Los servicios públicos aumentaron cuatro veces más que el nivel de precios

Los servicios públicos se convirtieron en uno de los gastos que más presión ejercen sobre el bolsillo de las familias argentinas. Desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2026, la canasta integrada por electricidad, gas, agua y transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) acumuló un incremento de 944%, mientras que el nivel general de precios avanzó alrededor de 249% en el mismo período.

La diferencia implica que el gasto calculado para esos servicios creció a un ritmo cercano a cuatro veces el de la inflación general, de acuerdo con los datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet.

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La brecha no corresponde únicamente al fuerte ajuste aplicado durante 2024. También se observa durante este año: entre enero y agosto de 2026, la canasta de servicios acumuló una suba del 57,9%, frente a una inflación del 21,7%.

El fenómeno tiene una explicación central: durante los últimos años el Gobierno avanzó con una recomposición de los precios relativos, redujo subsidios y trasladó progresivamente una proporción mayor del costo de los servicios hacia los usuarios. El objetivo fue achicar la diferencia entre el valor pagado en las facturas y el costo efectivo de producir o prestar esos servicios.

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El impacto fue diferente según cada rubro. Desde diciembre de 2023 hasta agosto pasado, el gasto estimado en gas aumentó 2.071%, mientras que el correspondiente al transporte avanzó 1.442%. El agua registró una suba del 544% y la electricidad, del 501%.

El peso sobre los ingresos también creció. Según el IIEP, en agosto la canasta de servicios equivalía al 15% de un salario promedio registrado estimado en $1.993.280. Un año antes, ese ingreso alcanzaba para pagar 8,1 canastas de servicios; ahora permite cubrir 6,9.

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La incidencia resulta todavía mayor entre los sectores de menores ingresos. Un relevamiento difundido a mediados de año mostró que esos hogares llegaban a destinar alrededor del 22% de su presupuesto al pago de electricidad, gas, agua y transporte, aproximadamente cuatro veces la proporción registrada al comienzo de la actual gestión nacional.

La contracara de la recomposición es la reducción de subsidios. A pesar de los aumentos, las familias todavía no pagan el costo completo de los servicios. En promedio, las tarifas abonadas por los hogares del AMBA cubren alrededor del 55% del costo, mientras que el Estado absorbe el 45% restante. En electricidad, los usuarios residenciales cubren aproximadamente el 63% y en gas, cerca del 60% del costo de abastecimiento.

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El desafío hacia adelante será determinar cuánto resta todavía de la recomposición tarifaria. Aunque los usuarios comenzaron a afrontar una proporción considerablemente mayor de los costos, el Estado continúa subsidiando una parte relevante. Esa tensión anticipa que las tarifas seguirán siendo uno de los componentes centrales del presupuesto de los hogares y también de la política económica.

San Juan en un escalón intermedio

San Juan se encuentra en un escalón intermedio a nivel nacional en el costo y aumento de los servicios públicos, quedando por debajo de las regiones con tarifas más caras (como el Noreste o la Patagonia) pero en sintonía con la fuerte dinámica de quita de subsidios que afectó a todo el país. En el panorama interanual, la división de Vivienda, agua, electricidad y gas en la región de Cuyo acumuló una suba del 50,8%, prácticamente igualando el promedio de la región Pampeana (49,3%) y el Noroeste (50,1%), aunque notablemente por debajo del Noreste argentino, que lideró las subas con un 74,5%.