Escribe Julio Conte-Grand*

Las estadísticas institucionales, elaboradas en base a registros y sistemas específicos, dan cuenta de una perspectiva especial de recolección y procesamiento de los datos que genera. Ello debe estar orientado a fortalecer la gestión de las organizaciones y afianzar el camino de cumplimiento de sus objetivos.

En este sentido, para lograr una justicia que se orden prioritariamente a garantizar la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, custodiando los bienes y la vida de las personas, con eje en las personas en situación de vulnerabilidad, se requiere producir información estadística judicial centrada en las personas.

Desde una perspectiva sociológica, saber quiénes son, sin perjuicio de su anonimato, las personas en vínculo con el sistema de justicia, redundará no sólo en insumo para la planificación de políticas públicas, sino también para la toma de decisiones adecuadas en relación al servicio de justicia.

Construir información consistente sobre estas trayectorias, permite a las organizaciones judiciales diseñar políticas acordes a las necesidades de los ciudadanos y colaborar con el cumplimiento de sus objetivos institucionales, genéricamente, la materialización de la tutela judicial efectiva, el cumplimiento del debido proceso, la asistencia a las víctimas, el respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones, y la protección de la democracia y el sistema republicano.

Desde una perspectiva sociológica, saber quiénes son, sin perjuicio de su anonimato, las personas en vínculo con el sistema de justicia, redundará no sólo en insumo para la planificación de políticas públicas, sino también para la toma de decisiones adecuadas en relación al servicio de justicia.

Este enfoque busca poder dar cuenta de la complejidad social que atraviesa a las organizaciones en la prestación del servicio de justicia y una mejor comprensión de los procesos judiciales en todos sus fueros e instancias. Aunar esfuerzos y colaborar con el trabajo de los agentes judiciales que se encuentran en los distintos espacios territoriales para fortalecer la actividad y su eficiencia, reduciendo el trabajo duplicado y fragmentado en relación con las personas que transitan por el sistema judicial.

A diferencia de una perspectiva propia del ámbito negocial, en el campo de la función pública, el desafío es atender a la necesidad de la persona, que en su trayectoria por el sistema judicial pueda ser considerada con una perspectiva integral para que el servicio que se brinde redunde en un beneficio real para ella, y consecuentemente, para la ciudadanía y en definitiva para la sociedad toda.

Por supuesto, el proceso de construcción de estadísticas centradas en las personas debe garantizar la protección de la privacidad, reconocido como un derecho fundamental a nivel global. En esta era en donde existe una recopilación y almacenamiento generalizado de información personal por parte del Estado y entidades privadas, como censos, identificación, huellas, fotografías, la necesidad de crear protocolos para su tratamiento resulta indispensable y es un debate abierto respecto de cómo debe ser. En este sentido, con marcos claros y concisos es posible hacer un uso y análisis estadístico centrado en las personas y garantizar el cuidado y respeto por la protección de datos personales.

En la era de la Big Data y los datos masivos, los desafíos que enfrentan las estadísticas del sector público adquieren características singulares, de máxima sensibilidad y trascendencia.

La calidad en el dato estadístico es un asunto central a nivel internacional que se basa en el consenso de la pertinencia, exactitud y disponibilidad. Ya en 1994, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales y si bien el concepto tradicional de calidad fue cambiando y se modificó su amplitud, se enfocó en siete criterios: relevancia, exactitud, oportunidad y puntualidad, accesibilidad y claridad, comparabilidad, coherencia y completitud, y la satisfacción de las expectativas de los diferentes tipos de usuarios.

En relación a la estadística y al trabajo en el sector público, es útil tener como referencia a “las 7 V”, mención que alude a las características deseables de los datos: su variedad, velocidad, volumen, variabilidad, veracidad, visualización y valor.

Es primordial poner el énfasis en la cuestión de la veracidad. Si bien se reconoce de manera generalizada el valor de los datos masivos, estos son prácticamente inútiles si su información no es exacta. Los datos, más allá de las fuentes de las que provengan, tienen una naturaleza desordenada y con defectos, errores y exceso de ruido. Por ello, para garantizar su veracidad es necesario dedicar estrategias y tareas para la producción de un conjunto de datos exactos antes de que puedan ser analizados y sortear la restricción de no brindar información a la ciudadanía por no poseer la calidad adecuada o la debida consistencia, entre otros problemas que supone la falta de exactitud.

La calidad en el dato estadístico es un asunto central a nivel internacional que se basa en el consenso de la pertinencia, exactitud y disponibilidad.

Corresponde resolver además quiénes gestionan, analizan e interpretan los datos. Lejos de suponer que los datos masivos reemplazan a las personas, ellas deben ser actores importantes en este entorno. Dado que el valor del Big Data reside en la capacidad de analizar y generar información útil y de calidad para la toma de decisiones, los procesos automáticos deben ser acompañados y supervisados por perfiles profesionales idóneos y rigurosos que disminuyan errores intrínsecos del proceso de obtención y sistematización de los datos. A su vez, que aborden el trabajo cotidiano con inteligencia emocional, capacidad de la cual la inteligencia artificial carece, tanto en el desempeño de las tareas rutinarias, como en la proyección y creatividad para la concreción de los objetivos institucionales de promover cambios culturales que rehumanicen los procesos y fortalezcan las instituciones con las personas en su centro.

Por otra parte, debe entenderse que en el sector público la estadística representa un bien público estratégico. En este sentido, el desafío es utilizar las nuevas herramientas, aprovechar su potencialidad sin perder la capacidad de observar, analizar y explicar con consistencia y credibilidad, previniendo múltiples factores de invalidez, orientando el modo de corregirlos y realizando comprobaciones de coherencia con otras fuentes. Para garantizar los principios éticos elementales del sector público, y puntualmente de la justicia, las los responsables de las organizaciones deben poder trabajar con datos accesibles y transparentes que hagan posible la identificación de errores para su corrección. Recibir a tiempo los datos, enriquecerlos, detectar omisiones, verificarlos, entre otras tareas, otorgan cierta garantía de calidad y robustez de la información, y, en última instancia, cooperan en definitiva con la conformación de cuerpos estadísticos centrados en las personas.

*Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

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Necesitamos estadísticas centradas en las personas