Se viene la Reforma Laboral ¿Modernización necesaria o pérdida de derechos?

El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que promete dinamismo y formalización, pero genera tensiones entre empresarios, sindicatos y trabajadores. ¿Qué está en juego en el nuevo modelo de empleo argentino?

Escribe: Claudio Leiva

La reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, se presenta como uno de los pilares de su estrategia económica para la segunda etapa de gestión. Uno de los proyectos, elaborado por la diputada Romina Diez, propone una transformación profunda del sistema de trabajo en Argentina, con el objetivo de modernizar una legislación que, según sus impulsores, ya no responde a las dinámicas del mercado actual.

El Gobierno sostiene que estas medidas permitirán incorporar a la formalidad a millones de trabajadores que hoy se desempeñan en la economía informal. En Argentina, más del 43 por ciento de los ocupados trabaja sin aportes jubilatorios ni cobertura legal. En San Juan, sectores como la construcción, el servicio doméstico y la agricultura presentan niveles de informalidad superiores al promedio nacional, alcanzando en algunos casos el 75 por ciento.

La propuesta también incluye incentivos fiscales para pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de facilitar la contratación formal. Se busca reducir la presión tributaria sobre el empleo registrado, simplificar trámites y digitalizar los registros laborales. Además, se plantea revisar el principio de prelación, que establece que siempre debe aplicarse la norma más favorable al trabajador, para permitir convenios por empresa con condiciones más flexibles.

Un mercado laboral en transformación

La reforma se presenta en un contexto de transformación acelerada del empleo. La robotización, la inteligencia artificial y la digitalización están redefiniendo el mundo del trabajo. En Argentina, más del 50 por ciento de los trabajadores ya utiliza herramientas de IA en sus tareas diarias, y se estima que más de tres millones de empleos formales están en riesgo de automatización parcial o total.

Este fenómeno no solo afecta a los sectores industriales, sino también a los servicios, la administración y las profesiones técnicas. La automatización de tareas repetitivas y la incorporación de algoritmos en procesos de decisión están modificando las competencias requeridas, los perfiles laborales y las formas de contratación.

Los jóvenes, por su parte, muestran nuevas preferencias laborales. Valoran la flexibilidad, el aprendizaje continuo, el propósito y el equilibrio entre vida personal y trabajo. La estabilidad formal ha dejado de ser el principal atractivo: buscan experiencias significativas, entornos laborales que les permitan crecer y beneficios como capacitación, idiomas, trabajo remoto y horarios adaptables.

Según estudios recientes, el 72 por ciento de los jóvenes considera que la falta de experiencia es el principal obstáculo para conseguir empleo. El desempleo juvenil triplica la media nacional, y las mujeres jóvenes enfrentan mayores barreras para acceder a empleos formales. Esta situación demanda políticas públicas que promuevan la inclusión laboral juvenil, con foco en la formación, la equidad de género y el acompañamiento en el ingreso al mercado laboral.

¿Qué implica pagar en blanco o en negro?

Para los empresarios, la diferencia entre contratar en blanco o en negro es significativa. Un trabajador registrado implica cargas sociales, aportes jubilatorios, ART, obra social e indemnización por despido. En cambio, el empleo informal reduce costos, pero expone al empleador a sanciones legales y al trabajador a la vulnerabilidad.

La informalidad laboral no solo afecta la calidad del empleo, sino también la sostenibilidad del sistema previsional. La caída en la cantidad de trabajadores activos registrados pone en riesgo el financiamiento de las jubilaciones. Por eso, algunos especialistas proponen revisar el modelo de aportes y buscar nuevas fuentes de financiamiento para el sistema previsional.

En este sentido, el fondo de cese laboral aparece como una alternativa viable. Inspirado en el modelo de la construcción, este sistema permite que el empleador realice aportes mensuales que se acumulan en una cuenta individual del trabajador. Al finalizar la relación laboral, el empleado accede a ese fondo como compensación, lo que reduce la litigiosidad y facilita la rotación.

Indicadores laborales en Argentina y San Juan

En el segundo trimestre del año, la tasa de actividad fue del 48 por ciento, la tasa de empleo del 44,5 por ciento y la desocupación alcanzó el 7,6 por ciento. La informalidad laboral se mantiene por encima del 43 por ciento. En San Juan, la informalidad supera el 50 por ciento en sectores clave, y el desempleo juvenil alcanza niveles alarmantes.

La precarización no impacta de manera homogénea. Las mujeres registran mayores niveles de informalidad que los hombres, y los jóvenes entre 16 y 24 años ingresan al mercado laboral en condiciones informales en más del 60 por ciento de los casos. En el otro extremo, entre los mayores de 65 años, la tasa vuelve a trepar al 51 por ciento.

La disparidad regional también es significativa. Mientras el Gran Buenos Aires, la región Pampeana y la Patagonia presentan tasas por debajo del promedio nacional, el Noroeste, el Nordeste y Cuyo exhiben niveles superiores al 48 por ciento. En San Juan, la informalidad laboral se concentra en sectores como la construcción, el comercio y el servicio doméstico.

Voces locales: cuatro miradas sobre la reforma laboral

FABRICIO GAITANO – ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS

“La actual legislación fue pensada para un mundo que ya no existe”

“La legislación laboral argentina fue pensada para un mundo que ya no existe. Hoy, las generaciones más jóvenes no buscan estabilidad a largo plazo, sino experiencias de aprendizaje, buen clima laboral y flexibilidad. Valoran poder trabajar algunos días desde casa, tener horarios adaptables, y beneficios como capacitación o apoyo para estudiar idiomas. La tecnología está transformando el empleo: la inteligencia artificial ya reemplaza tareas simples, y eso va a seguir creciendo. Por eso, el trabajador necesita formación continua y el empleador debe adaptarse. La reforma laboral debería ser una oportunidad para encontrar un equilibrio entre la protección de derechos y la necesidad de dinamismo. Si no se logra ese punto medio, vamos a seguir perdiendo empleos formales y oportunidades de desarrollo.”

EDUARDO CABELLO – DELEGADO REGIONAL DE LA CGT Y SECRETARIO GENERAL DE LA UOCRA SAN JUAN

“Lo que prepara el gobierno rompe con los derechos laborales conquistados«

“Lo que propone el Gobierno es una ruptura total con los derechos laborales conquistados. Si el salario mínimo vital y móvil se convierte en el techo, estamos condenando a los trabajadores a vivir en la precariedad. La meritocracia que se plantea no existe en un país donde el Estado no garantiza condiciones equitativas. Además, muchos empresarios han vivido del Estado y siguen negreando a la gente. Esta reforma no está pensada para los trabajadores, sino para beneficiar a los sectores más concentrados. No hay un Estado serio ni empresarios comprometidos con el desarrollo. Lo que necesitamos es fortalecer el empleo formal, no destruirlo. Y eso se logra con diálogo, no con imposiciones.”

MARIO ARANCIBIA – ABOGADO LABORAL

“Es necesaria una reforma pero no cualquier reforma”

“Argentina necesita una reforma laboral, pero no cualquier reforma. Hay que mirar lo que hacen otros países de la región. Sin rentabilidad empresaria no hay justicia social. Si las empresas no ganan, no pueden pagar buenos sueldos. Pero los salarios deben estar vinculados a la productividad, y eso exige transparencia. Para discutir salarios por productividad, los sindicatos deben tener acceso a los números de las empresas. Además, descentralizar las paritarias permitiría que en San Juan se discutan condiciones laborales acordes a la realidad local, sin depender de lo que se decide en Buenos Aires. Me preocupa que se impongan topes o restricciones que contradicen la lógica liberal que el Gobierno dice defender. Y sobre las indemnizaciones, el modelo de la construcción, con un fondo de cese laboral, puede ser una alternativa viable si se implementa con consenso.”

DANIEL MILLA – PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ECONÓMICA DE SAN JUAN

“Hay que terminar con la industria del juicio laboral”

“La reforma laboral es urgente. Hoy, contratar en blanco es muy costoso para las pymes, y eso desalienta la creación de empleo formal. Los puntos que propone el Gobierno, como los salarios dinámicos, la modernización de convenios y los bancos de horas, responden a una economía más flexible y moderna. El empleo ya no es como antes, donde alguien entraba a trabajar y se jubilaba en la misma empresa. Hoy los trabajos son más cortos, más rotativos, y eso requiere un marco legal que lo contemple. Si logramos reducir la presión fiscal y simplificar las reglas, vamos a ver un aumento del empleo en blanco. Además, el sistema indemnizatorio debe ser justo para ambas partes. Hay que terminar con la industria del juicio laboral, que perjudica tanto a empleadores como a trabajadores. La cultura del trabajo debe ser el eje del progreso.”

Las claves de la reforma laboral 2025

Con el fuerte apoyo que recibió en las urnas, el Gobierno vuelve a poner en agenda la reforma laboral, que ya se venía discutiendo en el Consejo de Mayo. La iniciativa, impulsada por la diputada nacional Romina Diez bajo el título de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo y acompañada por los legisladores Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, José Luis Espert —ahora, en uso de licencia—, Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Nicolás Emma, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, Manuel Quintar, Lisandro Almirón, Carlos Zapata, Nadia Márquez y Facundo Correa Llano.

Salarios dinámicos

Se propone que la remuneración esté vinculada al rendimiento individual del trabajador. Esto implicaría un salario básico no necesariamente ajustado por inflación, complementado con incentivos por productividad. [ciudadano.news]

Modernización de convenios colectivos

Se busca permitir negociaciones más flexibles por empresa, adaptadas a las realidades productivas de cada sector, lo que implicaría revisar el principio de “prelación” de la Ley de Contrato de Trabajo. [infobae.com]

Banco de horas laborales

Se plantea la posibilidad de compensar jornadas laborales según la estacionalidad o picos de producción, permitiendo mayor flexibilidad horaria. [eldestapeweb.com]

Nuevo sistema de indemnización

Se propone reemplazar la indemnización por antigüedad con un Fondo de Cese Laboral, al que empleadores aportarían mensualmente. El trabajador cobraría ese fondo en caso de despido. [clarin.com]

Ampliación del período de prueba

Se extiende hasta 6 meses, y hasta 12 meses para microempresas, facilitando la contratación inicial. [iprofesional.com]

Clarificación del trabajo autónomo

Se busca diferenciar claramente entre trabajadores independientes y relaciones laborales encubiertas bajo figuras como el monotributo. [ciudadano.news]

Digitalización de procesos laborales

Se propone simplificar trámites de registro y contratación mediante herramientas digitales. [eldestapeweb.com]

Revisión del rol sindical

El Gobierno plantea revisar prácticas gremiales que considera “compulsivas”, buscando mayor equilibrio en las negociaciones.

Trabajo agrario

En el ámbito del trabajo agrario, se mantiene la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria respecto de los trabajadores proporcionados, pero se excluye a los propietarios que arrienden tierras no productivas.

Incentivos al empleo

Uno de los capítulos más relevantes es el de incentivos al empleo. Se crea un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que inicien nuevas relaciones laborales en los primeros 18 meses de vigencia de la ley, con porcentajes que varían según el tamaño de la empresa: 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para el resto, todos aplicables durante doce meses. El beneficio se otorgaría solo si la contratación implica un incremento neto en la nómina y el trabajador no tuvo relación laboral en los tres meses previos, salvo excepciones para programas de inserción laboral.