- 1 de febrero de 2025
La calidad institucional es tan importante como la economía
Desde hace décadas, en Argentina hay un relajamiento de la calidad de las instituciones.
Y muchas veces, el votante decide sus apoyos electorales en base a su bolsillo, no al respeto de las leyes.
En la división de poderes de Argentina, el Judicial es el único en el que sus integrantes no son elegidos por el voto de la gente.
El artículo 99 de la Constitución Nacional, en su artículo 99 –atribuciones del presidente- inciso 4, afirma que el titular del Poder Ejecutivo “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.
Después vienen las excusas. El presidente afirma que los senadores politizaron la elección de Lijo y García Mansilla –es probable- y que, ante eso, no va a permitir que la Corte Suprema quede con el número mínimo para votar -3 de los 5 integrantes- por lo que los nombra en comisión durante el periodo legislativo, aclarando que va a buscar que en ese tiempo sean nombrados como corresponde.
Sería creíble lo del Gobierno si hubiese presentado a 10 candidatos. Y todos habrían sido rechazados sin fundamentos. No es así en el caso de Lijo, tuvo el apoyo de senadores de diferentes bloques, pero no consiguió los dos tercios de los votos porque es un juez muy polémico, con fallos que dejan dudas y causas que durmieron en los cajones de su juzgado durante años.
Por sus declaraciones, parece que Milei está convencido que puede nombrar sus candidatos por decreto. Se basa en otra atribución del presidente para cubrir vacantes. Utiliza los argumentos de un artículo que habla en general para no cumplir con un precepto constitucional que es claro y no está sujeto a interpretaciones.
No es cierto que siempre hay dos bibliotecas. Más allá que, muchas veces, los que deben hacer respetar las leyes, hagan la vista gorda y acepten lo que saben que no corresponde.
Si Lijo y García Mansilla asumen en sus cargos y después el Senado termina rechazando el decreto del presidente, entraríamos en un conflicto con todas las sentencias en las que intervengan.
Argentina ya sufrió en el plano internacional cuando los funcionarios de turno no cumplieron con lo que dice la ley. Pasó con la estatización de YPF, que le va a salir al país más de 16 mil millones de dólares, por no hacerlo como corresponde. Pasó con fraguar los datos de inflación que daba el INDEC hace 20 años, por lo que también hay que pagar cifras siderales.
Las victorias conseguidas al llevarse por delante los alambrados, terminan saliendo caro. Son victorias pírricas…