“Alto riesgo”: Economía sin política

Argentina, en los últimos 20 años, transitó un camino de fuertes intervenciones políticas, con un manejo de la economía al ritmo de los procesos electorales que, desde la reforma constitucional de 1994, tiene una frecuencia de dos años como máximo. Este divorcio entre economía y política, y la ausencia de un plan de mediano a largo plazo, nos encuentra con niveles de inflación al tope mundial, pobreza superior al 50% y la indigencia cerca del 10%. La peor situación socioeconómica del país en toda su historia.

A finales de 2023, ese proceso encontró su corolario. Javier Milei, con un discurso disruptivo, anti política y una propuesta de extremo liberal, no sólo gana las elecciones, sino que plantea reformas estructurales profundas que no solo reconfiguran la economía, sino redefine un modelo de país. El paquete de ley “Bases”, hace referencia a los escritos de Alberdi, que fueron los cimientos sobre los que se redactó la carta magna en 1859.

A cinco meses del nuevo gobierno, se pueden apreciar algunos resultados del cambio de rumbo. Uno de los primeros logros, fue disciplinar el tipo de cambio, haciendo confluir todos los dólares en torno de los $1.000. La inflación, después de la fuerte devaluación de diciembre pasado, comienza a desacelerarse y este mes volvemos a un dígito de tasa. El FMI, en su revisión integral, felicitó a la Argentina, por “sobre cumplir” las metas fiscales en el primer trimestre del año. Una macroeconomía que muestra indicadores en franca mejora y que los mercados celebran con subas de bonos y acciones.

Sin embargo, en lo que hace a la microeconomía, el primer impacto ha sido recesivo. La baja en el comercio, la industria y construcción entre otros sectores, registran tasas solo comparables con la pandemia del COVID 19. Con caídas superiores al 20%, resulta imposible que el salario alcance a la inflación y los niveles de empleo empiezan a encender alarmas, con porcentajes que se acercan a los dos dígitos.

La administración central necesita nuevos marcos normativos para desarrollar su plan. Restructurar el Estado, privatizaciones, modificar el sistema impositivo, promover grandes inversiones, flexibilizar el mercado laboral, reformar el sistema previsional, entre otros temas de la agenda, exigen un marco legal que pueda sostener los cambios. Los decretos de necesidad y urgencia son herramientas precarias que están a merced de la justicia y no garantizan continuidad de las políticas al gobierno, y mucho menos a inversores y el ecosistema emprendedor.

La magnitud de los cambios propuestos, así como la ausencia de gestión política, han paralizado la producción normativa y con ello, el despegue de la economía. Sumado a esto, la grieta entre los que apoyan y quienes se resisten crece cada día y las posiciones se radicalizan. Hoy más que nunca, la economía le pide una mano a la política para contar con los instrumentos válidos y sostenibles (las leyes). ¿Podrán darse una mano o nuevamente tendremos un divorcio que nos ha costado muy caro?