80 bebés nacieron en San Juan en contextos críticos en solo tres meses

Una nota de Claudio Leiva

En los últimos tres meses, en San Juan se han detectado 80 casos de bebés nacidos en contextos familiares atravesados por el consumo problemático de drogas, según datos oficiales de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. El dato, que surge de las derivaciones realizadas por el sistema de salud provincial, revela una realidad preocupante: el 90% de los casos corresponde a madres con consumo activo de sustancias, principalmente cocaína, lo que coloca a los recién nacidos en una situación de vulnerabilidad extrema desde el primer día de vida.

De ese total, 10 bebés —el 12%— debieron ser ingresados en dispositivos residenciales de cuidado, una medida excepcional prevista por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta decisión se adopta cuando se agotan todas las instancias para garantizar la permanencia del niño en su núcleo familiar y se verifica que el entorno no ofrece condiciones mínimas de seguridad y bienestar.

Un fenómeno que interpela a todo el sistema de protección

La directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Raquel Trincado, explica que estas situaciones se detectan en los hospitales, donde se realizan análisis a los recién nacidos y se confirma la presencia de sustancias en su organismo. “Cuando el hospital advierte el consumo de la madre y el riesgo para el bebé, intervienen nuestros equipos técnicos. Se trabaja con la madre, el padre y la red familiar, pero si no hay nadie que pueda garantizar el cuidado, el niño ingresa a una residencia”, señala.

Este procedimiento no es automático ni sencillo. Antes de disponer el ingreso a un dispositivo residencial, los equipos evalúan todas las alternativas: fortalecimiento familiar, acompañamiento técnico, búsqueda de referentes afectivos. Solo cuando estas opciones fracasan se aplica la medida excepcional. “Es una decisión que implica asumir la responsabilidad total sobre el niño, como si fuéramos sus padres”, subraya Trincado.

La violencia no son sólo los golpes

La problemática del consumo se inscribe en un marco más amplio: la vulneración de derechos. Desde la Dirección se insiste en que toda vulneración constituye una forma de violencia, aunque no se presente bajo las manifestaciones más visibles como el maltrato físico. La negligencia, el abandono, la falta de cuidados básicos son también expresiones de violencia que afectan el desarrollo integral del niño.

En este sentido, cuantificar los casos de violencia implica hablar de la totalidad de intervenciones que realiza el organismo. Solo en noviembre, por ejemplo, se recibieron 106 oficios judiciales derivados de las unidades fiscales CAVIG y ANIVI, que investigan hechos de violencia intrafamiliar y abuso sexual. A ello se suman las denuncias canalizadas por la Línea 102, las derivaciones del sistema de salud, del Ministerio de Educación y la demanda espontánea de personas que se acercan a la Dirección para pedir ayuda.

El 90% de los casos corresponde a madres con consumo activo principalmente de cocaína, lo que coloca a los recién nacidos en una situación de vulnerabilidad extrema desde el primer día de vida.

Un incremento sostenido que crece año a año

El incremento sostenido de ingresos a residencias es otro indicador de la complejidad creciente. En 2023 se registraron 166 niños en dispositivos residenciales; en 2024 fueron 180; y en lo que va de 2025 ya son 208, lo que representa un aumento del 15% respecto al año anterior. Actualmente, la provincia cuenta con 20 residencias distribuidas en el Gran San Juan y departamentos cercanos, además del emblemático Nazario Benavides. Allí, los niños reciben alimentación, vestimenta, escolarización y atención médica, además de actividades recreativas y deportivas.

Cada residencia funciona como un hogar alternativo. “Nosotros asumimos el rol parental. Garantizamos todo: comida, ropa, educación, salud. Incluso organizamos traslados a las escuelas, actividades físicas, participación en colonias de verano. Es un trabajo integral”, detalla la directora. El objetivo es que la permanencia sea transitoria, hasta lograr la revinculación con la familia o con un referente afectivo. Cuando esto no es posible, se avanza hacia la declaración de adoptabilidad, en articulación con el Poder Judicial.

El desafío de la prevención y la detección temprana

Más allá de las cifras, el organismo prefiere poner el foco en la necesidad de fortalecer la detección temprana y la articulación interinstitucional. Cada caso que llega a la Dirección implica una historia atravesada por múltiples factores: pobreza, consumo problemático, violencia, falta de redes de apoyo. “No hablamos solo de números. Hablamos de vidas que requieren respuestas oportunas y coordinadas”, enfatiza Trincado.

La estrategia incluye trabajo conjunto con hospitales, escuelas, fiscalías y organizaciones sociales. También se apuesta a la sensibilización comunitaria, para que cualquier persona que detecte una situación de riesgo pueda comunicarla a través de la Línea 102 o acercarse a la Dirección. “La demanda espontánea es clave. Muchas veces permite intervenir antes de que el daño sea irreversible”, agrega la funcionaria.

Un llamado a la responsabilidad colectiva

El dato de los 80 bebés nacidos en hogares atravesados por el consumo de drogas en solo tres meses es más que una estadística: es una alerta que interpela a toda la sociedad. Cada uno de esos niños necesita cuidados, afecto y oportunidades para crecer en un entorno seguro. Garantizarlo no es solo tarea del Estado, sino un compromiso colectivo.

Mientras tanto, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia continúa trabajando con equipos técnicos especializados, que día a día enfrentan realidades complejas y toman decisiones difíciles para proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Porque detrás de cada número hay un bebé, una historia y un futuro que merece ser cuidado.

RAQUEL TRINCADO, DIRECTORA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

“Cada bebé que nace en riesgo nos obliga a actuar con firmeza y humanidad”

En San Juan, 80 bebés nacieron en los últimos tres meses en hogares atravesados por el consumo de drogas. Son recién nacidos que llegan al mundo con sustancias en su organismo y sin un entorno seguro. Este dato no es solo una cifra: detrás hay vidas que requieren respuestas urgentes.

Desde la Dirección trabajamos bajo la Ley 26.061, que nos permite tomar medidas excepcionales cuando se han agotado todas las instancias para revertir la vulneración de derechos. Ingresar a un bebé en una residencia es el último recurso, cuando no hay nadie en la red familiar que pueda cuidarlo. Hoy tenemos 208 niños en residencias, un número que crece año tras año.

El consumo problemático no es solo un tema de salud: arrastra pobreza, violencia y falta de redes. Por eso insistimos en la detección temprana y en la articulación entre hospitales, escuelas y comunidad. La protección de la infancia no puede ser solo responsabilidad del Estado. Es un compromiso social. Cada bebé que nace en riesgo nos recuerda que garantizar derechos es una tarea diaria que nos involucra a todos.

PATRICIA SIRERA, ASESORA OFICIAL DE MENORES

“La violencia contra la niñez adopta muchas formas y todas dejan huella”

Cuando hablamos de violencia infantil, no podemos reducirla solo al castigo físico. La violencia es un concepto amplio que incluye el abuso sexual, el maltrato emocional y la negligencia, como no llevar a un niño al médico o incumplir su vacunación. Estas omisiones también vulneran derechos y pueden tener consecuencias graves, incluso fatales.

En mi experiencia, la violencia deja marcas que acompañan toda la vida. Nadie sale indemne de la niñez cuando ha sufrido agresiones o descuidos. Hoy contamos con más mecanismos de protección y denuncia, y la sociedad está más comprometida, pero los casos siguen existiendo. Las fugas del hogar, los niños extraviados, el abandono, son señales de entornos inseguros que requieren intervención inmediata.

La ley nos ampara para actuar. Cualquier persona que detecte un niño en riesgo puede solicitar protección, y en casos de abuso sexual, la denuncia es obligatoria para todos. No basta con que los médicos informen: la responsabilidad es colectiva. Las unidades fiscales CAVIG y ANIVI reciben estas denuncias, pero también es clave la articulación con la Dirección de Niñez, que lleva adelante la mayoría de las intervenciones.

Hoy se visibiliza más, se denuncia más, y eso es positivo. Pero la violencia por omisión sigue siendo una preocupación enorme. Cada vez que un niño no recibe atención médica, cada vez que se incumple un tratamiento, estamos frente a una forma de violencia. Proteger a la infancia no es solo reaccionar ante los golpes: es garantizar cuidados, afecto y derechos todos los días.

INFORME DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL

Uno de cada tres niños argentinos recibe castigos físicos

Un informe del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral revela cifras alarmantes sobre prácticas violentas en la crianza. Uno de cada tres niños en el país recibe castigos físicos como método de corrección, y más del 50% sufre agresiones verbales. Solo el 30,6% es disciplinado con métodos no violentos, como explicaciones o redirección de conducta.

El estudio, basado en la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS 2019-2020) y datos actualizados de la Oficina de Violencia Doméstica, indica que el 35,4% de los niños entre 1 y 14 años fue sometido a castigos físicos, mientras que el 6,6% padeció castigos severos, como golpes con objetos o palizas. Además, casi nueve de cada diez víctimas de violencia tienen vínculo familiar con el agresor, y seis de cada diez sufren agresiones diarias o semanales.

Aunque el Código Civil prohíbe desde 2015 todo tipo de castigo corporal, el informe advierte que la violencia contra la infancia sigue siendo un problema estructural, con consecuencias graves para la salud mental y el desarrollo emocional. El grupo más afectado son los niños de 6 a 10 años, y la violencia psicológica supera el 90% de los casos.

Los especialistas reclaman políticas públicas más efectivas y campañas educativas que promuevan entornos seguros y respetuosos. La reciente Ley Lucio Dupuy, que obliga a denunciar el maltrato infantil, fue un avance, pero la persistencia de estas prácticas muestra que la protección integral de la niñez sigue siendo una deuda pendiente para la sociedad argentina.

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