Escribe Alfredo Nardi*

En los últimos meses se ha vuelto cada vez más frecuente un reclamo silencioso pero masivo: usuarios que descubren en sus cuentas bancarias descuentos que no reconocen. Pequeños montos, muchas veces repetidos, que pasan desapercibidos… hasta que alguien los advierte. ¿Qué hacer en estos casos y qué dice la ley?

Desde el derecho del consumidor, la respuesta es contundente: ningún cargo puede aplicarse sin el consentimiento expreso del usuario. Así lo establece la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240), que protege el derecho a una información clara, veraz y detallada. Los llamados “débitos automáticos” deben estar previamente autorizados, y el banco tiene la obligación de identificar con precisión el origen de cada descuento.

Muchas veces estos cargos corresponden a servicios que el usuario nunca contrató directamente: suscripciones digitales, seguros, asistencias o membresías que se “activan” mediante terceros. En otros casos, se trata de errores o prácticas abusivas que rozan lo ilegal.

El primer paso es desconocer el cargo ante el banco, que debe dar una respuesta en plazos breves. Si no lo hace, o la solución no es satisfactoria, el usuario puede acudir a Defensa del Consumidor e incluso iniciar acciones judiciales. En estos casos, la jurisprudencia ha sido clara: se ordena la devolución del dinero, intereses y, en ocasiones, daño punitivo.

Pero el problema es más profundo. Existe una clara asimetría de información entre el banco y el cliente. Contratos extensos, términos poco claros y la digitalización de servicios generan un terreno fértil para abusos.

Por eso, el control ciudadano es clave. Revisar los movimientos bancarios ya no es una opción, es una necesidad. Y ante cualquier duda, reclamar.

Porque en materia de consumo, el silencio no es consentimiento. Y cada peso que se descuenta sin autorización, es un derecho que se vulnera.

*Abogado especialista en Derecho de Salud

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“Débitos invisibles: cuando el banco te cobra sin avisar”