Un fallo de una jueza de Nueva York ordeno entregar el 51% de las acciones a un fondo buitre y en primer plano aparece la familia dueña del Banco San Juan

Una nota del prestigioso periodista Carlos Pagni en el centenario diario La Nación titulada “Los Eskenazi en YPF: el Aleph de la corrupción”, desnuda los entretelones del fallo de la jueza Loreta Preska de Nueva York que conmocionaron a la Argentina esta semana.

Dice Pagni que “este caso demuestra que no estamos ante la evidencia sistemática y reiterada de distintos episodios de corrupción, sino que hay un sistema que produce, como si fuese una usina, este tipo de miserias. Para que ocurran, deben coordinarse funcionarios, empresarios y Poder Judicial. Una mezcla de malicia e incompetencia deliberada, donde uno no termina de discernir si lo que hay es gente extraordinariamente astuta, o demasiado tonta, por las consecuencias costosas de sus actos. YFP permite ver, como ningún otro caso en la era kirchnerista, este fenómeno”.

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La jueza Loretta Preska es la que está resolviendo este caso en Nueva York. Allí el fondo Burford reclama una indemnización por la estatización de YPF dispuesta por Cristina Kirchner. Burford compró el 70% de los derechos a reclamar de la familia Eskenazi. Preska decidió satisfacerlo ordenando al Gobierno que le entregue las acciones de YPF en poder del Estado, que son el 51% del paquete de la compañía. Es decir: Preska decidió una reprivatización de facto. No solamente ella quiere resarcir al fondo Burford. Además, con las mismas acciones, decide compensar el reclamo de unos acreedores financieros que nada tienen que ver con este caso.

“Aquí estoy con Enrique Eskenazi, nuestro nuevo socio, un experto en mercados regulados”, dijo Antonio Brufau, presidente de Repsol

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Según el relato de Pagni, “esta historia nace de una obsesión de Néstor Kirchner. Antes de llegar al poder, y más aún cuando lo consiguió, quería tener una empresa energética estatal. Para ello el entonces presidente tenía que hablar con un español de Repsol, que manejaba YPF desde Madrid. No fue la única fantasía. La siguiente fue comprar YPF. Se habló incluso con gente del banco Morgan Stanley. Pretendía pagar con la misma renta de YPF. Mientras desarrollaba aquel sueño, había una política de acoso a Repsol que llevaba adelante Kirchner, cuyo ejecutor material solía ser Guillermo Moreno.

Así comenzaron las tratativas para encontrar cuál sería el grupo empresario argentino que se quedaría con esa parte de YPF. De esas negociaciones participó Brufau, Miguel Sebastián, que era el principal asesor de La Moncloa, y Trinidad Jiménez, encargada de asuntos latinoamericanos de la Cancillería española. Todos ellos, en diálogo con Julio De Vido, ministro y mano derecha de Kirchner en materia de infraestructura y energía. Llegan a identificar a algunos empresarios argentinos que podrían ser los que contrajeran nupcias con Repsol para entrar en YPF. Cuando De Vido le lleva a Néstor Kirchner esos nombres, Kirchner ordena: “No, el que se va a quedar con la parte argentina es Enrique Eskenazi y Sebastián, su hijo, dueños del Banco de Santa Cruz”. (y del Banco San Juan)

*Antonio Brufau, CEO de Repsol, y Enrique Eskenazi, de Grupo Petersen, al finalizar la compra de acciones de YPF en mayo de 2011*

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“Allí se advierte que lo que era la fantasía de una argentinización de una parte de YPF, en realidad era una “kirchnerización”. Kirchner ya les había hecho crear a los Eskenazi una sociedad energética. Esa familia que nunca había pisado el campo de la energía si no que venía de la construcción. Enrique Eskenazi había sido gerente general de la empresa Petersen, Thiele & Cruz, que —las vueltas de la historia— en su trayectoria tiene haber creado la sede central de YPF sobre Diagonal Norte. Dicen que en los años 80, en medio de la gran crisis de la construcción, Eskenazi, como gerente general, fue llevando la compañía a una situación prácticamente de quiebra y él mismo la compra, traicionando a sus dueños”, dice la nota del diario La Nación.

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Después los Eskenazi compraron el Banco de Santa Cruz. Ahí empezó el encuentro y la intimidad con los Kirchner. A tal punto que, cuando Néstor y Cristina tuvieron una causa por enriquecimiento ilícito en el juzgado de Norberto Oyarbide, para justificar su enriquecimiento, explicaron que la familia Eskenazi era dueña del Banco de Santa Cruz, y les daba una renta que era excepcional hasta para el mercado internacional. “Eran tan generosos los Eskenazi que, gracias a la tasa de interés que pagaban por los depósitos a la familia Kirchner, el matrimonio podía justificar una fortuna extraordinaria”.

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Repsol terminó de entregar a la familia Eskenazi el 25% de las acciones de YPF en dos etapas. Y ese ingreso es saludado, en una presentación pública, por Antonio Brufau, el presidente de Repsol, con una frase que hizo historia: “Aquí estoy con Enrique Eskenazi, nuestro nuevo socio, un experto en mercados regulados”. ¿Cómo pagaron los Eskenazi ese 25%? Se les concedió que pudieran ir pagando esos activos sin poner plata, con los dividendos que cobraban en la misma YPF. Incluso, durante su entrada en el verano de 2008, ya se había postergado una distribución de dividendos en YPF para que ellos pudieran cobrarlos aun cuando todavía no formaban parte de la compañía.

No solamente ingresan los Eskenazi con el 25% de la empresa —primero fue un 15%—, sino que Repsol les entrega el control cotidiano de la compañía. Sebastián Eskenazi pasa a ser el gerente general del CEO: se convierte en amo y señor de YPF.

“Mire doctora Preska, examine bien cómo entraron los Eskenazi, porque usted le está reconociendo un derecho a Burford derivado de los Eskenazi, que entraron a YPF como una especie de testaferros del presidente Kirchner, o al menos de manera muy opaca”.

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La muerte de Néstor Kirchner en 2010 fue un hecho sumamente relevante. Su fallecimiento no solo importó desde el punto de vista político sino también de este submundo de negocios. Daba la impresión de que Kirchner controlaba todo esto de manera muy personal, casi secreta.

Se podría escribir un libro sobre los efectos de la muerte de Kirchner en este sistema. Boudou se queda con Ciccone, Massa con una liga de intendentes que debían limitar a Daniel Scioli, Stiuso se queda con toda la operación judicial y los Eskenazi se quedan con YPF, dándole la espalda a los propios Kirchner. Hubo una especie de Big Bang al cual probablemente Cristina Kirchner sea parcialmente ajena. Ella sin dudas tenía conocimiento de los movimientos de Lázaro Báez, de Cristóbal López, y poco más. Y los Eskenazi empiezan a hacer su vida.

*La ex presidenta y vicepresidenta Cristina Kirchner junto al empresario Enrique Eskenazi*

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Otra fecha clave. Poco más de un año después de la muerte de Néstor Kirchner, el 27 de diciembre de 2011, hubo un encuentro entre Cristina Kirchner y Sebastián Eskenazi, en la que se rompió el vínculo. Ahí empezó a ponerse en funcionamiento la idea de la estatización. Hay quienes creen, sin embargo, que no tuvo que ver con la ruptura de compromisos secretos entre los Kirchner y los Eskenazi, sino que estuvo la ambición de los Kirchner desde el Estado para quedarse con la formación Vaca Muerta, que por entonces empezaba a mostrar todo su potencial.

Lo cierto es que existió una reunión en Punta del Este de la familia Eskenazi con asesores, muchos de ellos gente muy protagónica en la época de Menem. Los Eskenazi deciden no avisarle a los españoles que ya no tenían relación con Cristina Kirchner. No les advierten de la ruptura, con lo cual los españoles ni se enteran de que hay en marcha —o se enteran muy tarde— un proceso de estatización.

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“Ese proceso lo llevan adelante dos personas centralmente: Carlos Zannini, como secretario Legal y Técnico y Axel Kicillof, que fue al Congreso y durante horas defendió la estatización. Entre los argumentos que hoy circulan por la red dijo: “Para estatizar no vamos a ser tan tontos de respetar las pautas que están establecidas en el estatuto de la empresa. Vamos a ignorar las reglas, o los procedimientos, que fija el estatuto de la empresa para esta estatización”. Una idea muy audaz, porque el gobierno argentino puede ignorarlos, pero en la jurisdicción neoyorquina, que es donde se dirimen estos conflictos, la jueza no los ignora. Ahora el Estado argentino tiene que pagar US$16.000 millones por esta picardía.

“Se estatiza el 51% de la empresa. Repsol cobra y renuncia, con ese cobro, a cualquier otro reclamo. Los Eskenazi se quedan con el derecho a reclamar por algo que poseían sin haber puesto una moneda, y reclaman como empresa española, Petersen Energía”.

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Se estatiza el 51% de la empresa. Repsol cobra y renuncia, con ese cobro, a cualquier otro reclamo. Los Eskenazi se quedan con el derecho a reclamar por algo que poseían sin haber puesto una moneda, y reclaman como empresa española, Petersen Energía. Es una sociedad española cuyos accionistas son personajes bastante misteriosos de una sociedad australiana. Esos derechos los venden al fondo Burford, que es un fondo que compra litigios para hacer una fortuna con la diferencia entre lo que está comprando cuando el juicio todavía no empezó y el final del juicio, que ellos suponen con probabilidades de éxito.

En este contexto se va Cristina del gobierno, llega Macri y se hace cargo de la defensa del Estado argentino de manera muy contundente Bernardo Saravia Frías, que fue procurador del Tesoro con Macri. Es clave el cargo: es el jefe de los abogados del Estado, es decir, quien se encarga de la defensa de los intereses del Estado en los tribunales.

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Saravia lleva adelante dos estrategias. La primera es mirar cómo es que Burford adquiere sus derechos en España.

Descubren que, según la legislación europea, está prohibido que alguien adquiera derechos de un litigio para hacer plata, para montar una especulación financiera sobre eso. Si tengo derecho a US$15 millones, cobro esa cifra, no puedo comprar los derechos para especular con esos derechos.

En segundo lugar, si vendo los derechos de un juicio, antes tengo que ofrecerle al deudor el mismo acuerdo. Es decir, si yo, Petersen Energía, los Eskenazi, le vendo a Burford, como le vendieron, por 15 millones de euros, sus derechos para reclamar frente al Estado argentino, antes tendrían que haber hablado con el Estado argentino y decirle: “Si ustedes me dan 15 millones de euros, yo no hago reclamo alguno”.

Para evitar esto, quedaron asociados al fondo y vendiendo a Burford sólo una parte: 70% lo tiene Burford y 30% los Eskenazi. Por eso los Eskenazi tienen derecho a cobrar el 30% del éxito o fracaso del juicio. Van a cobrar ese porcentaje de lo que finalmente la jueza asigne o pague. Hoy son US$16.000 millones; de ese 30% tendrán que pagar los gastos de la quiebra o los gastos del concurso, que son básicamente honorarios profesionales, nada importante. Es decir, que los Eskenazi, que entraron de la mano de Néstor a YPF, van a hacer una fortuna.

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Esa era la primera estrategia que seguía Saravia en el gobierno de Macri para defender al Estado argentino frente al reclamo de Burford: reclamar en España por la violación de la ley española. La segunda era decir: “Mire doctora Preska, examine bien cómo entraron los Eskenazi, porque usted se va a dar cuenta de que le está reconociendo un derecho a Burford derivado de los Eskenazi, que tienen ese derecho por un origen corrupto de su activo”. Porque entraron a YPF como una especie de testaferros del presidente Kirchner, o al menos de manera muy opaca.

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Durante el gobierno de Alberto Fernandez, el encargado de defender los intereses de YPF pasa a ser Carlos Zannini. ¿A qué se dedicó Zannini entre la presidencia de Cristina, donde era secretario Legal y Técnico, y la presidencia de Alberto, donde fue procurador del Tesoro? A ser director, por la provincia de Santa Cruz, del banco de los Eskenazi. O sea, convivía con los Eskenazi sin ningún tipo de conflicto. Raro todo, ¿no? Habría que aclararles que tal vez -no corresponde opinar ni prejuzgar a nadie, ni ofender a nadie- los Eskenazi están dispuestos hasta a pagar ese tipo de servicio que prestó Zannini.

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¿Por qué todo es tan raro? Porque, durante la presidencia de Macri, en paralelo a toda esta historia, aparece la famosa causa Cuadernos, que la hace estallar Diego Cabot en el diario LA NACION. En esta causa, entre la infinidad de gente que declara, aparece Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner. Hernán Cappiello, periodista de LA NACION, que es experto en materias judiciales, publicó una nota en la que informó que Manzanares acusó al banquero Eskenazi de ocultar dinero de los Kirchner. En esa crónica, que reproduce las declaraciones del contador de los Kirchner delante del fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, cuenta que el banquero Sebastián Eskenazi, hijo del accionista de YPF y dueño del Banco de Santa Cruz, recibió el dinero negro que manejaba Daniel Muñoz -el secretario privado de Néstor, al que le descubrieron US$70 millones ahorrados, con departamentos inclusive en el Plaza Hotel de Nueva York-. Víctor Manzanares estimó que lo invertido -parece una ironía- en la Argentina fue alrededor de 130 o 150 millones de dólares.

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En aquella publicación, Cappiello consigna que Manzanares dice que Muñoz acumulaba la plata y, en determinado momento, decidieron traer todo a Buenos Aires por tierra, con camiones, con camionetas, no sabemos cómo, y que esa fortuna se escondió en algún lugar de la Capital Federal, en una bóveda cuya llave tenían dos personas: Sebastián Eskenazi y Daniel Muñoz. Por supuesto, el Grupo Petersen, nombre de fantasía de los Eskenazi, en aquel momento sacó un comunicado diciendo que todo esto lo único que pretendía era dañar su buen nombre y honor y que era todo falso.

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Este entramado está muy vinculado a los servicios de inteligencia. Porque el contacto más importante entre Sebastián Eskenazi y el kirchnerismo era un viejo empleado del Banco de Santa Cruz: Francisco Larcher, segundo de la entonces Secretaría de Inteligencia. Era el que mandaba en la Secretaría de Inteligencia, de quien siempre se ha afirmado -nadie de la Justicia se interesó en saber si es cierto o no- que acumuló US$70 millones en las bóvedas de su casa del country Abril y que, cuando apareció el caso de José López -que lo descubrieron en el convento de General Rodríguez con US$9 millones- hizo que el hijo de su esposa sacara esos US$70 millones de las bóvedas y los llevara en un auto a una playa de estacionamiento ignota de la ciudad de Buenos Aires para después sacarlos del país. Aparentemente, el hijastro de Larcher se cobró esa operación con US$4 millones.

“Ni Bonadio avanzó con Eskenazi ni Lijo avanzó con Eskenazi. O sea que, en esos casos, Cristina es beneficiaria de una impunidad probablemente concedida a otro”.

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¿Qué es lo importante? Que Bonadio no avanzó sobre los Eskenazi a pesar de las declaraciones de Víctor Manzanares. Había una viejísima relación entre Bonadio y los Eskenazi, mediada por el político más ligado a la familia Eskenazi: Carlos Corach, antiguo jefe de Bonadio.

Ese argumento, esa línea de investigación, podría haber sido muy exitosa. Claro, si el juez Ariel Lijo -cuyo apellido le debe sonar a mucha gente-, que tiene una denuncia de Elisa Carrió desde el año 2007 por el ingreso de los Eskenazi en YPF, no hubiera puesto esa denuncia en, como dicen en tribunales, la king size que tiene en el juzgado. Él tiene una cama king size donde duermen las causas durante años. Esta duerme desde el año 2007. También hay que preguntarse: ¿qué estímulo tiene Lijo para no investigar a los Eskenazi? ¿Cuál será su incentivo? ¿Por qué será tan remolón?

Según la revista Forbes, **“la fortuna familiar creció considerablemente en los últimos años, pasando de US$ 490 millones en 2020 a US$ 1.150 millones en 2024”,** convirtiendo al empresario en uno de los veinte hombres más ricos de la Argentina.

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Hay algo interesante, si uno se pone a pensar un poco: la teoría del lawfare. Cristina sostiene: “Yo soy una perseguida, me investigan a mí, no a otros”. Es una teoría deficiente, porque uno podría decir: “No: la investigan a Cristina y no la investigan a Cristina”. Porque a la expresidenta la Justicia la ha investigado en el tema de la obra pública de Santa Cruz pero, como vemos, ni Bonadio avanzó con Eskenazi ni Lijo avanzó con Eskenazi. O sea que, en esos casos, Cristina es beneficiaria de una impunidad probablemente concedida a otro. Da la impresión de que los jueces investigan a los políticos según quién es -como se dice en tribunales- su consorte de causa.

Acá es donde aparece “El Aleph”, donde todo parece estar combinado con un solo objetivo: que gane Burford o que ganen los Eskenazi, más probablemente. Esta sospecha aparece porque cuando uno ve la relación entre los Eskenazi y la política termina siendo injusto al vincular sólo a los Kirchner. También estuvieron muy ligados, seguro lo están todavía, con Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, son una especie de transversalidad en sí mismos.

Carlos Pagni

Los “negocios” de Eskenazi que podrían hacer perder al país el control de YPF.