Escribe Juan Carlos Bataller Plana

En abril se define gran parte del futuro de la minería en el país.

Es muy posible que el próximo 8 de abril se vote en la Cámara de Diputados de la Nación la media sanción de las modificaciones a la actual Ley de Glaciares.

Y según se especula en los pasillos del Congreso, el Gobierno junto a las provincias mineras tienen los votos necesarios para modificar la normativa actual.

El tema es que, más allá de poder conseguir una herramienta normativa clave para la actividad e incluso para el desarrollo económico de provincias mineras, se volvió a instalar en el país la pelea entre ambientalistas y los lugares donde se desarrolla la megaminería.

La pelea no es nueva. Lleva más de 20 años.

Y en esa pelea, San Juan fue gran protagonista porque si bien hay proyectos mineros en diferentes lugares del país, quienes están en contra de la extracción de minerales tomaron como enemigo principal a Barrick y el proyecto Veladero.

Incluso Vaca Muerta, con fuerte implicancia en el medio ambiente, no es un problema para los protectores de la ecología.

En la gestión de Néstor Kirchner, no se discutía la actividad. El entonces presidente venía de una provincia petrolera y minera y defendió las inversiones millonarias de las empresas multinacionales. En un país quebrado, ese dinero trajo alivio y benefició a lugares como San Juan que crecieron rápido. En la provincia, José Luis Gioja fue la cara estatal en la defensa de la actividad, lo que le valió años más tarde, tener una provincia con mayor desarrollo que su vecinos pero perdió sus chances de jugar nacionalmente.

Durante la gestión de Cristina Fernández, empezaron a tener más cabida en los temas sensibles del país quienes siempre habían estado enrolado en el progresismo o la izquierda. Y para ese sector, Barrick Gold era el enemigo perfecto.

En 2003 fue electo diputado nacional Miguel Bonasso. Periodista, militante de Montoneros, perseguido por la Triple A, el gobierno de Estela Martínez de Perón y los militares, exiliado en México, escritor, era un referente del progresismo porteño. Y como legislador consiguió presidir una comisión que en ese entonces no era tan disputada, la de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. En su primer mandato, su cruzada fue contra la deforestación.

Reelecto, en 2008 presentó una ley con criterios estrictos de protección, incluía tanto glaciares como ambiente periglacial y prohibía actividades como la minería en esas zonas.

Cristina Fernández de Kirchner vetó por completo la ley ya que era imposible cualquier actividad industrial en toda zona cordillerana.

En 2009 asumió como diputado nacional el cineasta Fernando Pino Solanas. Condecorado director de cine, logró presidir una comisión muy alejada de sus saberes, la de Energía y Combustibles. Y pasó a tener gran protagonismo mediático en las denuncias contra la minería.

A fines de 2010, Bonasso, Solanas y otros legisladores lograron aprobar una nueva ley de Glaciares. La presión social hizo que las provincias mineras optaran por consensuar una ley que permitiera la actividad y Cristina Fernández promulgó la normativa que rige hasta la actualidad.

Con la llegada de Javier Milei, esperaban que llegaran inversiones extranjeras atraídos por el primer gobierno libertario del mundo. La cuestión es que por motivos propios del país y por una compleja trama internacional, no llegaron en forma masiva tan ansiadas inversiones.

Y esa necesidad de dinero hizo que se buscara en la minería a los posibles inversores. Creyeron que, con el RIGI, les permitiría una estabilidad fiscal que garantizaría la llegada de ese capital. No alcanzó, las mineras buscan también la seguridad jurídica.

Y esa seguridad jurídica pasa por hacer cambios en la Ley de Glaciares.

Con la ley actual hay incertidumbres de lo que podría interpretarse como ambiente periglacial, que son las zonas que se forma hielo, cercanas a los glaciares. Y como las cuestiones ambientales son de carácter federal, un juez nacional con sede en otra provincia podría paralizar un proyecto minero.

Si se deja a las provincias la facultad de definir los glaciares a proteger, en provincias promineras como San Juan, habría garantía jurídica para las mineras.

El Gobierno de Milei alineó a su tropa y, junto a los votos de los representantes de las provincias mineras, plantearon los cambios necesarios.

En el Senado, la estrategia política tuvo éxito. Cuando los ambientalistas quisieron reaccionar, ya había salido la media sanción de la Cámara Alta.

Cuando llegó a Diputados, quienes se oponen a la minería estaban listos para presentar batalla. Y la estrategia fue clara desde un principio, como no tienen los votos para oponerse a la ley, buscan el impacto mediático.

La primera victoria la consiguieron en las comisiones de trabajo de los diputados. En el Senado obviaron el requisito de audiencias públicas pero, por la presión de legisladores peronistas, la habilitaron en la Cámara Baja.

Y los ambientalistas vieron la posibilidad de volver a tener un protagonismo que habían perdido en los últimos años. Lograron el récord de 106 mil peticiones de participar en las audiencias públicas. Eso no se logra en forma espontánea.

Es más, la gran mayoría de esos pedidos no tiene que ver con cuestiones científicas o técnicas, lo que prima en esos pedidos son motivos ideológicos.

Al mismo tiempo, empezaron las movilizaciones y se reactivaron los grupos ambientalistas que ven en estas luchas un buen motivo para que les aumente los aportantes que solventan sus peleas.

Y están los oportunistas de la política como los que quieren un plebiscito nacional vinculante en todo el país sobre la actividad minera. Cuando quizás lo más lógico sería en las propias provincias mineras teniendo en cuenta que son las dueñas de los minerales de su territorio.

Hay un tema, la minería representa grandes sumas de dinero. Y es una gran puja entre las empresas multinacionales que buscan la mayor rentabilidad en los emprendimientos y quienes ven la chance de obtener una parte de ese movimiento de capitales. Una muestra es el intendente riojano que levantó esta semana a los habitantes de su pueblo para que cortaran el camino buscando soluciones laborales con la empresa Vicuña.

Las empresas pueden cubrirse en lo legal con los cambios en la Ley de Glaciares pero necesitan también el visto bueno de las comunidades donde desarrollarán la actividad.

Lo que está claro es que no parece que se termine el conflicto con la sanción de los cambios en la Ley de Glaciares.

Se volvió a abrir la Caja de Pandora, en donde se mezclan cuestiones de ideología, oportunismo político y mucho dinero en juego.

Recursos Naturales

Política y economía sobre hielo fino. El costo de flexibilizar la Ley de Glaciares