Radiografía de la sinrazón

POR EDUARDO QUATTROPANI

Siguiendo con el tratamiento del tema relacionado con el Laboratorio Forense, les comento que, a consecuencia de la columna anterior, el malogrado estratega político del Poder Judicial, por medio de Organismos bajo su dependencia, intentó desmentir la posición del Fiscal General por medio de un Acuerdo de Superintendencia del año 2019.

Como las torpezas no pueden disimularse, lo único que hizo el “estratega del fracaso” es confirmar lo que se viene denunciando públicamente, es decir, que la prueba científica en la investigación criminal está en manos de personal dependiente de la Secretaría Administrativa y que, como un tiro de gracia y de reafirmación del otorgamiento de “superpoderes” a dicho funcionario, se lo manda al Ministerio Público Fiscal a canalizar cualquier reclamo por medio de la Secretaría Administrativa.

La verdad es que si no fuera una tragedia jurídica sería motivo de risa y burlas por parte de la civilización del Derecho.

Pero la sinrazón no queda ahí, sino que, en el mismo Acuerdo de Superintendencia, fruto seguramente del mismo “vivillo”, se dice que el Laboratorio no puede pasar a la administración del Ministerio Público Fiscal porque está bajo la superintendencia de la Corte y que, por lo tanto, resulta ser absoluta y constitucionalmente indelegable.

La primera conclusión de semejante afirmación es que no se tiene idea de lo que es la superintendencia, y la segunda, es el exteriorizar una doble vara jurídica, esto es que, para transferir el manejo de audiencias videograbadas no se encontró obstáculo constitucional, el que sí se encuentra por el tema Laboratorio.

El tema es claro y hay que esclarecerlo más. Para ello, habrá que contar la historia del Laboratorio, el origen de la aparatología, determinar cuántas pruebas o estudios se hacen en el fuero civil, por ejemplo, y cuánta plata se ha recuperado de los particulares condenados en costas, por ejemplo.

Vamos, en el futuro, a intentar determinar, junto a ustedes, el sistema de mantenimiento y validación de los equipamientos, de manera tal de saber si el Laboratorio está respondiendo a cánones de excelencia y seguridad científica.

Sería bueno también determinar la vigencia de licencias de la aparatología y cuánto uso de ella se hace para el sistema penal.

Si ustedes me preguntaran si yo creo que este tema tiene solución en el corto plazo, les contestaría que, absolutamente no. La razón es muy sencilla, pues no hay fundamento para que pase lo que pasa, por lo tanto, tampoco lo habrá para cambiar.