Escribe: Juan Carlos Bataller Plana

La decisión del Gobierno nacional de discontinuar los aportes obligatorios a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) no es un simple ajuste presupuestario: redefine de manera profunda el esquema institucional de uno de los sectores más identitarios del país. La medida, oficializada mediante la Resolución 55/2026, también establece el cierre del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI) y abre una pregunta incómoda que la dirigencia del sector lleva años esquivando: ¿qué falló?

El ministro Federico Sturzenegger fue contundente en su cuenta de X. El PEVI prometía posicionar a la Argentina entre las industrias vitivinícolas más destacadas del mundo, alcanzar exportaciones por USD 2.000 millones anuales y capturar el 10% del volumen del comercio mundial de vinos para el año 2020. La realidad, veintidós años después, es otra: las exportaciones nunca llegaron a esa marca, la participación argentina en el mercado global se mantiene por debajo del 2,5% y, entre 2004 y 2025, el sector recibió USD 300 millones de fondos públicos —que pagamos todos— para financiar resultados que nunca llegaron.

Pero el diagnóstico no viene solo desde el gobierno nacional. Esta misma semana, en La Nación, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, fue llamativamente directo para un funcionario provincial al hablar de su propio sector: "Hay oportunidades todos los días. Muchos quieren que su problema se lo resuelva el Estado. Esto lo vemos bastante en la vitivinicultura. Es momento de entender el proceso y adaptarse a los cambios". Y remató con una frase que sonará provocadora en más de una bodega: "Métanse en la cereza, en el pistacho, en las pasturas; tengan vacas".

No es cinismo. Es la señal de que algo estructural se está moviendo.

El mundo económico está cambiando a una velocidad que hace obsoletos los planes a veinte años antes de que se impriman. La irrupción de la inteligencia artificial, la transformación de los hábitos de consumo —especialmente entre las generaciones más jóvenes, que beben menos vino y buscan otras experiencias—, y la reconfiguración de los mercados globales obligan a replantear qué es rentable, qué es viable y qué merece el respaldo colectivo. Argentina no es una isla en ese proceso. Y en esas nuevas reglas, el Estado retira subsidios que alguna vez se creyeron soluciones permanentes.

San Juan, en ese contexto, se debe un debate que todavía no tuvo. Un debate honesto, sin corporativismos, sin la defensa sectorial de lo que siempre fue.

Porque hay una realidad que duele mirar de frente: un productor con cinco o diez hectáreas, rindes bajos, riego a manto, agua de pozo, sin energía solar, sin espalda financiera para una buena poda ni para fertilizantes, que ve cómo cada cosecha rinde menos que la anterior, tiene pocas chances reales de sobrevivir en este escenario. Y lo más triste es que muchas de esas fincas —ubicadas en algunas de las mejores tierras de la provincia— terminan sus días como loteos residenciales.

La tierra que alguna vez dio uva, da casas. Y no necesariamente porque alguien lo haya elegido libremente.

La solución no pasa por un Estado que subsidie indefinidamente ni es deseable una agricultura de productores al límite del quebranto. Pero tampoco alcanza con decirles que se pasen al pistacho.

La minería será, sin dudas, el gran motor económico de San Juan en las próximas décadas. Pero la minería no teje el entramado social que sostiene a comunidades enteras. No mantiene vivos los pueblos chicos. La vitivinicultura, con todos sus problemas, hace eso. Y perderla —o dejarla morir por omisión— tiene un costo que ningún balance fiscal va a registrar.

El problema, muchas veces, es que quienes tienen voz en este debate terminan defendiendo su propia quintita.

Y cuando eso pasa, el horizonte desaparece.

Vino

El vino y el futuro que no llegó