Los amigos de Graffigna empiezan a desconocerlo y dicen que los engañó

Ya declaró un amigo de toda la vida, Miguel Alberto Suraty, y dijo que le mintió. Se espera que Alberto Basañes, otro amigo de Graffigna declare algo similar.

Reconociendo que era amigo de Santiago Graffigna, el principal apuntado en la causa de las expropiaciones millonarias, Miguel Alberto Suraty sufrió una especie de quiebre al decir que su amigo “me mintió, me traicionó”.

Suraty fue quien compró derechos de un juicio de expropiación de un inmueble ubicado en Rawson, expropiación que llevó adelante el IPV para la construcción del Barrio Orzali.

Según la declaración de Suraty, firmó un papel -un poder- “por una transacción que si yo daba tanta plata iba a ganar tanta plata, cosa que no sucedió nunca y que yo tuve la necesidad de pedírsela otra vez porque vivimos de panadería y no nos sobra la plata”.

El enojo y la decepción de Suraty vienen como consecuencia de que “me engañó, se portó mal, me hizo hacer cosas que nunca me dijo que lo que eran, ni cómo sucedían, yo confié en él”. El fiscal Galvani preguntó a qué se refería con esas cosas, a lo que respondió “a hacerme firmar, negociar cosas que ni yo sabía; lo que estamos acá. Yo firmé algo es cierto, que después fue, que yo no sé en qué momento firmé otra cosa que era un poder, yo fui a firma una sola vea y firmé en confianza de él…”.

La declaración no quedó, ahí, también dijo que “yo firme, pero del poder ni me acordaba, pero yo fui una sola vez a firmar, firmé una hoja, pero nada más, él (Graffigna) estaba presente. Fui a firmar a la escribanía Lloveras”.

Suraty explicó a la fiscalía y al tribunal que “se trataba de que yo le tenía que dar cierto dinero (a Santiago Graffigna), si yo aceptaba e iba a obtener una ganancia. Pasó el tiempo, no obtenía ninguna ganancia, necesitaba mi familia el dinero y tenía que reponerlo y se lo pedí y no tuvo problemas, tardó, pero me lo dio”. Al ser preguntado sobre que se trataba el negocio por el cuál iba a obtener una ganancia, Suraty respondió que “era por una expropiación me dijo (Graffigna)”.

Una de las frases que dejó al descubierto el modus operandi de Santiago Graffigna fue cuando Suraty, quien fue amigo durante muchos años, manifestó que “después a los años me entero de que salgo en el diario, que está mi nombre y después me entero cuando me llaman al juzgado me entero de la situación de cómo había sido todo”.

El hecho de haber tomado estado público la causa y estar su nombre en todos los titulares periodísticos, contó que cuando fue a declarar en la etapa de instrucción, la supuesta defraudación a la Sociedad San Vicente de Paul ya había tomado estado público a lo que el testigo manifestó: que según recuerda si y que su apellido estaba en los medios. Situación que le generó vergüenza.

Luego también se le preguntó si tuvo problemas con terceras personas a raíz de esta causa y contestó: Tuve problemas con mi familia, porque mi casa es otra cosa, mi viejo es una persona muy correcta, entonces es complicado explicarle a alguien porqué sale uno en el diario, cuando trabaja todos los días.

Una jornada que despertaba interés

Durante la jornada del miércoles 22, en una nueva audiencia del juicio por las expropiaciones millonarias, hubo un careo pedido por la fiscalía la semana pasada. El careo fue entre el escribano Julio Lloveras y Miguel Alberto Suraty.

Las diferencias que llevaron al fiscal Daniel Galvani a pedir dicho enfrentamiento entre ambos y a lo cual el tribunal hizo lugar, tuvo su origen en la declaración del pasado miércoles de Suraty, cuando manifestó que había firmado un papel en la escribanía Lloveras y que solo estaba presente Santiago Graffigna. Suraty sostuvo sus dichos en el careo y no surgieron datos importantes.

El nombre de Suraty, amigo de Graffigna, aparece cuando compra derechos de un terreno expropiado en Rawson para la construcción del Barrio Orzali. El inmueble era propiedad de San Vicente de Paul. Suraty compró el 65 por ciento del juicio como una inversión ofrecida por Graffigna, según declaró.

En su declaración dijo que Graffigna lo había engañado, lo había estafado, que tuvo problemas con su familia cuando el nombre apareció en los medios.

La dama vicentina no fue

Una testimonial que despertaba mucho interés era la de la expresidenta de la Sociedad San Vicente de Paul, Carmen Arévalo de Del Bono. Pese a que había confirmado que iba, finalmente por cuestiones de salud no se hizo presente.

El interés radicaba en saber detalles de los juicios de expropiaciones de la famosa vereda de San José Y Matías Zavalla, por la cual se pagó 23 millones de pesos. Otro juicio tiene que ver con el inmueble donde se construyó el Barrio Orzali. Además, también se le iba a consultar por la devolución de dinero que hizo Graffigna, quien era abogado de las damas vicentinas, y que contó con una cláusula de confidencialidad.

Lo que viene

Luego de los ocurrido con la declaración de Miguel Alberto Suraty, fiscalía espera que venga una etapa de quiebre en varios actores que deben declarar. Uno de ellos es Alberto Basañes, también amigo de Graffigna, que prestó su nombre para otro negocio interesante, pero que no tenía idea de que iba a terminar en un expediente judicial.

En etapa de instrucción Basañes se vio sorprendido por el camino que habían tomado los hechos e incluso manifestó que no tenía nada que ver, que nunca imaginó a lo que se podía enfrentar. Basañes pagó, según la denuncia en su contra, entre $1.000 y $2.000 por los derechos expropiatorios de una vereda de un terreno ubicado en Brasil y Patricias Sanjuaninas. El dueño original era José Prividera, quien cedió esos derechos a Basañes, bajo el asesoramiento de Santiago Graffigna. Prividera había iniciado acciones preliminares, y luego sorpresivamente vendió a Basañes. Luego, Basañes y Graffigna presentaron una expropiación inversa por un reclamo de fondos de la expropiación original realizada en 1950 –muy parecido a “Ruiz, Guillermo”- y terminaron obteniendo un fallo favorable de la misma jueza de Suraty: Rosalba Marún de Sobelvio, quien sentenció pagar $8 millones, que sumados a honorarios recalaron en $10 millones. No se alcanzó a pagar porque lo frenó la cautelar penal.