plaza 25 de Mayo.

Expedientes que se armaron con folios de dos causas, según se denunció oportunamente, libramientos de pago por sumas millonarias que salían de manera expedita, acuerdo de pago para un expediente que no tenía sentencia todavía, según expresó en su momento el exfiscal de Estado, fueron algunos de los puntos que aún hoy llaman poderosamente la atención.

También llama la atención que aparezca la figura de la asociación ilícita con una supuesta cabeza claramente identificada -Santiago Graffigna- pero no hayan imputados por los pagos realizados. Según el expediente, se pagaron 42 millones de pesos, pero si no se frenaban juicios solo el reclamo por la expropiación de los terrenos del Parque de Mayo, en el 2009 comprometía el presupuesto de todo un año de la provincia. Según dijo en setiembre de este año el abogado Rubén Pontoriero, “el desfalco fue por 40 millones de dólares, la tentativa diez veces más”.

En el juicio hay 60 testigos, 13 imputados, 43 cuerpos de expediente, más 60 cuerpos de documentación. Y llevará 6 jornadas la lectura de las requisitorias (dos semanas). Serán lunes y miércoles de 8 a 13, y de 17 a 21, mientras que el viernes será de 8 a 13. Son 52 personas las que participan en toda la organización del juicio. Eso incluye desde el Tribunal, la Fiscalía, Fiscalía de Estado, defensores e imputados

Una bisagra

La causa expropiaciones no solo es el expediente judicial más complejo en la historia del Poder Judicial de San Juan, sino que vino a generar cambios para evitar que se repitan procesos viciados.

La vieja ley de expropiaciones se actualizó, se removió el Tribunal de Tasaciones, se establecieron criterios razonables para valuar terrenos que el Estado declare de utilidad pública sujetos a expropiación, además de tomar posesión, depositar los fondos al propietario y, si no está de acuerdo, queda abierta la posibilidad de reclamar judicialmente.

RUBÉN PONTORIERO – ABOGADO EXTERNO CAUSA EXPROPIACIONES

“Si no hubiera sido por El Nuevo Diario, no salía a luz”

-¿Cuál es la importancia de que se haya iniciado este juicio?

-Después de 12 años, contra todo el establishment, va a ser el primer juicio contra la corrupción que atravesó distintos estamentos del Estado, es un resumen. El otro resumen que si no hubiera sido por El Nuevo Diario no salía do a luz.  

 A horas de arrancar el juicio, se estaban presentando recursos, ¿cómo cae esto en el caso tuyo o del Fiscal de Estado este tipo de presentaciones?

-Eso es lo que han hecho durante 12 años, por eso ha demorado tanto juicio, no han presentado ni una sola prueba de descargo, lo único que han hecho es tratar de impugnar a quienes tienen que juzgarlos, a los jueces. Francamente improcedente, pero defensa materiales, defensa técnica no existe ninguna prueba documental. Se hace muy difícil porque está absolutamente claras todas las irregularidades que llevaron a eso.  

-Si en su momento no se hubiesen parado todos los juicios, ¿cuánto debería pagar el Estado provincial? ¿Hay un cálculo estimado?

-No, no tengo los números, pero en su momento sólo por el juicio de Lobbe de Morón (Parque de Mayo), era prácticamente un presupuesto provincial, en esa fecha eran cerca -estamos hablando del 2009- cerca de 180 o 200 millones de pesos. Y si actualizás no te van a alcanzar los números.

El otro tema es que con no sólo se denunciaron estos hechos presuntamente ilícitos, sino que además éste fue una bisagra.

-Sí, cambiaron muchas cosas, se actualizó la ley de expropiaciones que era una ley muy vieja y se generaron a partir de ahí una serie de regulaciones que hicieron más cierto el proceso, no solamente de expropiación, sino de posesión, que eran las bases, porque el problema que tuvo Cuesta del Viento es que no se puede expropiar a quienes no son titular del dominio, y en este caso eran casi todos poseedores, por eso fue que se generó la interpretación de las demandas y su finalización, y ahí donde pudo aprovechar una carta este grupo de gente para producir esto.

Los acusados

Santiago Graffigna: presunto líder de la asociación ilícita.

Horacio Alday: exsocio de Graffigna, partícipe una asociación ilícita.

Carlos Macchi: exjuez del Quinto juzgado Civil, destituido dentro del proceso de investigación, también está implicado como miembro de una asociación ilícita.

Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos: peritos que actuaron para Graffigna.

Ana María Melvin: perito que se desempeñaba en Fiscalía de Estado y debía defender los intereses de la provincia.

Mario Díaz: exfiscal de Estado.

Néstor Adán Ruiz: exempleado de la Dirección de Recursos Energéticos.

Julio César Fernández, Pedro Bazzani, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera: exintegrantes del Tribunal de Tasaciones. Dentro de la lista de procesados figuraban el perito Joaquín Francisco Fernández, y la exjueza del Primer juzgado Civil, Rosalba Marún, pero ambos fallecieron.

Los delitos

Todos los procesados tienen similares calificaciones delictuales, aclarando que todos los delitos han sido calificados bajo las reglas de Concurso Real de Delitos del Código Penal, por lo que se suman las penas previstas para cada uno de los delitos y hechos delictuosos. Entre ellos están fraude contra la Administración Pública en función de Estafa, incumplimiento de los deberes de Funcionario Público, ocultamiento de pruebas, asociación ilícita con Graffigna como jefe y organizador y los demás como partícipes.

Qué se juega la Provincia

El Estado sanjuanino tiene muchos intereses, sobre todo económicos, que defender durante el debate que podría darse en el primer semestre del año próximo. Los 42 millones de pesos que pagó por ocho juicios y que busca recuperar mediante una presentación en el juzgado Contencioso-Administrativo pidiendo la declaración de nulidad por considerar que hubo una estafa procesal. Unos 6500 millones de pesos –estimados y siguiendo los parámetros de quienes reclamaban indemnizaciones- de un solo reclamo, el del Parque de Mayo caratulado Lobbe de Morón.

Los juicios que se pagaron

Ocho fueron los juicios que se pagaron hasta que empezó el reclamo de El Nuevo Diario y el programa La Ventana.

• Anes, Ramón –dos juicios-, 11,6 millones de pesos por terrenos expropiados para Cuesta del Viento

• Luna, Ricardo, 1,1 millón por terrenos para Cuesta del Viento

• Luna, Ricardo, 1,7 millones por terrenos para Cuesta del Viento

• Ruiz, Guillermo, 23 millones de pesos por una vereda de San Vicente de Paul

• Esquivel, Margarita, 2,5 millones por terrenos para Cuesta del Viento

• Suraty, Alberto, 1,2 millones de pesos por un terreno para el IPV

• Luna, Ricardo, 850 mil pesos por terrenos para Cuesta del Viento

Multas por dilatar

El Tribunal de la Sala I en lo Penal no solo fijó fecha de juicio, también impuso severas multas a tres abogados defensores por dilatar la causa. Estos mismos letrados que fueron sancionados por presentar escritos que solo contribuían a frenar la llegada a juicio, son los que planteaban en los medios que había transcurrido el tiempo razonable para el juzgamiento de los imputados, por lo tanto, debía archivarse.

Ellos son el defensor de Horacio Alday, Cayetano Dara, y los de Carlos Macchi, Guillermo Toranzo y Gustavo Idemi, quienes de quedar firme la resolución, deberían abonar una suma equivalente al momento del pago a dos salarios mínimos del Poder Judicial. Hoy esa cifra ronda los 300 mil pesos.