Escribe: Alfredo Nardi*

En Argentina hablamos mucho del derecho a la salud, pero pocas veces miramos una herramienta clave que lo hace efectivo en la práctica: la Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.

Estas reglas, adoptadas en el ámbito iberoamericano, parten de una idea simple pero potente: no todos llegan a la justicia en igualdad de condiciones. Hay personas —por su edad, discapacidad, situación económica o estado de salud— que necesitan un trato diferenciado para que sus derechos sean realmente protegidos.

En materia de salud, esto cobra una importancia decisiva. Pensemos en adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes con enfermedades graves. Para ellos, iniciar un reclamo judicial no es solo un trámite: es, muchas veces, una carrera contra el tiempo. Allí es donde las Reglas de Brasilia obligan a jueces, obras sociales y al propio Estado a actuar con mayor sensibilidad y urgencia.

Esto se traduce en medidas concretas: procesos más rápidos, flexibilización de formalidades, lenguaje claro en las resoluciones y, sobre todo, prioridad en la resolución de casos donde esté en juego la vida o la integridad de una persona.

En nuestra provincia y en todo el país, estas reglas son un respaldo fundamental para acciones como los amparos de salud. Permiten exigir respuestas inmediatas cuando una prepaga o una obra social niega una prestación médica esencial. No se trata de privilegios, sino de equilibrar una situación desigual.

La salud no puede esperar. Y la justicia tampoco debería hacerlo cuando quien reclama está en situación de vulnerabilidad.

Aplicar la Convención de Brasilia no es un acto formal: es garantizar que el derecho a la salud deje de ser una promesa y se convierta en una realidad efectiva para quienes más lo necesitan.

*Abogado especialista en Derecho de Salud

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Cuando la salud también es acceso a la justicia