U$S 40 millones cobraron, y si no
se paraba, iban por U$S 400 millones

Después de 12 años de instrucción, la causa que evitó el vaciamiento de las arcas provinciales empezará a ventilarse. Los imputados, los delitos que se endilgan, kilos de papel en pruebas. La hora de la verdad está cerca.

A solo nueve días de cumplirse doce años de la denuncia formulada por el exsecretario General de la Gobernación, Walter Rogelio Lima, dará inicio el juicio de la llamada megacausa por las expropiaciones millonarias.

La Sala I de la Cámara Penal, integrada por Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia y Matías Parrón, fijó el 19 de octubre como fecha para iniciar el debate donde se debatirá la responsabilidad que tuvieron 14 de los 16 imputados, dos fallecieron en el transcurso de la investigación.

La causa que en algún momento fue la causa del millón de amigos, llamada así por las excusaciones de magistrados que argumentaban no poder actuar por tener amistad con alguno de los imputados, buscará echar luz sobre el armado de una asociación ilícita para inflar juicios expropiatorios y que el Estado pague montos millonarios. Una investigación preliminar primero, un sumario administrativo después y la instrucción de la causa penal, finalmente concluyeron que el abogado demandante era siempre el mismo, que hubo supuesta connivencia de abogados de Fiscalía de Estado que debían defender los intereses de la provincia, jueces que accedían a los pedidos de la demanda, un Tribunal de Tasaciones que cambiaba reglas para valuar inmuebles, entre otras supuestas anormalidades.

La provincia, a través de su estudio jurídico que es Fiscalía de Estado más el abogado externo contratado especialmente para este caso, Rubén Pontoriero, buscan demostrar que lo pagado en su momento -42 millones de pesos cuando el dólar estaba entre $1 y $2,70- era solo el 10 por ciento del plan total, que según Pontoriero, era quedarse con alrededor de 400 millones de dólares.

Si se sacan cuentas, solo por la expropiación del Parque de Mayo, la provincia debería haber pagado el equivalente al presupuesto de un año. Por una vereda pagó 23 millones de pesos y por un terreno de 400 metros pagó 10 millones de dólares.

Otro de los aspecto a probar es la participación que tuvo la justicia en la concreción de estos planes a través de dos magistrados, una fallecida -Rosalba Marún- y el otro destituido -Carlos Macchi-.

El abultado expediente de la megacausa expropiaciones, en el cual se investigan responsabilidades de exjueces, peritos y abogados particulares y de Fiscalía de Estado, tiene números llamativos. Los 42 cuerpos de la denuncia que contienen 8.400 fojas, más los 7 cuerpos de los incidentes planteados, serán analizados en una reunión que se llevará a cabo en los próximos días donde se empezará a evaluar la prueba presentada por los imputados para ir descartando la que no sea necesaria. La decisión será tomada por el tribunal que tendrá a su cargo el juicio.

De los tres magistrados, solo uno es juez natural, es decir que corresponde la Sala donde ingresó para juicio -Sala I-. Se trata de Martín Heredia Zaldo. Los dos restantes fueron designados por sorteo para integrar el tribunal dado el número de recusaciones y excusaciones.

En el camino, un magistrado fue destituido y otra se jubiló para evitar el jury. El destituido fue Carlos Macchi, del Quinto juzgado Civil; mientras que la magistrada que anticipó su salida fue Rosalba Marún, del Primer juzgado Civil.

Lugar y horario

El horario de las audiencias quedó establecido que será por la tarde para evitar que los jueces del tribunal retrasen trabajo, más teniendo en cuenta que dos de ellos no son naturales de la Sala que juzgará.

En cuanto al lugar, primero se daba por hecho que el espacio físico a utilizar sería el Concejo Deliberante de la Capital, que ya fue usado para el jury contra Carlos Macchi. Sin embargo, apareció la posibilidad de usar otro espacio físico, el Club Sirio Libanés, donde ya se desarrolló el jury contra el destituido juez de Jáchal, Javier Alonso.

Historia

En 2008, en el programa La Ventana, Juan Carlos Bataller entrevistó al exabogado de Fiscalía de Estado, Norberto Baistrocchi -ya fallecido- sobre datos que apuntaban a un supuesto negocio de expropiaciones de un abogado y la mala defensa que hacía el Estado. Tras la entrevista, el entonces jefe de asesores del exgobernador José Luis Gioja, Guillermo de Sanctis, pidió que se iniciara una investigación interna en Fiscalía de Estado, que derivó en un sumario y la cesantía de Baistrocchi, que manejaba las causas, y una sanción para el entonces jefe del área Inmuebles, Mario Carelli.

El 28 de octubre de 2010, el exsecretario general de la Gobernación, Walter Lima, interpuso denuncia en la Fiscalía de Instrucción N° 3, a cargo de Carlos Eduardo Rodríguez, y la investigación recayó en el Quinto Juzgado de Instrucción. En diciembre de ese mismo año, el exfiscal de Estado, Mario Díaz, presentó una ampliación de denuncia. En enero de 2011, Mario Díaz renunciaba al cargo de Fiscal de Estado.

Los acusados

Santiago Graffigna: como el presunto líder de la asociación ilícita

Horacio Alday: exsocio de Graffigna, partícipe una asociación ilícita

Carlos Macchi: exjuez del Quinto juzgado Civil, destituido dentro del proceso de investigación, también está implicado como miembro de una asociación ilícita

Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos: son los peritos que actuaron para Graffigna

Ana María Melvin: perito que se desempeñaba en Fiscalía de Estado y debía defender los intereses de la provincia

Mario Díaz: exfiscal de Estado

Néstor Adán Ruiz: exempleado de la Dirección de Recursos Energéticos

Julio César Fernández, Pedro Bazzani, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera: ex integrantes del Tribunal de Tasaciones

Dentro de la lista de procesados figuraban el perito Joaquín Francisco Fernández, y la exjueza del Primer juzgado Civil, Rosalba Marún, pero ambos fallecieron.

Los delitos

Todos los procesados tienen similares calificaciones delictuales, aclarando que todos los delitos han sido calificados bajo las reglas de Concurso Real de Delitos del Código Penal, por lo que se suman las penas previstas para cada uno de los delitos y hechos delictuosos.

• Fraude contra la Administración Pública en función de Estafa, por hechos consumados y otros en grado de tentativa.

• Incumplimiento de los deberes de Funcionario Público. 

• Ocultamiento de pruebas.

• Asociación Ilícita, con Graffigna como jefe y organizador y los demás como partícipes.

Qué se juega la provincia

El Estado sanjuanino tiene muchos intereses, sobre todo económicos, que defender durante el debate que podría darse en el primer semestre del año próximo.

• 42 millones de pesos que pagó por ocho juicios y que busca recuperar mediante una presentación en el juzgado Contencioso-Administrativo pidiendo la declaración de nulidad por considerar que hubo una estafa procesal.

• 6.500 millones de pesos –estimados y siguiendo los parámetros de quienes reclamaban indemnizaciones- de un solo reclamo, el del Parque de Mayo caratulado Lobbe de Morón.

• Un monto no calculado que no piensa pagar en concepto de indemnizaciones por daños que debería enfrentar en el caso de que la sentencia en la parte penal sea adversa.

Los juicios que se pagaron

Ocho fueron los juicios que se pagaron hasta que empezó el reclamo de El Nuevo Diario y el programa La Ventana.

• Anes, Ramón –dos juicios-, 11,6 millones de pesos por terrenos expropiados para Cuesta del Viento

• Luna, Ricardo, 1,1 millón por terrenos para Cuesta del Viento

• Luna, Ricardo, 1,7 millones por terrenos para Cuesta del Viento

• Ruiz, Guillermo, 23 millones de pesos por una vereda de San Vicente de Paul

• Esquivel, Margarita, 2,5 millones por terrenos para Cuesta del Viento

• Suraty, Alberto, 1,2 millones de pesos por un terreno para el IPV

• Luna, Ricardo, 850 mil pesos por terrenos para Cuesta del Viento

Multas por dilatar

El tribunal de la Sala I en lo Penal no solo fijó fecha de juicio, también impuso severas multas a tres abogados defensores por dilatar la causa. Estos mismos letrados que fueron sancionados por presentar escritos que solo contribuían a frenar la llegada a juicio, son los que planteaban en los medios que había transcurrido el tiempo razonable para el juzgamiento de los imputados, por lo tanto, debía archivarse.

Los abogados sancionados son el defensor de Horacio Alday, Cayetano Dara, y los de Carlos Macchi, Guillermo Toranzo y Gustavo Idemi, quienes de quedar firme la resolución, deberían abonar una suma equivalente al momento del pago a dos salarios mínimos del Poder Judicial. Hoy esa cifra ronda los 300 mil pesos.

RUBÉN PONTORIERO – ABOGADO EXTERNO CAUSA EXPROPIACIONES

“El desfalco fue por 40 millones de dólares, la tentativa diez veces más”

-¿Está seguro que el juicio por las expropiaciones se inicia el 19 de octubre?

-Es la fecha tentativa, hay que llegar, ver qué puede ocurrir con el paso del tiempo hasta que inicie el debate y todo dependerá de las presentaciones que puedan hacer las defensas.  

-Sin querer de ir en desmedro del derecho de defensa, ¿no está agotada ya la instancia de presentaciones?

-Está agotado, lo que no se puede prohibir es que las presentaciones se hagan y que se resuelvan. No puede ser eterno, en un momento dado irán decantando las situaciones procesales que se hagan, lo que no se puede es prohibir porque el derecho de defensa es inviolable, aunque las presentaciones sean inoficiosas a impertinentes, pueden presentarse.

-¿Qué pretende la provincia demostrar en esta causa?

-Todas y cada una de las imputaciones que están contenidas en el auto de elevación a juicio.  

-¿Cuál es el grado de participación de cada uno?

-Santiago Graffigna llega como jefe de la asociación ilícita, donde el grado de participación de cada uno es distinta. Algunos han participado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, otros habrán participado con falsedad documental, otros con ocultamiento de pruebas, pero en definitiva todos contribuyeron para defraudar el fisco en un área de confabulación, cada uno por su parte, a la conformación de esta asociación ilícita.

-¿De qué monto estamos hablando respecto a lo que se quiso defraudar al fisco y en cuánto se lo defraudó?

-En términos de dólares, podemos hablar de 40 millones de dólares que fue el desfalco, la tentativa hay que multiplicarla por diez.

-¿Casi un presupuesto provincial?

-Sí, en ese momento lo que era Parque de Mayo era un presupuesto provincial, más o menos lo que necesita la provincia para vivir un año. Que me demuestren con el sistema que sea, hoy un lote de 400 o 500 metros a plata dura puede estar en el orden de los 10 millones de dólares. Eso fue lo que pagó efectivamente la provincia, en el año 2006 pagó 25 millones de pesos. En ese año el dólar estaba entre 2,60 o 2,70.

-Si la prueba está, porque es prueba documental, no hay que salir a buscarla, ¿por qué el proceso lleva doce años?

-La causa penal comenzó en el 2010, con una denuncia del exsecretario General de la Gobernación, Walter Lima, pero la génesis la produce el periodismo por el año 2008, se generó de afuera hacia adentro, a través de varios programas de La Ventana y varias portadas de El Nuevo Diario, que están ofrecidas como pruebas, situaciones que se dieron en esas entrevistas fue lo que generó el run run dentro del gobierno de la provincia, eso se trasladó a las más altas esferas, llámese gobernador y asesores letrados, y se ordenó la investigación.

-¿Es correcto que un juez se inhiba de actuar porque fue compañero de clases, tomó un café o jugó un partido de fútbol con alguno de los imputados?

-Eso ha sido con lo que hemos tenido que luchar. A mí no me preocupa la actuación de los abogados, el problema es que fallaron los que estaban llamados a controlar y evitar que esto suceda y eso es grosero, impactó en la línea de flotación del Poder Judicial y mucha gente no se animó a juzgarlos. Los que se decidieron fueron pocos y muchos se inhibieron por todas estas situaciones planteadas y produjeron este tipo de demoras.