- 10 de julio de 2026
Infierno urbano: una marea de vehículos inunda la ciudad y desborda los depósitos judiciales
Hay 260 mil autos y 160 mil motos patentados para 500 mil habitantes en edad de conducir
El microcentro convertido en una inmensa playa de estacionamiento, depósitos judiciales desbordados, RTO que sólo se exige a quienes pueden pagar y records de fallecidos por siniestros, son expresiones de una realidad: hay 552 vehículos cada 1.000 habitantes. La provincia supera la media nacional, aunque una parte de ese parque es puro cartón pintado
Buscar estacionamiento, recorrer calles angostas, tener reflejos felinos para esquivar motoqueros, embotellamientos dignos de una metrópolis… todas esas situaciones son vividas día a día en una provincia que no llega al millón de habitantes, pero cuyas calles colapsan ante el menor inconveniente.
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En San Juan hay 260.000 autos y 160.000 motos patentados. Sobre una población de casi 800.000 habitantes, de los cuales 580.000 están en edad de conducir, esa cuenta da un promedio de 552 vehículos cada 1.000 sanjuaninos: 347 autos y 205 motos por cada mil. Dicho de otra forma, hay poco más de un vehículo cada dos habitantes.
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Pero ese número, que sale de los registros, no es el que realmente circula por las calles. Cuando se mide el parque circulante real, la cifra baja a 527 vehículos cada 1.000 habitantes, apenas por debajo del promedio nacional, que es de 543. Ahí aparece un dato que explica buena parte del caos de tránsito: San Juan tiene una proporción de motos un 27% más alta que la media del país.
73 vehículos por cada 100 personas que pueden manejar
Si en vez de mirar el total de habitantes se mira solo a la población en edad de conducir, la foto es todavía más elocuente: hay 73 vehículos en condiciones de circular por cada 100 sanjuaninos capaces de manejar. Es un nivel de motorización alto para una ciudad que no amplió su espacio vial al ritmo que creció el parque, ni cuenta con muchas “ondas verdes” de semáforos coordinados en la zona céntrica para agilizar el tráfico.
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Cabe agregar que en una época existía también una ordenanza que impedía a los colectivos circular a la par o entremezclarse con los coches particulares; hoy no existe una regla así.
Parque registrado vs. parque real: la diferencia son los fantasmas
El parque automotor registrado no es lo mismo que el parque que efectivamente circula. Hay vehículos que se desarman, que chocan y quedan inutilizables, o que simplemente dejan de usarse, y cuyos dueños nunca inician el trámite de baja. Para el registro, esos autos y motos siguen existiendo como si estuvieran circulando.
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Todo vehículo radiado o secuestrado que no es reclamado por su dueño en un tiempo prudencial acaba en el depósito judicial de 9 de Julio; y los vehículos que quedan secuestrados tampoco se dan de baja automáticamente. Solo dejan de figurar como activos si alguien inicia el trámite correspondiente, algo que sí ocurre, por ejemplo, cuando una compañía de seguros declara la destrucción total de una unidad. Mientras eso no pase, un auto que lleva años juntando polvo en 9 de Julio sigue contando, en los papeles, como un vehículo más en condiciones de circular.
La mayoría son motos que nadie va a buscar
Del total de vehículos secuestrados, la mayoría son motos. Y de esas, una parte importante nunca va a ser retirada por sus dueños: a veces porque falta documentación en regla, a veces porque directamente la multa termina costando más que la propia moto. En esos casos, no tiene sentido desde lo económico para el dueño ir a buscarla.
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Esa ecuación explica, en gran parte, por qué el depósito de 9 de Julio ha llegado al 95% de su capacidad y se encuentra al borde del colapso: no es solo un problema de espacio físico, sino de un sistema en el que a nadie le conviene, en términos de bolsillo, recuperar lo que perdió.
Sin planes de ampliar el predio y con una reforma en camino
Según el Secretario de Gobierno, Justicia y DDHH de la Provincia, Juan José Dubos “la decisión de ampliar el predio está fuera de discusión porque eso solo pospondría el problema”. Lo que se busca es un mecanismo legal para sacar vehículos de ahí más rápido de lo que entran.
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El Secretario agregó que “hoy, la Ley 1810-A solo permite compactar los vehículos del depósito, no subastarlos. El proyecto que busca cambiar eso ya salió del Ministerio de Gobierno y está en Asesoría Letrada de Gobierno, donde lo evaluarán para elaborar el dictamen previo a que pueda presentarse en la Legislatura. La idea es sumar la subasta pública como alternativa a la compactación: lo que no se pueda subastar, igual irá a compactación.”
Empezar por lo más viejo
El plan arranca por los vehículos con más antigüedad en el predio: los que están ahí desde 2020 y 2021. A esos se les va a hacer un peritaje para determinar en qué estado están y si es viable que alguien interesado los compre. Con los que todavía tienen causa judicial la salida es distinta: si están en buenas condiciones, se los puede entregar como depositario judicial a alguna repartición pública, según el delito por el que fueron secuestrados. Un caso puntual son los autos «gemelos» —robados y ya pagados por la compañía de seguros al dueño original—, donde el titular pierde el derecho a reclamo y la unidad queda habilitada para ser subastada.
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En el caso de bicicletas en mal estado, muchas podrían ser enviadas al penal de Chimbas para actividades de laborterapia de los internos, luego donadas a colegios o instituciones públicas. Por ahora no hay una estimación oficial de cuánto podría recaudar la provincia con los remates. Ese cálculo recién va a poder hacerse una vez que avance el peritaje y se sepa con precisión cuántas unidades están realmente en condiciones de subastarse.
El problema de la cantidad de vehículos en San Juan excede a un depósito judicial que los conserve. Si se considera que un auto promedio tiene una longitud de 3 metros, y una moto un metro y medio, si colocamos todos esos vehículos uno atrás del otro, el cálculo da una fila interminable de 1200 kilómetros, en otras palabras, 100 kilómetros más de la distancia que separa al campanil de la Plaza 25 de Mayo del Obelisco de Buenos Aires.
Todo mezclado
Aunque haya una legislación que lo regule, como en muchas otras cosas no hay control para un fenómeno que crece: Son raros los ciclistas y motoristas que respetan los semáforos, hay agencias de autos que ocupan más de media cuadra, se multiplican los estacionamientos exclusivos para funcionarios y fuerzas de seguridad y se pretende que en el microcentro circulen al mismo tiempo autos, motos, bicicletas, grandes ómnibus y camiones repartidores mientras se eliminan bulevares para que haya aun más caos.
El caso del excomisario
El ex comisario Gustavo Padilla fue condenado en septiembre de 2021 a seis meses de prisión en suspenso por usar para uso personal una camioneta incautada (Toyota Hilux) que estaba bajo su custodia en el Depósito Judicial. Esta sentencia fue confirmada por la Corte de Justicia de San Juan en 2023.
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Posteriormente, en marzo de 2026, enfrentó un nuevo juicio junto a otros dos policías, acusado de peculado y estafa por la presunta apropiación y desmantelamiento de un vehículo Chevrolet Corsa en el predio de 9 de Julio. Sin embargo, en esta segunda causa, el exjefe policial fue absuelto por el beneficio de la duda.
¿Qué pasa si le sacan partes a mi vehículo?
En el imaginario popular, se cree que el depósito de 9 de Julio es un lugar ideal para conseguir repuestos.
Hay autos y motos que llevan más de cinco años depositados y lo más probable es que nunca se recuperen. Y de ahí que se piensa que algunos vehículos fueron desmantelados.
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Incluso hubo denuncias de particulares reclamando por ello.
¿Qué pasa si alguien que retira su vehículo le faltan partes? Si puede probarlo, el Estado es responsable como custodio del bien incautado y además de hacerse cargo en l o pecuniario, debería iniciar sumario administrativo a los responsables del predio e incluso denuncia en el fuero Penal.
Los motivos por los que no se retiran
Hay varios motivos por los que no se retiran los vehículos.
En primer lugar, por un tema económico. Muchas veces, el infractor no tiene el dinero para pagar la multa, la estadía y el traslado del vehículo infractor.
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Está también el tema de la conveniencia. Hay motos que valen menos que lo que hay que pagar para retirarlas. Es más conveniente sacar una moto nueva -las más económicas pueden costar dos millones de pesos- y pagarlas en cuotas.
Otro tema recurrente es el de los papeles. Cuando el titular del vehículo falleció, el comprador que no hizo la transferencia o los herederos deberían hacer un juicio sucesorio para poder ser legítimos propietarios. Y esa falta de titularidad hace que no puedan retirar el vehículo. Otras veces, directamente, son vehículos que vienen “flojo de papeles”.