- 14 de agosto de 2026
La polémica por los fondos para caminos
Un tema donde la política y la economía se entrecruzan
Cada vez que un ciudadano carga nafta o gasoil, paga el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) regulado por la Ley 23.966. Por ley, este tributo tiene un destino específico que se distribuye de la siguiente manera:
- SisVial (Fideicomiso de Infraestructura de Transporte): 28,58%.
- ANSES (Seguridad Social): 28,69%.
- FONAVI (Vivienda): 15,07%.
- Provincias (Coparticipación): 10,40%.
- Tesoro Nacional: 10,40%.
- Infraestructura Hídrica: 4,31%.
- Compensación de Transporte Público: 2,55%.
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El desvío de fondos hacia el superávit
La paradoja actual radica en que, entre enero de 2024 y mayo de 2026, el SisVial recaudó aproximadamente $1,503 billones, pero el Ministerio de Economía de la Nación ejecutó apenas el 26,2% ($394.406 millones) en obras viales.
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El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el 73,8% restante es retenido por el Palacio de Hacienda e invertido en colocaciones financieras para garantizar el equilibrio fiscal y el superávit. La estrategia de la Casa Rosada busca un «cambio de paradigma»: que el Estado no financie las rutas con impuestos, sino delegando el gasto en el sector privado o en las provincias.
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La pregunta es si puede una provincia asumir pagos que no le corresponden.
Digamos que legalmente es viable bajo la figura de la delegación de competencias. Las provincias no modifican la titularidad ni la jurisdicción de las rutas (que siguen siendo nacionales), pero firman acuerdos para encargarse de las responsabilidades operativas y financieras.
El marco normativo que habilita esta transferencia es el Decreto 253/2026, firmado por el presidente Javier Milei. Este decreto faculta a un grupo de provincias (entre ellas San Juan, Santa Fe, Córdoba y Mendoza) a asumir la gestión temporal de los corredores nacionales dentro de sus territorios.
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El decreto contempla tres vías para costear estas obligaciones:
- Recursos propios de las provincias (provenientes de otras partidas o ahorros locales).
- Financiamiento privado mediante esquemas de obra pública.
- Concesiones por peaje, cobrando directamente a los usuarios para mantener los trazados.
El caso específico de San Juan y las rutas delegadas
El 10 de agosto de 2026, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, firmó en Casa Rosada un convenio clave con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. . El convenio es por veinte años y comprende las rutas nacionales 40, 20,153, 150 y 149 además del nudo vial que conecta la Ruta 40 con la Avenida de Circunvalación ((AD14). Esas ritas continúan integrando la Red Vial Nacional y al término del convenio pasan al patrimonio de Vialidad Nacional.
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Si analizamos la situación advertimos:
- Hay una doble imposición de los sanjuaninos: Los ciudadanos pagan el ICL integrado en el precio del combustible en los surtidores de San Juan. Sin embargo, dado que la Nación absorbe esos fondos para la macroeconomía, la provincia debe gastar sus propios fondos para que las rutas no queden abandonadas, lo que implica que el contribuyente financia el sistema vial dos veces.
- – Aunque en el traspaso no se aclararon fondos nacionales, San Juan utilizará una vía alternativa de financiamiento. La provincia usará un adelanto administrativo de USD 250 millones proveniente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la minera Vicuña Corp. para transformar 143 kilómetros de la Ruta 40 Norte y construir derivadores en la Ruta 150.
- – Al derivar fondos mineros o créditos internacionales (San Juan tiene autorizaciones para buscar hasta USD 600 millones) a reparar rutas de jurisdicción nacional, la provincia deja de invertir esos recursos en escuelas, hospitales o infraestructura puramente provincial.
SEGÚN UNA INVESTIGACION DE ALCONADA MON
“El fideicomiso del SisVial: recaudó $1,5 billones para rutas, pero solo giró una cuarta parte y usó el resto como moneda política”
El fideicomiso creado para financiar las rutas nacionales volvió a quedar en el centro de la escena tras una investigación de Hugo Alconada Mon publicada en el diario LA NACION. Entre 2024 y mayo de 2026, el Sistema Vial Integrado (SisVial) —que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con destino legal exclusivo a la red vial— recaudó $1.503.252 millones, pero apenas ejecutó $394.406 millones en obras: una subejecución acumulada del 73,8%.
Al 31 de mayo, más de $1 billón permanecía colocado en plazos fijos y títulos públicos, y otros $37.761 millones estaban inmovilizados en una cuenta corriente del Banco Nación, entidad que administra el fideicomiso.
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La misma investigación detalla que, entre enero y mayo de 2026, Economía sí giró unos $33.786 millones para obras viales, concentrados en tres «ventanas legislativas» de tres días (víspera, día y jornada posterior a votaciones clave): la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil (11-13 de febrero, $17.139 millones), la Ley de Glaciares (8-10 de abril, $12.551 millones) y Hojarasca y Zonas Frías (19-21 de mayo, $14.096 millones).
El reparto por provincia fue el siguiente:
>JUJUY: la empresa José J. Chediack SAICA cobró $11.987 millones para obras en la ruta nacional 34; el 97,5% de ese monto llegó dentro de esas tres ventanas. Los legisladores alineados con el gobernador Carlos Sadir acompañaron al oficialismo en las tres votaciones.
>MISIONES: la UTE Enríquez-Albano recibió $4.466,5 millones durante las ventanas de febrero y mayo para la ruta nacional 105 (del total del período, Misiones sumó $13.493 millones). Los legisladores del gobernador Hugo Passalacqua acompañaron en ambas oportunidades.
>SANTIAGO DEL ESTERO: Vialidad Provincial recibió $9.886 millones, destinados a la autovía de la ruta nacional 9 entre la capital y Termas de Río Hondo (56% de avance). Es el caso atípico: pese a los fondos, los legisladores santiagueños votaron en contra del oficialismo en todas las ventanas.
>TUCUMAN: la Dirección Provincial de Vialidad recibió $2.322,8 millones para la ruta provincial 307, con tres años de demoras y menos del 20% de avance físico. Los legisladores alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo acompañaron al Gobierno.
>SANTA CRUZ. recibió $2.104 millones el 19 de mayo, víspera de la votación de Zonas Frías — el único pago del año a esa provincia. El legislador alineado con el gobernador Claudio Vidal votó en el mismo sentido que el oficialismo.
>SALTA: la Dirección Provincial de Vialidad recibió más de $1.787 millones durante las ventanas de Glaciares y Zonas Frías. Los legisladores del gobernador Gustavo Sáenz acompañaron en ambas votaciones.
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En conjunto, el 92,5% de los $18.045,4 millones que cobraron las vialidades provinciales de Tucumán, Salta, Santa Cruz y Santiago del Estero coincidió con esas tres ventanas legislativas.
Alconada Mon señala además que el mismo patrón se repitió en 2024 (un giro de $11.275 millones coincidió con la aprobación de la Ley Bases) y en 2025, con desembolsos en marzo (acuerdo con el FMI, $6.596 millones a Santa Cruz), mayo (Ficha Limpia, $7.895 millones a Jujuy) y agosto (suba jubilatoria y emergencia en discapacidad, $20.983 millones repartidos entre Jujuy, Córdoba y Misiones).
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La controversia derivó también en el plano judicial: la diputada Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal contra el ministro Caputo y funcionarios de Vialidad Nacional y el Banco Nación, por presunta malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, buscando establecer cuánto dinero ingresó efectivamente al fideicomiso y qué ocurrió con los fondos retenidos.