San Juan bajo la nueva ley penal juvenil

Tres hechos de violencia con menores como protagonistas en una semana

Un adolescente muerto a cuchillazos a la salida de una fiesta, una chica de 16 años señalada por el disparo que mató a su novio y un nene de 8 apuñalado en una plaza. Los tres casos se acumulan en San Juan en los días posteriores a la entrada en vigor del nuevo Régimen Penal Juvenil, que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años.

La madrugada del lunes, lo que debía ser un festejo por el Día del Estudiante terminó en tragedia en el límite entre Rawson y Pocito. Uriel Ríos, de 17 años, murió apuñalado a la salida de una fiesta privada en la Quinta Don Pedro, sobre calle Alfonso XIII. Su hermano mellizo, que trabajaba junto a él en un carro panchero y había ido esa noche al mismo festejo, resultó herido en el mismo ataque y hoy ya evoluciona favorablemente en una sala común del Hospital Rawson.

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No es un hecho aislado. En los días previos y posteriores, San Juan sumó otros dos episodios de violencia con menores como protagonistas: una adolescente de 16 años señalada como quien efectuó el disparo que mató a su novio en Chimbas, y un nene de 8 años apuñalado en una plaza de Pocito por una persona que todavía no fue identificada. Los tres casos se procesan bajo un sistema que cambió hace apenas dos semanas: el nuevo Régimen Penal Juvenil, que bajó de 16 a 14 años la edad desde la que un adolescente puede ser imputado por un delito. Ninguno de los tres, sin embargo, alcanza todavía a un chico de esa franja etaria más nueva: los dos adolescentes señalados como responsables en los casos de Pocito y Chimbas tienen 16 años, la misma edad que ya marcaba el límite de imputabilidad en el régimen anterior.

El crimen de Uriel Ríos

Según reconstruyó la investigación, la pelea que terminó con la vida de Uriel se desató alrededor de las 5:15 de la madrugada, en calle Alfonso XIII, entre calles 13 y 14, cuando finalizaba una fiesta organizada por el Día del Estudiante con jóvenes de cinco colegios. Uriel recibió una herida de arma blanca en el tórax; su hermano mellizo, heridas en el tórax y en el brazo izquierdo. Ambos fueron trasladados primero al Hospital de Pocito y después al Rawson, donde Uriel murió por la gravedad de sus lesiones. Los mellizos, oriundos de Rawson, trabajaban juntos en un carro panchero y habían acordado ir esa noche al mismo festejo; Uriel tenía previsto volver a trabajar el lunes por la noche.

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Un adolescente de 16 años se presentó el lunes por la noche en Tribunales, acompañado por sus padres y su abogado defensor, luego de que testimonios de su propio entorno lo mencionaran entre los presentes en el enfrentamiento. La causa pasó al fuero de la Niñez y Adolescencia, a cargo de la jueza María Julia Camus, y el joven quedó alojado en un centro de resguardo para adolescentes. Su defensa sostiene que, hasta el momento, no hay un señalamiento concreto que lo ubique como responsable directo de la herida que mató a Uriel, y que buscará incorporar testimonios de otros presentes en la fiesta para reconstruir con precisión qué pasó.

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La investigación por la muerte de Uriel Ríos sumó una nueva hipótesis que podría modificar el rumbo del expediente. Desde la querella, el abogado Martín Zuleta afirmó que el adolescente que se presentó ante la Justicia y se atribuyó el crimen podría haberlo hecho para proteger a su hermano mayor, a quien la familia de la víctima señala como el presunto responsable de la puñalada que terminó con la vida del joven.

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Según explicó el representante legal de la familia, esa versión se apoya principalmente en testimonios y registros audiovisuales incorporados a la causa. De acuerdo con su interpretación del material, en las imágenes aparecería el hermano mayor del adolescente con una camisa blanca que tendría manchas de sangre en la zona de los brazos.

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Otro elemento que la querella considera relevante es el testimonio de la hermana de Uriel, quien declaró ante la magistrada y entregó grabaciones registradas durante el episodio. Para la representación de la familia, ese material podría aportar elementos para determinar quién fue el responsable del ataque fatal.

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La investigación también contempla la participación de otro agresor. Según el abogado, durante la pelea el hermano de Uriel habría sido atacado con otra arma blanca por una segunda persona. Ese elemento todavía no fue localizado, aunque el joven estaría en condiciones de reconocer a quien lo atacó. Por el momento, su estado emocional sería un impedimento para avanzar con esa identificación, por lo que se espera que pueda hacerlo cuando se concrete una rueda de reconocimiento.

La fiesta, en números

Según el fiscal Roberto Ginsberg, a cargo de la causa junto a Adolfo Díaz, la Policía cuenta con una lista de aproximadamente 200 personas que estuvieron en el festejo, varias de ellas menores de edad, ya citadas para declarar. En la escena se secuestró un cuchillo, que quedó bajo cadena de custodia para peritajes, y se confirmó consumo de alcohol entre los asistentes. La Fiscalía trabaja además con registros de video del lugar para reconstruir la secuencia de la pelea.

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Las primeras investigaciones indican que el lugar no estaba habilitado para esa fiesta. Y aunque hubiese contado con la documentación, ya es una contravención grave la presencia de menores. La Justicia citará al propietario del lugar y a los organizadores de la fiesta.

El disparo en Chimbas

Días antes, el 15 de septiembre, la muerte de Gonzalo Martín Quinteros Olmos, de 19 años, había tomado un giro inesperado. La primera versión del hecho, ocurrido en una vivienda de la Villa 1° de Mayo, hablaba de tres personas encapuchadas que habrían irrumpido y disparado contra la víctima. La autopsia la desmintió: el disparo se hizo desde una distancia de hasta 60 centímetros y el proyectil ingresó por el maxilar izquierdo. En la escena solo se halló una vaina servida y un proyectil, lo que llevó a los investigadores a tomar nuevamente declaración a quienes estaban en la casa.

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De esos nuevos testimonios surgió que una adolescente de 16 años, novia de la víctima, habría estado manipulando un arma cargada en el momento del disparo, en lo que los testigos describieron como un episodio accidental. La joven fue trasladada al Centro de Admisión y Derivación de Santa Lucía, con custodia policial femenina, asistencia de médicos, psicólogos y trabajadores sociales, y representación de una defensora oficial especializada. El fiscal Ginsberg remitió el legajo a la Justicia Penal de la Niñez y Adolescencia, donde el juez José Toro deberá definir su situación procesal. En paralelo, la Fiscalía investiga si los adultos que estaban en la vivienda al momento del hecho podrían quedar involucrados por encubrimiento, a raíz de la primera versión falsa que le dieron a los investigadores sobre los tres encapuchados.

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El caso de Quinteros Olmos tiene, además, un valor simbólico particular: fue uno de los primeros expedientes de peso en tramitar bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil, vigente en la provincia desde apenas diez días antes del hecho. La calificación legal que finalmente reciba —homicidio doloso, culposo, o alguna figura intermedia según se determine el grado de intencionalidad— será uno de los primeros antecedentes con los que San Juan empiece a delinear cómo aplicará en la práctica una ley que todavía no tiene reglamentación procesal propia en la provincia.

El nene de 8 años apuñalado en una plaza

El tercer caso ocurrió el 15 de septiembre, durante la siesta, junto a la escuela Antonino Aberastain de Pocito. Un nene de 8 años que estaba en la plaza contigua al establecimiento fue atacado con un elemento cortante por una persona que no conocía. Herido en la espalda, caminó hasta la escuela en busca de ayuda; el personal dio aviso a la Policía y el chico fue trasladado al Hospital Federico Cantoni, donde quedó fuera de peligro. La identidad del agresor todavía no fue establecida, y el episodio generó preocupación entre las familias de los alumnos, que se acercaron hasta la escuela apenas se conoció lo sucedido. Es, de los tres casos, el único en el que no hay todavía ningún sospechoso identificado ni una hipótesis firme sobre el móvil del ataque.

Una ley que cambió a mitad de esta historia

Los tres casos se tramitan bajo un marco legal que tiene apenas semanas de vigencia. El 5 de septiembre entró en vigor en todo el país la Ley 27.801, el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reemplazó al sistema tutelar vigente desde 1980 y bajó de 16 a 14 años la edad desde la que un adolescente puede ser imputado penalmente, con penas que pueden llegar hasta los 15 años. San Juan aplica la ley nacional, pero todavía no tiene un Código Procesal Juvenil propio: la Corte de Justicia provincial trabaja en una reglamentación transitoria mientras la Legislatura discute una adecuación del Código Procesal Penal para compatibilizar el modelo acusatorio de la nueva norma con el sistema inquisitivo mixto que rige hoy en el fuero de Menores sanjuanino.

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La discusión, de hecho, ya está instalada a nivel nacional: en la última semana, dos juezas —una en la provincia de Buenos Aires y otra en la Ciudad de Buenos Aires— declararon inconstitucional la aplicación de la ley en casos concretos, en fallos que generaron pedidos de juicio político y apelaciones desde distintos sectores. Mientras la pelea judicial y política por la ley sigue abierta en los tribunales superiores, en San Juan la nueva normativa ya empezó a aplicarse sobre casos reales, con adolescentes como víctimas, como sospechosos, y a veces como las dos cosas a la vez.

Qué cambia con la Ley 27.801

La norma nacional baja la imputabilidad de 16 a 14 años, fija penas de hasta 15 años y suma medidas alternativas al encierro según la gravedad del caso y la edad del imputado. Reemplaza al régimen tutelar vigente desde 1980 (Ley 22.278) por un esquema que busca, según su propio texto, fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su resocialización. A diferencia del viejo sistema inquisitivo, en el que la investigación quedaba en manos del juez, el nuevo régimen es acusatorio: la investigación y la acusación recaen en el Ministerio Público Fiscal, mientras los jueces cumplen un rol de control y decisión. Mantiene, eso sí, la prohibición de difundir nombres, apodos, filiación o imágenes que permitan identificar a un adolescente imputado, motivo por el cual ninguno de los menores señalados en estos casos es identificado públicamente.

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San Juan, sin embargo, todavía no tiene un Código Procesal Juvenil propio: la Corte de Justicia provincial avanza en una reglamentación transitoria mientras la Legislatura discute una modificación del Código Procesal Penal para compatibilizar ambos modelos. En sus primeros días de aplicación no se había registrado ningún caso de un chico de 14 o 15 años, pero dos defensoras oficiales ya tenían preparados planteos de inconstitucionalidad para presentar apenas apareciera el primero.