Para bailar un tango se necesitan dos… y de pronto apareció Quintela

A poco más de un año de las elecciones que determinarán el nuevo mapa de poder provincial, la apuesta del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela de cuestionar la legitimidad de los acuerdos territoriales firmados en 1968 entre su provincia y San Juan, tiene un trasfondo mucho más político que geográfico.

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Hasta ahora el tema pasaba por los réditos futuros de la gran minería. Si bien el tema lo venía manejando desde hace tiempo Quintela, el conflicto toma estado público nacional cuando se divulga un fallo dictado por la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, en el marco de una medida presentada por la Fiscalía de Estado riojana.

El fallo ordena suspender actividades vinculadas al proyecto durante 30 días e impide la circulación por el principal acceso logístico desde territorio riojano, una traza clave para el movimiento de personal y proveedores.

Desde La Rioja argumentan que la medida responde a un presunto riesgo ambiental. Según explicaron autoridades provinciales, el reclamo se basa en la falta de respuestas de la empresa ante pedidos vinculados a la Evaluación de Impacto Ambiental y al uso de infraestructura vial. La magistrada consideró que existía urgencia suficiente para actuar sin escuchar previamente a la firma, con el objetivo de prevenir posibles daños.

El histórico y anacrónico conflicto de límites entre San Juan y La Rioja marca el escenario político de un año electoral

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Nadie duda que detrás del fallo está la mano de Quintela quién ha redoblado la apuesta al elevar la tensión en la histórica disputa de límites con San Juan con un reclamo formal sobre territorios estratégicos: el megaproyecto minero Josemaría y el emblemático Parque Provincial Ischigualasto (Valle de la Luna).

El eje del planteo radica en la legitimidad de los acuerdos actuales. Quintela denunció que los límites vigentes fueron impuestos en 1968 por gobernadores de facto durante la dictadura de Onganía. Bajo este argumento, solicitó que el Senado de la Nación intervenga, apelando a su facultad constitucional para resolver definitivamente los límites interprovinciales.

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Con este movimiento, La Rioja cambia la estrategia; ya no solo se discuten permisos ambientales o rutas logísticas, sino la propiedad misma de la tierra donde se encuentra uno de los yacimientos de cobre más grandes del continente y un patrimonio de la humanidad clave para el turismo y muy caro al sentimiento provincial.

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Quintela, sabe que legalmente, es extremadamente complejo y difícil desconocer acuerdos de límites firmados durante gobiernos militares, debido al principio de seguridad jurídica y a la doctrina de la Corte Suprema que convalidó la mayoría de los actos de dichos gobiernos. El desconocimiento es difícil porque la «doctrina de facto» fue convalidada en gran medida para garantizar la continuidad del Estado.

La Corte Suprema ha establecido que los actos de gobiernos de facto que no fueron desechados por el Congreso tras el retorno de la democracia conservan su fuerza de ley.  Para que estos límites cambien, el Congreso de la Nación (específicamente el Senado) debería sancionar una nueva ley que derogue la actual o la Corte Suprema de Justicia debería intervenir en un juicio originario entre provincias, como establece el artículo 117 de la Constitución Nacional.

El fallo ordena suspender actividades vinculadas al proyecto durante 30 días e impide la circulación por el principal acceso logístico desde territorio riojano, una traza clave para el movimiento de personal y proveedores.

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Pero si nos enredamos en los vericuetos jurídicos, nos alejaríamos del meollo de la cuestión. Ricardo Quintela es frecuentemente caracterizado como un «cacique de la vieja escuela». Esta descripción responde tanto a su extensa trayectoria territorial como a su estilo de liderazgo dentro del peronismo. 

Su carrera es el ejemplo clásico del ascenso gradual en la estructura política riojana, habiendo ocupado casi todos los cargos relevantes.

Fue tres veces intendente de la ciudad de La Rioja (2003-2015), diputado provincial y diputado nacional. Ejerce como gobernador desde 2019, logrando su reelección en 2023 con más del 52% de los votos. 

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Conocido como «El Gitano»,  mantiene un trato directo y personalista, siendo común verlo caminar por la calle y tratar a los vecinos como amigos.

Ha demostrado ser un político hábil para marcar agenda. Un ejemplo reciente es la emisión de la cuasimoneda (el Chacho) y la reactivación del conflicto de límites con San Juan, movimientos interpretados como posicionamientos políticos fuertes frente al gobierno nacional.

Actualmente busca proyectarse a nivel nacional como un articulador de la unidad del peronismo, habiendo desafiado incluso liderazgos consolidados como el de Cristina Kirchner en la interna del Partido Justicialista.

Para ello, utiliza un lenguaje muy crítico hacia el centralismo porteño y defiende un Estado presente que «estimula y asiste», valores centrales del peronismo tradicional. 

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Conociendo al personaje es más fácil advertir cuáles serán sus movimientos. El riojano sabe que su estrategia le viene como anillo al dedo en un momento de gran crisis social y económica de su provincia.

Pero para bailar el tango se necesitan dos.

Y es acá donde veremos como en los próximos días el “conflicto” irá adquiriendo una dimensión mucho mayor. Y ese segundo bailarin será sin duda Marcelo Orrego.

Una prueba es que además del gobernador, ya salieron a la cancha algunos de sus hombres clave como Fabian Martín y el fiscal de Estado Sebastian Dávila.

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El gobernador Orrego sabe que el tiempo de los partidos provinciales está en franco descenso desde la reforma constitucional de 1994. Y en la lucha ideológica que se avecina para las elecciones generales del año próximo este caso es una brillante oportunidad para abrir las posibilidades de una tercera vía donde prevalezca lo provincial

Mientras que Quintela apuesta a la confrontación directa y mediática, Orrego despliega una estrategia de «institucionalismo defensivo». Su habilidad no se mide en el «juego de picardía» política, sino en la solidez técnica y legal de su respuesta y su defensa territorial por encima de las ideologías partidarias.

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Orrego sostiene que el límite no es un «acuerdo de funcionarios», sino una ley nacional con más de 50 años de vigencia que no ha sido cuestionada por el Congreso Nacional en democracia. Se apoya en el Artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que los recursos naturales corresponden a las provincias, reafirmando que lo que está en el subsuelo sanjuanino es de San Juan. 

Para ello utiliza un tono de cautela institucional que busca contrastar con los «ataques» o «juegos» políticos de La Rioja:

Mientras Quintela endurece el reclamo incluyendo a Ischigualasto, Orrego responde que trabajará «con todos sin distinción de ideología», pero que defenderá la provincia «contra cualquier tipo de ataque».

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Intenta que el conflicto por el Proyecto Vicuña y Josemaría se resuelva en tribunales o en el Senado, evitando que el ruido político afecte el clima de inversión minera en la provincia. 

Y es aquí donde se pone a prueba su habilidad real. Debe gestionar la presión de las empresas mineras (como Lundin Mining y BHP) y encontrar vías alternativas o soluciones diplomáticas para que el bloqueo no paralice los proyectos, sin ceder en el reclamo por las regalías que exige La Rioja. 

En una palabra, plantea un resurgimiento del provincialismo y la defensa de sus intereses por encima de las cuestiones políticas. Y eso es –sin duda- una inmensa arma política en una carrera electoral que ya empezó. Y en la que al resto –incluyendo adversarios- sólo le queda acompañar.

JCB
Ilustración Miguel Camporro