¿Qué hacemos con los presos?

San Juan está por sobre la media nacional de población carcelaria por habitantes

Por Gustavo Martinez

Que el penal de Chimbas está sobreocupado con pabellones al borde del hacinamiento no es una novedad. Por alguna razón San Juan está lejos de la media nacional de población carcelaria por número de habitantes, que es de 170 personas cada 100 mil.  Si hacemos la cuenta, el número debería rondar en 1300 presos y en realidad se acerca a los 1900 en una institución preparada para atender no más de 800 internos. En cuatro años San Juan pasó de ser una de las provincias con la tasa más baja de población carcelaria a superar claramente el promedio del conjunto de estados provinciales.

¿Aumentó la cantidad de delitos , creció la inseguridad, o se aceleraron los procesos penales ? ¿Crecieron las prisiones preventivas o se restringieron los beneficios extramuros  y las prisiones domiciliarias ?

Sin dudas, el sistema acusatorio adversarial y la justicia de flagrancia terminaron con décadas de morosidad judicial y las condenas crecen notablemente. Ese cambio histórico debió ser acompañado desde el poder ejecutivo con la construcción de una cárcel con capacidad para alojar, tratar, recuperar y reinsertar socialmente a la creciente población penal. Se priorizaron otras cosas y la cárcel de Ullum sigue un lento proceso burocrático sin fondos garantizados para terminarla.

Más del 30%  de los condenados (467) son «ofensores sexuales» y el resto tienen condena por «delitos varios».

La creación de un Centro de monitoreo

Desde la nueva gestión del Servicio Penitenciario, su director Enrique Delgado admite la coyuntura y apuesta a un ambicioso proyecto para crear en terrenos del mismo penal un Centro de Monitoreo que pueda vigilar y controlar fuera de los muros de la prisión a condenados beneficiados con salidas transitorias,  prisión domiciliaria o  condicionales. Se trata de la implantación de un chip  subdérmico en las personas que se acojan al beneficio y a partir de ahí un seguimiento de su ubicación en tiempo real las 24 horas. «No es ciencia ficción- aclara Delgado a El Nuevo Diario- Este sistema ya se esta aplicando con mucho éxito en Provincia de Buenos Aires en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos» Una vez funcionando , el Centro también podría colaborar con la Justicia en las perimetrales por violencia de género, por ejemplo. «A una víctima que también acceda al dispositivo, le podrías advertir que su agresor está a determinada distancia de donde ella se encuentra y así prevenir nuevas agresiones», agrega el director del SPP. Si lo medimos en relación costo-beneficio, queda claro que es más barato construir un centro de esas características que una prisión para cinco mil detenidos. Convengamos, sin embargo, en que lo ideal sería bajar la tasa de encarcelamientos y condenas a partir de políticas públicas que reduzcan la comisión de delitos, muy vinculados al consumo problemático de estupefacientes, a la pobreza y a la corrupción.

De momento, para implementar Políticas penitenciarias vinculadas a las personas privadas de su libertad es requisito conocer no sólo cuántos son, qué edades tienen y de dónde vienen sino todo un sistema de información personal que permita la clasificación y la categorización de los internos. Para la actual gestión esa tarea es fundamental. «Es fácil agrupar presos por condenas, pero no es lo mismo una mujer sentenciada a 10 años porque fue sorprendida trasladando droga en modo «mula», que aquella que está metida de lleno en el negocio del narcotráfico. Son cosas distintas. -opina Delgado.- ¿Les vas a dar el mismo régimen a las dos ? » La  nueva clasificación  a la que aspiran las autoridades pasa por analizar no sólo el delito cometido sino todas las variables, los vínculos, las reincidencias, la procedencia, su inicio en la delincuencia ,etc. y agrupar a los internos en función de esas circunstancias para facilitar la progresividad de un tratamiento y una futura reinserción social. 

Un censo que se realiza por primera vez en el país

En ese sentido, comenzó ésta semana en el Penal de Chimbas un censo histórico que se realiza por primera vez en el país. A través de un Acta Acuerdo entre la Secretaría de Estado de Seguridad del Gobierno Provincial y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ, estudiantes de la carrera de Sociología entrevistan a cada uno de los internos para poder elaborar un diagnóstico personal y general. Esa información procesada permitirá elaborar políticas que ajusten el tratamiento a las necesidades de cada persona y de cada grupo. Las áreas de Salud, de trabajo social, de educación o de laborterapia podrán enfocar mejor sus objetivos. Antes de que el censo se iniciara se realizó una campaña de información y concientización del relevamiento para desmitificar, eliminar temores, erradicar prejuicios  y lograr una total colaboración. «Es que es la primera vez que la comunidad carcelaria será entrevistada personalmente uno por uno, comentaron desde el área de comunicación del SPP, y tenemos que preparar el terreno para que entiendan que todos los datos que proporcionen no serán usados en su contra sino todo lo contrario.»

Para el Director del Departamento de Sociologìa, José María Carelli, se trata de un operativo censal muy particular teniendo en cuenta que se realiza sobre una población en contexto de encierro.  Explicó que el operativo censal terminará a fines de mayo y luego se realizará el procesamiento de datos. «Son 28 estudiantes de segundo a cuarto año que eligen ésta práctica para cumplir con el requisito obligatorio que les permite obtener el grado de licenciados.» En principio lo que se intenta comprobar con éste trabajo, preparado para 1867 varones y 56 mujeres, es el deficiente nivel educativo general de la población penal, muy distante de la media provincial y en muchos casos al borde del analfabetismo.

El cuestionario incluye también datos de espacialidad (vivienda, lugar de nacimiento y de residencia), salud general, género y otras variables importantes como concepción de ciudadanía. Todo el personal del servicio penitenciario está colaborando con el censo pero la planificación, elaboración, implementación, análisis e informe final es integralmente realizado por el Departamento de Sociología de la FACSO. El último antecedente es un censo carcelario realizado en 1930 en Provincia de Buenos Aires. En San Juan es la primera vez desde que existe el Servicio Penitenciario Provincial. La Magister Gabriela Tomsig es la responsable de las prácticas Académicas Asistidas del Departamento de Sociología y la coordinadora general del operativo.

Según datos actualizados, sólo en comida el costo per cápita de cada detenido es de 4000 pesos por día. El monto asciende a 10 o 12 mil pesos si se suma el resto de los servicios.

Hasta ahora lo que se viene haciendo es un informe periódico obligatorio que debe enviarse a nivel nacional. El último demuestra que entre los procesados y los penados , los jóvenes de 18 a 21 años son una clara minoría. En el primer grupo representan el 9,4% y entre los penados el 7,1 % . Jóvenes con primera condena fueron agrupados en un pabellón «para evitar que la cárcel se convierta en una escuela de perfeccionamiento delictual».

Los internos con sentencias cortas ( de 7 meses a 2 o 3 años) suman actualmente 300 personas , una cantidad más que considerable que podría acceder a ensayos de vigilancia controlada fuera del penal. Hoy por hoy acceden al régimen de salidas transitorias o semi libertad sólo el 11 por ciento del total.

Más del 30%  de los condenados (467) son «ofensores sexuales» y el resto (1144) tienen condena por «delitos varios». En el primer cuatrimestre del año los ingresos al penal superaron a los egresos, una constante que se mantiene desde el año 2022.

MAG. GABRIELA TOMSIG – COORDINADORA DEL CENSO PENITENCIARIO

“Queremos un diagnóstico sociológico de la Población penitenciaria”

-¿Cual es el objetivo del censo ?

-El Censo tiene como objetivo caracterizar a la población privada de su libertad para acceder a datos relacionados con vivienda, trabajo, reincidencia, salud, educación, sus redes de contención, etc Tratamos de visualizar trayectorias laborales y educativas, género, autopercepción de pertenencia  a comunidades originarias. La idea es poder contar con información actualizada a la fecha de toda la población penal .

–Se entrevista interno por interno…

-Si. Al operativo de campo lo vamos coordinando con el Servicio Penitenciario y  hacemos un barrido pabellón por pabellón, interno por interno.

-¿Cómo es el cuestionario ?

-El cuestionario es amplio. Son más de 90 preguntas lo que lleva un tiempo considerable de cada entrevista. Lo hemos venido trabajando desde hace bastante tiempo con la gente del Penal. Patricia Salinas, Melina Olmos , Analía Celman y otros. También con el director, por supuesto. Todo el personal está involucrado en la logística.

-¿Cuánto durará el proceso ?

-La duración del operativo de campo será de 20 días, más o menos. Después hay que cargar los datos en programas estadísticos y creemos que podríamos tener algunos resultados a mediados de junio probablemente.

-¿Se limitarán a los datos objetivos o incluirán un análisis interpretativo ? 

-Si, vamos a hacer interpretación de los datos en conjunto con el equipo del penal. La idea es lograr una lectura que vaya más allá de los términos estadísticos. Queremos darle una lectura sociológica a todos los datos que se obtengan. Por supuesto que esa base de datos pertenecerá tanto al SPP como al Departamento de Sociología

La nueva Cárcel de Ullum

Proyectada hace varios años, la cárcel que se construye en la localidad de Matagusanos avanza con extrema lentitud después de un robo de materiales estimado en 44 millones de pesos, pero según el Director del Servicio penitenciario, no está paralizada. .”Administrativamente está en movimiento y eso es muy bueno. Hace un mes terminamos con las sugerencias para mejorar la parte tecnológica porque faltaban cámaras en algunos sectores y sistemas de reconocimiento facial. En realidad todas las áreas hicieron aportes. “ Terminada esa instancia, pasó a revisión de contrato y luego irá al área legal, que modifica el proyecto en función de los cambios sugeridos. A partir de ese momento, será el gobernador el que deberá destinar o gestionar fondos para terminar su construcción .Las autoridades del SPP no descartan la posibilidad de privatizar parte del servicio carcelario. El negocio está en la construcción de hoteles y servicios para familiares en las inmediaciones de la cárcel y en la tercerización de áreas intramuros. Una idea es pagar a empresas privadas por detenido recuperado, pero esa es una condición difícil de valorar. De todos modos, el Pacto de San José de Costa Rica, con rango constitucional en nuestro país establece que tanto la seguridad como el tratamiento del detenido es responsabilidad indelegable del Estado.

Cuánto cuesta cada interno

Según datos actualizados, sólo en comida el costo per cápita es de 4000 pesos por día. El monto asciende a 10 o 12 mil pesos si se suma el resto de los servicios. La sumatorio indica que cada interno tiene un costo mensual aproximado de 300 mil pesos. El gobierno nacional a través del Servicio Penitenciario Federal debe pagar al SPP por el alojamiento de personas condenadas por delitos federales. El monto esta establecido en 376 pesos por interno por día y aún así adeuda los pagos desde el año 2021.  El director del Penal, Enrique Delgado gestiona en Buenos Aires primero, la actualización del monto y luego la posibilidad de cobrar en “especias”. Tecnología o equipamiento podrían servir como parte de pago de la deuda contraída.