Según la Justicia son unos 90 jóvenes los que están en permanente conflicto con la ley

En 180 días la provincia debe poner en marcha todo lo relacionado con la ley de baja de imputabilidad de menores

No fue una tarea sencilla acordar el contenido de la ley. Pero mucho más difícil será poner en marcha lo relacionado con el tratamiento que se dará a los menores sancionados.

A seis meses de la entrada en vigencia de la ley que establece la imputabilidad desde los 14 años, el sistema penal juvenil de San Juan enfrenta un proceso de reorganización institucional.

La ley es clara en el sentido de que es la provincia –cada una de ellas- la que debe dar respuestas.. En el medio hay cuestiones de fondos, que deberían llegar por parte de la Nación, de infaestructura y de formas de abordaje. Una monumental tarea con aristas seguramente no totalmente pensadas por los legisladores.

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El juez de menores Jorge Toro señaló en el programa La Ventana que el principal desafío está concentrado en “unos 90 chicos que están permanentemente en el circuito delictivo”.

>Según los datos analizados, los adolescentes de 14 y 15 años representan el 21% de los casos dentro del sistema penal juvenil. Este incremento potencial en la carga judicial dependerá de la política criminal que definan la Corte y el Ministerio Público Fiscal.

>Los registros muestran que la mayoría de los menores no reincide. El 79% de los jóvenes comete un solo delito, mientras que el índice asciende al 91% si se consideran hasta dos hechos.

>Esto implica que el problema se concentra en un grupo reducido: entre el 9% y el 10% del total, equivalente a unos 90 adolescentes con alta reiterancia, muchos de ellos con consumo problemático, abandono escolar y entornos familiares vulnerables.

>900 jóvenes fueron imputados en 2025. Esto representa el 0,10% de la población total involucrada

>De esos casos, el 49,1% de los delitos fueron contra la propiedad. 18,1% corresponden a delitos contra la persona y solo 20 casos graves derivaron en privación de libertad

>En relación con las modalidades, el juez indicó que predomina el uso de armas blancas, mientras que los delitos de alta gravedad son minoritarios.

>El cambio normativo podría implicar un aumento de hasta un 20% en la carga de trabajo judicial, aunque ese número es variable según la estrategia que adopten las autoridades.

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El juez Jorge Toro dijo la semana pasada en el programa La Ventana que “se necesita inversión para infraestructura, programas y recursos humanos”.

Con un universo acotado de casos pero de alta complejidad, el sistema penal juvenil de San Juan deberá definir en los próximos meses qué delitos priorizar, cómo intervenir y qué rol asumirá el Estado frente a una población que combina conflictividad penal y vulnerabilidad social.

Toro advirtió que el efecto de la nueva normativa dependerá de cómo se aplique. “Si se investigan todos los delitos, el sistema puede colapsar”, señaló, y planteó la necesidad de priorizar los casos más graves mediante criterios de oportunidad.

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Por su parte, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, consideró que la situación es “manejable”, aunque reconoció déficits estructurales. Actualmente, los menores no pueden ser alojados en el sistema penitenciario y dependen de dispositivos específicos.

La ley fue sancionada debido a que la sociedad exigia una intervención del Estado ante la sucesión de casos en los que intervienen menores, algunos de ellos muy graves en grandes conglomerados urbanos como son Buenos Aires y Rosario.

A esto agregó Delgado, que uno de los puntos críticos es el accionar policial. “La policía termina actuando como un remis: los busca, los traslada y los devuelve a su casa”, graficó Toro, en referencia a la falta de alternativas de contención inmediata.

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Tanto el juez como el funcionario coincidieron en que el núcleo más conflictivo está atravesado por problemáticas sociales profundas. “Hay familias que no pueden dar contención y el Estado debe asumir ese rol”, sostuvo Delgado.

Los casos más complejos presentan consumo problemático de drogas, deserción escolar y entornos familiares desorganizados, lo que requiere intervenciones coordinadas en salud, educación y desarrollo social.

Los datos que maneja la Nación

El nuevo esquema reemplaza a la Ley 22.278, vigente desde 1980, que regía bajo un paradigma tutelar y establecía la no punibilidad para menores de 16 años. El cambio responde a una agenda nacional centrada en seguridad, aunque su implementación concreta queda en manos de las provincias.

>Según datos de organismos especializados, en 2023 se registraron 18.289 adolescentes involucrados, lo que representa apenas el 0,42% de la población de entre 12 y 17 años a nivel nacional.

>El sistema penal juvenil también muestra baja incidencia en términos estructurales. Al cierre de 2024, había 4.119 jóvenes bajo intervención penal en todo el país, incluyendo casos con medidas de privación de libertad.

>En jurisdicciones con mayor volumen de causas, como la Ciudad de Buenos Aires, la tendencia se mantiene estable: en 2025 se iniciaron 1.753 causas penales contra menores, con una leve baja interanual del 2%, y con predominio de varones y de adolescentes de 16 y 17 años.

>El perfil delictivo presenta regularidades. Los delitos contra la propiedad concentran la mayor parte de las intervenciones judiciales, superando ampliamente a los hechos contra las personas.

>No obstante, la intervención de menores en casos resonantes hace que la opinión pública exija un accionar contundente. Entre otras cosas para evitarque ese menor en pocos años se convierta en un delicuente de alta peligrosidad cuyo futuro será mantenerlo encarcelado o una muerte violenta.

Qué se hace con los menores en otros países

>Hasta el momento, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela conforman la lista de los países de América Latina y el Caribe que han establecido que la edad mínima de imputabilidad sea de 14 años.

>Paraguay fue el primero en determinar esta minoría de edad luego de que se promulgara la Ley N° 1.680 que regula el Código de la Niñez y la Adolescencia paraguaya en 2001.

>Otros países americanos han optado por trazar el límite en los 12 años (Bélice, Brasil, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica, México, Panamá y Santa Lucía).

>Venezuela fue el único país que subió la edad de imputabilidad de 12 a 14 años en 2015

>En el caso de España, desde el año 2000 que la edad punitoria descendió hacia los 14, pero la legislación no admite que los menores que delinquen afronten sanciones penales.

>Por otra parte, las normativas de Italia, Austria y Alemania podrían contemplar una penalización, si se demostrara que el adolescente juzgado estaba en plena consciencia de sus actos y pudiera ser capaz de comprender la gravedad de los mismos.

>Además, el régimen penal aplicado a menores de edad en Inglaterra comparte cierta similitud con estas condiciones, salvo que la definición de minoridad varía entre los 10 y los 17 años.