¿Eskenazi está detrás de los fondos buitres que quieren cobrar millones por YPF?

Fue socio minoritario de Repsol. Vendió los derechos a un fondo buitre cuando se estatizó. Una jueza de Nueva York falló contra Argentina. Se estima que deberemos pagar entre 8 mil y 15 mil millones de dólares. Las sospechas sobre el dueño del banco San Juan.

El fallo de la jueza Loretta Preska, en el que habilitó al fondo de inversión Burford a litigar contra la Argentina y a cobrarse los derechos de los accionistas que no fueron considerados cuando se estatizó YPF, trajo preocupación y también actualizó rumores sobre quien o quienes podrían estar integrando dicho fondo buitre.

En el centro de la escena aparecen Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Carlos Zannini, secretario Legal y Técnico en aquel entonces, y Angelina Abbona, la procuradora del Tesoro de ese momento.

La familia Eskenazi, dueña de los bancos de Santa Cruz, San Juan, Entre Ríos y Santa Fe, entre los activos del Grupo Petersen, presidido por Enrique Eskenazi, se encuentran una constructora y una explotación vitivinícola y olivar en Cuyo, y otros negocios, era socia en el 25% de YPF- junto con Repsol eran sociedades españolas. 

Si hay alguien que sabe y mucho de la historia de YPF y los Eskenazi, es el periodista Carlos Pagni, quien en su última editorial aparecida en el diario La Nación tituló YPF: pierde el país, ¿gana el kirchnerismo?, dejó entrever que es probable que detrás del fondo buitre esté la propia familia Eskenazi, partiendo de la base de fuertes rumores que hay en el ambiente.

Según el editorial, un abogado avisó a Zannini y a Kicillof que, si estatizaban como lo hicieron, enfrentarían demandas billonarias en dólares; pero, sospechosamente, ellos avanzaron igual. Cuando se produjo la nacionalización de YPF, en realidad se les dieron acciones a firmas españolas, y detrás de ellas, a sociedades australianas.

Esas están en convocatoria en España y vendieron sus derechos para litigar conta YPF y contra el Estado nacional al fondo Burford. Según el análisis realizado, cuando se estatizó se ignoró lo que preveía el estatuto en los relacionado con  los derechos que tienen los accionistas para la transferencia de activos. Ahora el fondo buitre quiere ser resarcido dado que le compró los derechos a los Eskenazi. El tema pasa por saber cuánto la costará al país lo que terminó siendo una fallida renacionalización de YPF.

 Es una cifra no establecida técnicamente. Dicen que puede ir de US$ 8000 a 15.0000 millones. Hay técnicos que sostienen que, si se hace bien el cálculo, puede ser muchísimo menos. Tampoco Se sabe si no están los Eskenazi detrás del fondo Burford y si se quedarían con el 30% de lo que cobraría ese fondo. Una versión insistente en el mercado afirma que tendrían acciones de ese fondo.
Aparentemente se produjo una secuencia de errores que, en principio, solo favorecería a la familia Eskenazi.

No considerar el estatuto en cuanto a los requisitos para enajenar, acuerdo, promovido por Kicillof, entonces ministro de Economía, Abbona, y Zannini, sostuvo que Repsol renunciaba a los derechos que tiene por la violación del estatuto, era una forma de reconocer un derecho.

Si el Estado admitía que Repsol tenía derechos por la violación del estatuto, los otros accionistas, los Eskenazi o aquellos a los que les vendan sus derechos, iban a pedir lo mismo.

Mientras tanto, Axel Kicillof fogoneaba con tuits la decisión de la presidenta Cristina Fernández. “Estamos frente a un embestida buitre. La derecha quiere volver a privatizar YPF”, escribió. Posteriormente sostuvo que “La decisión de Cristina de recuperar YPF es uno de los hechos políticos más importantes de las últimas décadas”.

La sospecha de la jueza contra los Eskenazi

En diciembre de 2020, la jueza federal estadounidense Loretta Preska dio por hecho que la familia Eskenazi, dueña del Grupo Petersen y exaccionista minoritaria de YPF, tiene un interés económico detrás de la demanda que lleva adelante el fondo angloestadounidense Burford contra la petrolera por miles de millones de dólares. Según dejó asentado Preska en el expediente, Burford y Petersen coordinaron parte de la estrategia legal y a ambos beneficiaría la indemnización reclamada, vinculada a la estatización de la empresa de gas y petróleo en 2012.

Este dato resultó crucial para que la magistrada del distrito sur de Nueva York rechazara la apelación de Burford para que los Eskenazi no sean obligados a responder el “discovery” (un proceso que implica que aporten la información que fundamente el caso a solicitud de la otra parte) y que varios integrantes de la familia presten declaración en el marco de la causa. La decisión del juzgado significó un aval a la estrategia de YPF y la Procuración del Tesoro argentina, que a toda costa quieren llevar a los Eskenazi a que muestren sus cartas en el expediente.

La particularidad del avance de Eskenazi sobre YPF se dio por el hecho de que compraron su porción con préstamos de Repsol y bancos que procuraban saldar con las utilidades de la petrolera, una estrategia considerada válida por el gobierno de Cristina hasta que se frustró.

En su momento, los Eskenazi radicaron Petersen Inversora y Petersen Energía en España, sin empleados ni actividad, para el sólo efecto de canalizar sus pagos a Repsol por la compra de YPF. Consumada la expropiación a Repsol, Petersen reclamó que el Estado argentino debía haber lanzado la oferta de compra a los accionistas minoritarios. Los sellos españoles de los Eskenazi quebraron, Burford les compró los derechos de litigar por US$15 millones en 2014 y llevó la demanda a los tribunales de Estados Unidos, porque YPF cotiza en la Bolsa de Nueva York. El Estado argentino argumentó —hasta ahora, sin éxito— que la expropiación de la petrolera fue un procedimiento establecido en las leyes argentinas y que Repsol cobró la indemnización correspondiente, por lo que no cabe la participación de tribunales extranjeros.