Para Vicuña todo lo bueno viene de China… y se arma en Rosario

El primer conflicto nacional por el RIGI

El Proyecto Vicuña, una de las mayores inversiones mineras de Argentina (impulsada por Lundin Mining y BHP) en la provincia de San Juan, generó un fuerte conflicto al adjudicarle a un consorcio chino (PowerChina y Beijing Chengdong) la construcción de un campamento de 2.500 plazas por 52 millones de dólares.

Esta decisión desató malestar en la industria local ya que la empresa importará la infraestructura de módulos habitacionales prefabricados directamente desde China, en lugar de contratar a proveedores nacionales. El consorcio asiático se impuso en la licitación principalmente gracias a una diferencia estructural en los costos de fabricación y a una menor presión impositiva.

El rol de RAFA S.A. en el proyecto

La empresa argentina que integra el consorcio junto a las firmas chinas es RAFA S.A.. Si bien se la menciona generalmente como una firma santafesina, su sede central y planta industrial están ubicadas específicamente en Capitán Bermúdez (una localidad pegada a Rosario, dentro de lo que se conoce como el Gran Rosario).

Los módulos son fabricados en Asia por la empresa Beijing Chengdong. RAFA S.A. no los fabrica desde cero en su planta, sino que está a cargo de las obras civiles en San Juan.

Se ocupará del movimiento de suelos, la construcción de las fundaciones (plateas), el ensamblaje y montaje de las estructuras modulares directamente en la cordillera, y de realizar las instalaciones finales en el sitio.

La empresa RAFA S.A. es una compañía de capitales argentinos y de carácter familiar, fundada y dirigida por la familia Novosad.

La estructura de propiedad y liderazgo clave de la firma está conformada por:

▲ Fundador: Hugo Francisco Novosad, quien inició la empresa hace más de 30 años y se desempeña como apoderado.

▲ Presidente y CEO: Hugo Sebastián Novosad (hijo del fundador), quien ejerce actualmente la dirección ejecutiva y la presidencia del directorio de la sociedad.

▲ Directora Administrativa: María Novosad, completando la gestión de la segunda generación familiar en los puestos de mando prioritarios de la firma.

La empresa creció fuertemente en el cordón industrial del Gran Rosario (con plantas en Capitán Bermúdez y Ricardone) brindando servicios de montajes industriales y metalúrgicos para grandes multinacionales del sector del gas, petróleo y agroexportador antes de dar este salto al sector minero en San Juan.

Fuerte rechazo y preocupación

Las cámaras empresariales de Argentina manifestaron un fuerte rechazo y preocupación ante la adjudicación del campamento del megaproyecto minero Vicuña al consorcio integrado por la santafesina RAFA S.A. y las firmas estatales chinas PowerChina y Beijing Chengdong.

La polémica escaló rápidamente al convertirse en el primer gran conflicto bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

La Cámara Argentina de la Construcción Modular e Industrializada (CACMI) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) advirtieron que las pymes locales cuentan con la tecnología, capacidad instalada y calidad necesarias para proveer dicha infraestructura. Lamentan que se haya elegido una opción importada en una obra estratégica para el desarrollo nacional.

Argumentan que el complejo habitacional de alta cordillera (Campamento Batidero) demandará unos 45.000 metros cuadrados de edificación y más de 4.500 toneladas de acero. Al fabricarse íntegramente en Beijing bajo la modalidad «llave en mano», el compre local de estos materiales queda reducido a cero.

Los puestos de trabajo

Según CACMI, si las viviendas se hubiesen fabricado en el país en lugar de importarse desde China, se habrían generado más de 400 puestos de trabajo directos en las plantas industriales argentinas.

Al traerse los módulos prefabricados y listos para armar, el requerimiento de mano de obra en el terreno es considerablemente menor.

Los obreros contratados localmente se enfocarán estrictamente en tareas de movimiento de suelos, bases de hormigón, interconexión de servicios y el ensamblaje de las estructuras de acero.

A pesar de la polémica, el consorcio integrado por la firma santafesina y las corporaciones chinas firmó un compromiso explícito para priorizar la contratación de personal y operarios de la provincia de San Juan para realizar estas tareas de montaje en la alta montaña.

Ruptura de la cadena de valor y empleo local

La Cámara de Proveedores Interindustriales Mineros de San Juan (CAPRIMSA) calificó la decisión como un «sacudón». Denuncian que corta una racha positiva en la que los grandes contratos mineros se venían asignando a empresas radicadas en San Juan.

Las cámaras alertaron sobre ofertas laborales del consorcio chino que exigen «traslado» a la provincia. Esto relega a los profesionales, técnicos locales e ingenieros de la región andina.

Competencia desleal y «Dumping» geopolítico

Las cámaras critican que las pymes argentinas deben competir en condiciones de «cancha inclinada» contra el dumping estatal de corporaciones chinas que reciben subsidios directos de su gobierno, lo que destruye la competitividad del mercado local.

Desde el sector sanjuanino (CAPRIMSA) también recordaron malos antecedentes comerciales previos de la firma PowerChina en otras provincias mineras, como Salta, cuestionando la reputación de los socios elegidos por RAFA S.A..

El presidente Morea

El CEO a nivel global de Vicuña Corp es Ron Hochstein, mientras que José Luis (JóSe) Morea es el Country Director para Argentina y Chile. En la actualidad, Morea también se desempeña como presidente de la Cámara Minera de San Juan.

El nombre de Caputo

Dirigentes políticos y cámaras empresariales locales nombran al presidente Javier Milei, a Federico Sturzenegger y al ministro Luis Caputo como quienes facilitan que un consorcio internacional desplace a la industria argentina. Argumentan que las ventajas del RIGI permitieron que la oferta china gane la licitación por sobre los proveedores locales.

El nombre del ministro ya había estado asociado al Proyecto Vicuña meses atrás, tras una denuncia del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan. Se cuestionó una intención del Ministerio de Economía de la Nación de ceder una línea eléctrica de 500 kV a la minera para reducir sus costos operativos.

El Gobierno provincial cuestionó la contratación china

Aunque más bien tarde –ya lo habían hecho varias entidades y centenares de personas en las redes sociales-, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, afirmó que la decisión de contratar una empresa china para construir módulos habitacionales del proyecto Vicuña «no es una buena noticia» para San Juan.

La decisión de la empresa Vicuña de adjudicar a una firma china una parte clave de la construcción de su futuro campamento minero abrió un fuerte debate en San Juan sobre el impacto real que tendrán las grandes inversiones en la economía provincial. Frente al reclamo de cámaras empresariales y proveedores locales, el Gobierno provincial tomó posición y expresó su preocupación por una medida que considera contraria al objetivo de fortalecer el entramado productivo sanjuanino.

El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, sostuvo que la contratación de una empresa extranjera para fabricar gran parte de los módulos habitacionales del proyecto «no es una buena noticia» para la provincia y confirmó que ya existen conversaciones con la compañía para abordar la situación.

«No es lo que queremos en el Gobierno de la provincia para el desarrollo minero de San Juan«, afirmó el funcionario al referirse a la decisión empresarial que generó malestar entre las principales cámaras de proveedores mineros.

Fernández explicó que la Provincia viene trabajando desde hace meses junto al Ministerio de Minería en una estrategia para fortalecer la cadena de valor local y recordó que el gobernador Marcelo Orrego presentó esta semana en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa destinada a potenciar el empleo sanjuanino y la participación de empresas provinciales en los grandes emprendimientos.

Según detalló, la propuesta busca generar herramientas que permitan al Estado promover el desarrollo local sin interferir en las decisiones privadas ni vulnerar los principios de libertad económica establecidos por la Constitución.

«Se trata de un recurso no renovable que pertenece a los sanjuaninos y cuya explotación se realiza mediante concesiones otorgadas por el Estado. Eso nos permite establecer condiciones que favorezcan el desarrollo local», explicó.

Uno de los puntos centrales de la discusión gira en torno a la falta de previsibilidad sobre las futuras demandas de bienes y servicios de los proyectos mineros. El ministro consideró que muchas oportunidades para proveedores locales se pierden porque las licitaciones privadas no se comunican con suficiente anticipación.

«Las empresas tienen que brindar información con tiempo para que los proveedores conozcan cuáles serán las demandas y puedan prepararse. Lo mismo ocurre con la capacitación de los trabajadores», señaló.

En ese sentido, confirmó que el Gobierno promovió encuentros entre Vicuña y las cámaras empresariales que manifestaron su descontento por la contratación de la firma asiática. El objetivo es abrir canales de diálogo y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse durante las próximas etapas de desarrollo de los megaproyectos mineros.

Además, informó que actualmente se encuentran en evaluación las ofertas para la construcción de tres nuevos campamentos destinados al personal del Corredor Norte, cuyas adjudicaciones se conocerán próximamente.

La compañía remarcó que mantiene una política de promoción de proveedores locales en aquellas actividades donde existan capacidades competitivas disponibles. Como respaldo de esa estrategia, señaló que más del 95% de sus trabajadores son argentinos y que cerca del 73% de sus empleados directos son sanjuaninos.