La Ley de Salud Mental sigue sin resolver los casos de pacientes sin control

De nuevo quedó en evidencia las pocas herramientas con que cuenta una familia para internar a un paciente psiquiátrico cuando está en riesgo su vida. Los cambios que impulsa el Gobierno Nacional.

Así como sucedió con el caso del músico Chano Moreno Charpentier hace unos meses, esta semana nuevamente se puso bajo la lupa la Ley de Salud Mental, a raíz del incendio originado en el departamento de Felipe Pettinato, que originó la muerte de una persona y producto del que el hijo del músico y conductor Roberto Pettinato, debió ser internado en una clínica psiquiátrica.

Y fue justamente Tamara Pettinato, hermana de Felipe, quien salió a reclamar públicamente expresando que “es algo que se podría haber evitado si la Ley de Salud Mental fuera de otra manera y los familiares de los enfermos psiquiátricos pudieran intervenir antes, no puede ser que haya que esperar algo así y recién ahí te ayudan”, en referencia que la norma exige el consentimiento de la persona enferma para lograr su internación.

“La ley actual dictamina que el médico puede decidir que no queda otra que internarlo cuando es un caso psiquiátrico o un paciente con adicciones y pasa algo de esta magnitud; si no, se respeta su voluntad, pero es un círculo vicioso que no funciona porque generalmente un paciente en estas condiciones no quiere que lo internen”, explicó Tamara en el programa “Y ahora quién podrá ayudarnos”, de Radio con Vos, del cual ella forma parte.

“Cuando yo tomo la decisión de internarlo, él me ve como una enemiga, no entiende que es por su bien. Es muy difícil, pero pasamos muchas veces por esto”, expresó Tamara y remarcó la desesperación y el desamparo de las familias que tienen enfermos psiquiátricos.

Asimismo, reveló que “terminamos siempre ayudándonos entre familias que pasan por lo mismo porque no sabés a quién recurrir, aunque sepas qué está pasando, incluso sepas qué se está por venir, porque es la octava vez que pasás por esto y no tenés a quien recurrir”. En ese sentido, también contó que estuvo en contacto con la madre del cantante Santiago Moreno Carpentier, más conocido como “Chano”, que ha atravesado “por un caso parecido”.

Qué dice la ley sobre las internaciones

La ley de Salud Mental, sancionada en 2010, puso énfasis en limitar la internación en manicomios, prohibiendo la creación de nuevos hospitales psiquiátricos, con la idea de transformarlos en hospitales polivalentes, y puso a la persona enferma como sujeto de derecho, en cuanto decidir de manera voluntaria su internación.

Para lograr la internación de manera involuntaria, un equipo interdisciplinario -integrado por áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes- debe evaluar a la persona y solicitar su internación.

Esta decisión debe notificarse obligatoriamente en un plazo de 10 horas al juez competente y al órgano de revisión, debiendo sumarse en 48 horas como máximo todas las constancias previstas en el artículo 20: a) Dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación. Se debe determinar la situación de riesgo cierto e inminente, con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona, uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra; b) Ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento; c) Informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera.

Con toda esta documentación, el juez en un plazo máximo de tres días corridos de notificado debe autorizar la internación, solicitar más documentación o denegar la internación.

Esta primera internación involuntaria tiene un plazo máximo de 30 días y si debe prolongarse y no se obtiene el consentimiento de la persona enferma, nuevamente hay que recurrir a la justicia.

Este es el principal escollo que encuentran las familias de personas enfermas para poder lograr la internación, ya que deben deambular entre organismos de salud y justicia civil, con la correspondiente asesoría de un abogado o abogada,  o esperar a que sucedan hechos que se encuadren en lo penal, como los sucedidos con Chano o Felipe, para que así el juez de este fuero ordene la inmediata  internación.

Para abordar la problemática en San Juan

En San Juan existen tres centros de salud públicos que tienen internación para patologías de Salud Mental: el Hospital Marcial Quiroga, el Giordano de Albardón y el Julieta Lanteri, que es el exHospital Mental Zonda y que fue recientemente inaugurado, pasando de ser monovalente a polivalente para cumplir con lo que pide la Ley de Salud Mental.

En total, las camas en internación son escasas, unas 30 aproximadamente, para cubrir una gran demanda.

A raíz de la conmoción que generó el caso de Felipe Pettinato y para abordar la problemática en San Juan, este viernes 27, a las 19, el Foro de Abogados de San Juan convocó a un conversatorio DDHH “Salud Mental”, organizado por el Instituto de Derechos Humanos de la institución.

Los disertantes serán el juez de Cámara Civil, Roberto Pagés; la jueza de Familia, Marianela López, y la directora del Hospital Lanteri, Laura Tamarit.

Quienes deseen participar, deben inscribirse a través del siguiente link: https://www.fasj.org.ar/wp/2022/05/23/conversatorio-ddhh/

ALFREDO VENTURINI, PSIQUIATRA, EXDIRECTOR DE SALUD MENTAL DE LA PROVINCIA

“La ley es más ideológica que técnica”

-¿Considera que la Ley de Salud Mental tiene vacíos legales?

-La ley tiene muchos aspectos positivos, sobre todo pone al enfermo como sujeto de derecho y no como objeto, pero en muchos aspectos es una ley más ideológica que técnica,  porque en algunos aspectos no se condice con la realidad. Es como si hubieran visto alguna película. También hay ciertos prejuicios hacia la palabra manicomio, está desvirtuada.

-¿Por qué?

– Por ejemplo en el Art. 12 sostiene que la medicación no se dará al paciente como castigo y en todos los años que tengo de profesión, jamás lo hice y no creo que algún profesional lo hiciera. Por otra parte, sostiene que las internaciones deben realizarse en hospitales generales y no hay ningún profesional de Urgencias formado para recibir estos casos. De hecho, el Hospital Rawson, que es un hospital modelo para mí, no tiene internación en psiquiatría. Cuando se comenzó a redactar esta ley, cinco provincias ya teníamos ley de Salud Mental y ninguna fue leída previamente. La ley de San Juan es una ley más técnica.

-¿Fueron consultados los sectores profesionales?

-Nos convocaron una vez y el autor de la ley nos confesó que no sabía que había leyes de Salud Mental provinciales y por lo tanto no las había leído. Advertimos los errores, pero no fueron tenidos en cuenta.

-¿Cuáles, por ejemplo?

-Se cambian los manicomios a hospitales polivalentes, sin embargo, oftalmología, cardiología o traumatología sí pueden tener centros monovalentes. Hay un cierto prejuicio hacia la salud mental, como también cierto desprestigio hacia la figura del psiquiatra como profesional de la salud y hacia los pacientes. Por otra parte, descabezaron un sistema sin haber creado todas las instancias intermedias que pide la ley. Además, la ley atribuye un 10% del presupuesto de Salud Pública a Salud Mental, y nunca se llegó a ese porcentaje en 11 años desde que se sancionó la ley.  Esta norma necesita una revisión.

ROBERTO PAGÉS, JUEZ

“Hay que trabajar en conjunto para adecuar la ley y formar a los equipos de salud”

-¿En casos de internación de pacientes psiquiátricos, qué ley se tiene en cuenta, provincial o nacional?

-La que otorgue más garantías. Nos tenemos que regir primero por la Constitucional Nacional, luego la Ley Nacional de Salud, el nuevo Código Civil y Comercial fue adaptada a ley nacional, y luego ver la Ley Provincial de Salud Mental.

-Muchas veces es difícil que personas con adicciones logren internarse voluntariamente, ¿cómo puede hacer la familia para lograr internaciones involuntarias?

-Hay dos vías: a través del juez civil o a través del juez penal. En lo Civil, el juez no ordena la internación sino que solicita la evaluación del paciente al equipo médico que determina o no la internación; en lo Penal, el juez ordena la internación de inmediato se la acción cometida se enmarca en un delito tipificado en el Código Penal.

-Las familias dicen que advierten que la persona está en peligro pero deambulan entre el sistema de salud y la justicia hasta que sucede un hecho grave, como en el caso de Pettinato.

-Para evitar eso, el Estado, a través de los tres poderes, tiene que trabajar en conjunto para solucionar los problemas de las personas, en este caso de accesibilidad al sistema de salud mental. Hay que trabajar en conjunto adecuar la ley y formar a los equipos de salud.

Presupuesto y cambios en la ley

Mientras a fines de abril pasado, el Gobierno nacional lanzó una estrategia de abordaje integral para que la salud mental se convierta en política de Estado en Argentina, con el aumento del 107% en el presupuesto, la diputada nacional por Juntos por el Cambio Carla Carrizo, mostró los datos de la inversión realizada en el área desde que fue sancionada la ley en el 2010.

Durante la presentación de la Estrategia Nacional de Salud Mental, el presidente de la Nación Alberto Fernández, acompañado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció  que “vamos a cuidar la salud mental desde la perspectiva de derechos, libre de violencias, y desde el respeto a las diversidades» y expresó que “a los 3.700 millones de pesos que el gobierno destinaba a salud mental, se sumaran 4 mil millones más. Se alcanzarán los 7.660 millones y, en efecto, se fortalecerá el presupuesto actual en Salud Mental que el Ministerio de Salud dispone en un 107 por ciento”.

Las acciones a realizar serán en varias direcciones: Por un lado, se buscará la puesta en marcha de dispositivos de cuidados de urgencia y guardias interdisciplinarias en los hospitales nacionales, por lo que será clave la formación de recursos humanos y profesionales capacitados en perspectiva de territorio; se creará una línea 0800 gratuita las 24 horas; se optimizará el funcionamiento de la telemedicina y programas de interconsulta; se ampliarán las residencias interdisciplinarias en salud mental en 12 jurisdicciones; se crearán cuatro diplomaturas en salud mental comunitaria en todo el país; se duplicarán los psicofármacos que se entregan a través de los botiquines del Plan Remediar.

También existen metas estructurales vinculadas a promover que los hospitales nacionales cumplan con la Ley de Salud Mental vigente; fomentar el trabajo comunitario en los barrios, es decir, crear un enfoque más humano para atender a la salud mental. Asimismo, revertir el estigma social de la salud mental, a partir de la capacitación de los trabajadores y las trabajadoras del Estado en el paradigma de la inclusión. También se promoverá, la promoción de una mejor atención de aquellas personas con consumos problemáticos.

Paralelamente a esta presentación, la diputada Carla Carrizo abrió en Twitter un hilo en el que mostró la inversión realizada en Salud Mental desde que se sancionó la ley, en la que queda claro que nunca se llegó al 10% del presupuesto que pide la norma.

“Cumplir con la ley: el 10% del presupuesto total de salud destinado a salud mental. Ninguno de los 9 presupuestos pasó el 3%, en 2022 es 1,47%” (sic)”, escribió Carrizo.

“Los datos los elaboramos sobre los presupuestos y chequeamos la información con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que tiene un área específica sobre el tema”, manifestó luego la diputada nacional.

La ONG Chequeados.com comprobó que la información es verdadera: Desde la sanción de la Ley de Salud Mental, en el país no se cumple con el mínimo presupuestario establecido. Desde 2012 el presupuesto destinado a salud mental nunca superó el 3%. Además, si bien el proyecto de Ley Nacional de Presupuesto 2022 no se aprobó, según los especialistas el porcentaje era del 1,48%. (Fuentes: Página 12 y Chequeados.com)