- 15 de noviembre de 2025
Guillermo Baigorrí, nuevo Fiscal General: «No es necesario que la cabeza intervenga en todo»
Tras varios meses de incertidumbre, finalmente la Cámara de Diputados eligió al nuevo Fiscal General de la Corte de Justicia. No fue un trámite sencillo, el oficialismo no contaba con los votos en un primer momento, pero en el día de la votación, alcanzaron una mayoría contundente.
El elegido es un abogado de larga trayectoria, que hace unos tuvo un paso en la política como diputado nacional y es juez de Cámara Laboral.
Baigorrí estuvo en La Ventana y fue entrevistado por Juan Carlos y Juanca Bataller.
—No debe ser fácil suplantar a alguien que estuvo 32 años al frente del Ministerio Público…
—No, no es fácil. Por el tiempo y por el perfil de Eduardo Quattropani. Fue quien se hizo cargo de toda la evolución del Ministerio Fiscal y tenía una participación personalísima en todas las decisiones. El funcionamiento estaba muy atravesado por ese esquema. Tomar la posta implica adaptarse a esa estructura y, al mismo tiempo, imprimir una impronta propia.
—¿El Ministerio Público no está sobredimensionado, por ejemplo, en materia electoral?
—Podría pensarse así, pero en realidad el Ministerio Público es un contralor de legalidad y garantía de derechos. En San Juan, el Tribunal Electoral está integrado por dos ministros de la Corte y el fiscal general. Así fue diseñado.
—Uno de los sistemas que funcionó mejor en San Juan fue Flagrancia. ¿Cómo lo evalúa?
—Flagrancia fue el inicio del sistema acusatorio y la respuesta inmediata al delito de todos los días. Antes, muchos casos menores se perdían en la “puerta giratoria”. Este sistema descomprimió, ordenó y dio resultados. Después vinieron las otras unidades fiscales y hoy el modelo funciona.
—Ya como fiscal general electo, ¿con cuál Ministerio Público se va a encontrar?
—Formalmente aún no tomé posesión, pero hablé con coordinadores de unidades. Algunas están muy bien, con recursos suficientes; otras están saturadas y necesitan más personal y herramientas. En términos generales funciona, pero todo puede mejorarse y aggiornar algunos aspectos.
—El funcionamiento anterior era calificado como muy verticalista. ¿Su esquema será distinto?
—La ley establece un sistema jerárquico, sí, pero dentro de eso puede haber filtros y controles. Los fiscales de caso deben tener autonomía, trabajar con independencia y asistencia de los coordinadores. No es necesario que la cabeza intervenga en todo. El verticalismo no implica autoritarismo.
—La gestión previa tuvo choques con la Corte. ¿Cómo será su relación?
—Soy componedor. Apuesto al diálogo y al consenso. El Poder Judicial —Corte, tribunales, fiscalía, defensoría— debe trabajar con armonía. Claro que hay tensiones y distintos intereses, pero hay que redoblar esfuerzos para acordar.
-Ya hay queja porque en los últimos ascensos, de más de 200 promovidos, uno sólo es del Ministerio Público.
-Lo de los ascensos es un claro ejemplo que este cargo exige diálogo permanente con la Corte.
—Otro conflicto fue el del cuerpo forense, si depende de usted o de la Corte ¿cuál es su postura?
—Personalmente creo que es una batalla innecesaria. El cuerpo forense asiste no solo a fiscalías, sino al resto del Poder Judicial. En mi caso, como tribunal Laboral, intervine en juicios en los que fue necesaria la participación de peritos. Nadie duda de su buen funcionamiento bajo la órbita de la Corte. No veo un perjuicio que justifique la disputa.
—¿Qué lo motivó a presentarse? Usted tenía un cargo cómodo en la Cámara Laboral.
—Estos lugares tienen un reconocimiento especial en el mundo jurídico. Es como querer dirigir la Selección: no es por dinero ni por tranquilidad. Como camarista no tenía las presiones de resolver muchos casos todo el tiempo como un juez de primera instancia niel peso político de la Corte. Pero usted sabe que todo cardenal quiere ser papa. Es un desafío ser integrante de la Corte o ser Fiscal General que muchos aspiramos asumir.
—Una marca de la gestión anterior fue la permanente comunicación con la prensa. ¿La mantendrá?
—Sí. La ley obliga a informar, sobre todo en casos de delitos contra la administración pública. Los partes diarios eran útiles. Pero creo que debe profesionalizarse la comunicación: proteger la intimidad, el principio de inocencia y evitar que una información sin filtro cause daños irreparables. Un comunicador especializado puede procesar y ordenar lo que los fiscales produzcan.
—A nivel nacional se discute que las provincias asuman el narcomenudeo. ¿Qué postura tiene?
—Es un tema constitucional. Las leyes federales las aplica la Justicia Federal. Si se transfiere el narcomenudeo, debe haber transferencia de recursos. Caso contrario es imposible asumirlo adecuadamente.
—Otro problema es la sobrepoblación carcelaria.
—Es un problema de San Juan, del país y de todos lados. Por eso los métodos alternativos de solución de conflictos son valiosos. No siempre la cárcel es la respuesta más eficaz.
—¿Seguirán sin otorgarse probation en casos de violencia de género?
—Eso debe analizarse dentro de la política criminal. Hoy el derecho penal no solo sanciona: también busca reparar. En algunos delitos enviar a la cárcel puede tener sentido; en otros es imprescindible evitar que la víctima se vea presionada a aceptar soluciones que no la protejan.