• 11 de septiembre de 2026

Todos quieren un cargo en la Justicia

Todos quieren un cargo en la Justicia
12.293 personas se anotaron en el Concurso de aspirantes para entrar al Poder Judicial

Para el imaginario sanjuanino, entrar a trabajar en el Poder Judicial significa una solución económica de por vida.

Una prueba de ello es que el 4 de septiembre venció el plazo de inscripción al Concurso de Aspirantes del Poder Judicial de San Juan, con una cifra final que impacta: 12.293 postulantes. Del total, 11.518 postulantes corresponden a la Primera Circunscripción Judicial (Capital y alrededores), mientras que 775 se anotaron para la Segunda Circunscripción, que abarca Jáchal e Iglesia. La cifra representa un salto del 34% respecto de los 9.956 inscriptos que había tenido el último concurso, en 2022.

Hace unos treinta años, los abogados de trayectoria preferían sus estudios jurídicos antes que un sueldo seguro. Con muchos menos abogados en la matrícula, era más redituable el ejercicio libre de la profesión.

El aumento de la matrícula hizo que “la calle” esté más difícil y muchos abogados piensen en la Justicia “para salvarse”.

Profesionales del Derecho de gran prestigio y con mucha clientela dejaron sus estudios jurídicos y optaron por un trabajo de funcionario judicial que les permite un retiro con el 82% de la jubilación.

Cabe destacar que los ingresos no son masivos, sino que dependen de las vacantes que se vayan generando. Quien aprueba el concurso pasa a un listado de orden de mérito, y es la Corte de Justicia la que después va llamando de acuerdo a esas vacantes.

Hay que aclarar también que la Corte tiene facultades discrecionales para nombrar personal, y que la Justicia es el único poder del Estado que exige concurso para el ingreso. El personal de maestranza, en cambio, entra sin concurso, porque la Corte no está obligada legalmente a cubrir esos cargos por esa vía. Y la experiencia demuestra que una vez ingresados buena parte de ellos asciende rápidamente de categoría. En ese sector se advierte la existencia de apellidos que se repiten o parentescos que se reconocen.

Y que no todos entran por concurso es evidente. Entraron muchos más que los postulantes que había en el listado del Poder Judicial. Incluso, entre los que entraron sin estar en el listado, se comenta en los pasillos de Tribunales que entre los jefes de ese poder tienen cupos para asignar los cargos.

Hasta ahora permanece como un secreto blindado saber cuánto gana, por ejemplo, un cortista o los estamentos más altos de la justicia. Algunas voces generalmente bien informadas dicen que “no sorprendería decir que un ministro cobra tres o cuatro veces más que un ministro del Poder Ejecutivo”.

El secreto es tan grande que hasta el sindicato dice no saber sobre esos montos. No obstante, la gran cantidad de postulantes es por si mismo una demostración del interés en entrar a la Justicia.  «En primer lugar, se atribuye a la falta de trabajo formal«, explica Sebastián López, secretario general del sindicato Unión Judicial San Juan.

Según el gremialista, la avalancha de postulantes no responde a que el ingreso a Tribunales sea sinónimo de un sueldo alto. «Tampoco es la salvación ingresar al Poder Judicial«, advierte, y aclara que en el sindicato pelean justamente por una recomposición salarial que hoy no existe.

 Por el lado de quienes están entre los litigantes, afirman que el abogado liberal no tiene vacaciones pagas mientras que de base en el Palacio de Justicia empiezan con un mes de vacaciones, pero un porcentaje alto llega a tener 45 días de receso. Además, si bien tener secretaria es un lujo que pocos pueden tener, entre alquiler de un estudio jurídico y los servicios esenciales -luz, agua, gas e impuestos del estudio más monotributo y obra social, sumado a Internet y adherirse a algún servicio jurídico- los costos de trabajar como abogado superan el millón y medio de pesos al mes.

Con los datos que aporta el propio gremio, un empleado recién ingresado como auxiliar —el cargo más bajo del escalafón— cobra alrededor de un millón de pesos por mes, con todos los adicionales incluidos.

El crecimiento salarial, a partir de ahí, se da fundamentalmente por antigüedad: un jefe de despacho con 28 años en la carrera está cerca de los 4 millones de pesos. Un secretario de primera instancia, ya en la escala de los funcionarios, percibe unos 5 millones. Y en la cúpula, los sueldos de magistrados y funcionarios de mayor rango superan los 10 millones de pesos, aunque se calculan con ítems y adicionales exclusivos, distintos a los del resto de la planta.

Un detalle no menor es determinar cuánto se paga en concepto de viáticos, una variante muy lucrativa a determinado nivel.

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Desde hace años no se publican los sueldos de los trabajadores del poder judicial. Desde la Unión Judicial de San Juan señalan que tampoco se transparentan adecuadamente otras medidas internas —como las acordadas de ascensos—, lo que alimenta el reclamo de mayor apertura institucional.

El adicional por antigüedad tiene una particularidad que genera fricción dentro del propio Poder Judicial: una nueva reglamentación general estableció una escala creciente según los años de servicio, que para quienes superan los 20 años puede llegar de un 2% a un 5% por año. Sin embargo, los empleados judiciales quedaron afuera de esa mejora, y siguen cobrando el 2% fijo.

  • Desde 2024, se paga un plus por título universitario, incluso para carreras no inherentes al derecho, que representa entre un 5% y un 6% del sueldo.
  • También se reconocen los títulos terciarios, tanto inherentes como no inherentes a la actividad judicial.
  • Se ha incluido un adicional por conectividad, de $54.000 fijos, pensado para compensar el uso de celulares y notebooks que son patrimonio personal de los trabajadores pero que utilizan para tareas del Poder Judicial; ese ítem todavía está en proceso de implementación y se espera que empiece a pagarse el mes próximo.
  • El plus por conocimientos de informática, en tanto, se mide con un examen concreto: una prueba de velocidad de tipeo y otro módulo de ortografía.
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Uno de los mitos más repetidos sobre la Justicia, según López, es el de la jubilación de privilegio. «Los trabajadores dentro del escalafón administrativo se jubilan con el SIPA», el régimen general de la ANSES, que arranca en un 43% del sueldo para quienes completan los 30 años de aportes.

El 82% móvil, en cambio, corresponde únicamente a magistrados y funcionarios, bajo el régimen especial de la Ley 24.018. «Eso sirve para desmitificar que todos los trabajadores tienen ese privilegio», remarca. La edad jubilatoria es de 65 años para los varones y 60 para las mujeres, y en San Juan toda la ex caja provincial de jubilaciones pasó a depender de la ANSES.

El proceso de este año exigió cinco instancias eliminatorias, entre ellas un curso virtual de nueve módulos y una entrevista personal, un formato considerablemente más exigente que en convocatorias anteriores. La exigencia que se bajó es el de velocidad de escritura, se pasó de 140 palabras correctas en 4 minutos a 100 palabras.

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El Poder Judicial de San Juan cuenta actualmente con 2.080 trabajadores en su planta de personal.

Esta nómina de agentes incluye tanto a magistrados (jueces, fiscales, defensores oficiales) como a los empleados de los escalafones administrativos, técnicos, obreros y de maestranza. El número se mantiene estable en torno a esa cifra, habiéndose registrado una nómina muy similar de 2.062 agentes a fines del año pasado.

De acuerdo con los datos extraoficiales y las filtraciones del sector recopiladas por medios como Telesol o Tiempo de San Juan la brecha entre los diferentes niveles de la jerarquía judicial de San Juan está bien marcada.

La comparación de los ingresos mensuales estimados para la magistratura y los funcionarios letrados es la siguiente:

  • Ministros de la Corte (Cortistas): Entre $15.000.000 y $16.000.000.
  • Camaristas (Segunda Instancia): Entre $12.000.000 y $13.000.000.
  • Jueces de Primera Instancia: Entre $7.000.000 y $8.000.000 (por ejemplo, en los fueros de Familia o Civil).
  • Secretarios de Primera Instancia: Entre $5.000.000 y $6.000.000.

Al igual que ocurre con los ministros, los montos definitivos de los jueces y secretarios sufren modificaciones sustanciales de acuerdo con los años que sumen por el adicional de antigüedad (que empieza a correr desde que obtienen su título de abogado).

A estos montos hay que sumar lo que se conoce como viáticos.

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La estructura del Poder Judicial de San Juan se organiza internamente en agrupamientos jerárquicos determinados por la Corte de Justicia de San Juan. Comprende una pirámide de 27 categorías salariales y de funciones, divididas en tres grandes agrupamientos:

1. Agrupamiento de Personal de Magistratura y Funcionarios

Corresponde a los cargos más altos, de carácter letrado o de conducción institucional:

  • Altas Jerarquías: Ministros de la Corte de Justicia, Fiscal General y Defensor General.
  • Magistrados: Jueces de Cámara, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz Letrado.
  • Funcionarios Letrados: Secretarios de la Corte, Secretarios de Cámara, Secretarios de Primera Instancia y Secretarios de Paz Letrado.

2. Agrupamiento Administrativo y Técnico

Es el escalafón encargado de la tramitación de expedientes, atención al público y soporte profesional. El ascenso se realiza de manera escalonada en categorías que incluyen:

  • Cargos Jefes: Jefe de Despacho, Oficial Mayor y Oficial Principal.
  • Cargos Operativos: Oficial Técnico, Escribiente Mayor, Escribiente y Auxiliar Administrativo.

3. Agrupamiento Obrero, Maestranza y Servicios

Incluye al personal dedicado al mantenimiento físico, seguridad interna, limpieza y logística de los edificios judiciales. Sus categorías principales son:

  • Encargados: Mayordomos e Intendentes de edificio.
  • Personal Técnico y Operativo: Auxiliares de servicio, Choferes, Ayudantes y Ordenanzas.
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La carrera judicial se rige bajo evaluaciones periódicas. En julio de 2026, mediante la Acordada 63/2026, la Corte dispuso una de las reestructuraciones internas más grandes al promover simultáneamente a 182 agentes para cubrir vacantes producidas por jubilaciones o reorganizaciones de fueros. Las promociones automáticas o por concurso evalúan los antecedentes, la antigüedad y el desempeño de cada empleado en su puesto.