El gran debate que se viene

El proyecto de ley de Libertad Educativa propone una reforma integral que incluye la derogación de la actual Ley de Educación. Los puntos más conflictivos.

El proyecto de Ley de Libertad Educativa, presentado por la administración nacional de Javier Milei en diciembre de 2025, propone una reforma integral que busca derogar la actual Ley de Educación Nacional (Nº 26.206).

La iniciativa plantea un cambio de paradigma al posicionar a la familia como el «agente natural» y primario de la educación de los hijos, desplazando el rol centralizador que el Estado ha mantenido desde 2006. 

El proyecto cuenta con 136 artículos y se encuentra bajo tratamiento legislativo para su posible implementación plena a partir de su promulgación. 

A fecha de febrero de 2026, la  Ley de Libertad Educativa no está vigente como norma sancionada. El proyecto se encuentra actualmente en etapa de tratamiento parlamentario y se espera que sea uno de los ejes centrales de debate en el Congreso de la Nación a partir de marzo próximo.

La iniciativa plantea un cambio de paradigma al posicionar a la familia como el «agente natural» y primario de la educación de los hijos, desplazando el rol centralizador del Estado.

>>> 

Se prevé que el debate legislativo formal comience con el inicio de las sesiones ordinarias. El Gobierno de Javier Milei ha incluido este proyecto dentro de un paquete de aproximadamente 50 reformas prioritarias para el año legislativo 2026.

Aclaremos que hasta que no se apruebe y promulgue este nuevo texto, sigue plenamente vigente la Ley de Educación Nacional N° 26.206

Ejes de la Transformación Educativa

Estos son los temas principales que se proponen.

Habilitación del Homeschooling: Se formaliza la educación en el hogar y las modalidades híbridas, permitiendo que las familias opten por métodos de enseñanza fuera del sistema escolar tradicional. Hasta ahora, el título de secundaria a distancia era excepcional. Con la nueva ley, un título obtenido mediante homeschooling o plataformas híbridas acreditadas tendría la misma validez legal que uno de una escuela presencial tradicional para ingresar a la universidad o al mercado laboral.

• Registro y Control: Las familias deberán inscribirse en un registro oficial por provincia. Aunque no habrá control estatal sobre la metodología de enseñanza, los estudiantes deberán rendir exámenes obligatorios para validar que alcanzan los contenidos mínimos. 

Examen Nacional de Finalización (ENES): Creación de una evaluación obligatoria al terminar la secundaria para medir los niveles de aprendizaje de manera estandarizada en todo el país.

La obtención del título de nivel medio dejaría de depender solo de aprobar las materias del colegio:

El título secundario quedaría vinculado al desempeño en el Examen Nacional de Finalización de la Educación Secundaria (ENES).

Los resultados de estas pruebas se harían públicos por institución (sin dar nombres de alumnos). Esto crearía un «ranking de escuelas», permitiendo que las familias vean qué colegios tienen mejor nivel académico antes de elegir.

Según el proyecto se busca que el título tenga una orientación más técnica y vinculada al mercado laboral, permitiendo certificaciones intermedias de habilidades digitales o técnicas antes de graduarse.

Autonomía Institucional: Las escuelas y universidades tendrían mayor libertad para definir sus propios proyectos pedagógicos y modelos de gestión. El proyecto busca reformar la Ley de Educación Superior (N° 24.521) con tres cambios drásticos:

• Arancelamiento para no residentes: Se habilita a las universidades a cobrar cuotas a estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente en el país.
• Financiamiento por alumno: En lugar de enviar un presupuesto global «a ciegas» a la universidad, el Estado asignaría fondos basados en la cantidad de alumnos inscriptos y graduados, forzando a las facultades a mejorar sus tasas de retención para no perder dinero.
• Examen de ingreso unificado: Aunque se mantiene la autonomía, el proyecto promueve evaluaciones de aptitud más rigurosas para el ingreso, cuestionando el modelo de ingreso directo (como el CBC de la UBA).
•  
• Financiamiento por Demanda: Se propone un cambio en el sistema de financiamiento educativo, orientándolo en función de las familias y la elección de los padres, en lugar de la oferta institucional directa.
• Se propone eliminar la obligatoriedad de destinar un piso mínimo del 6% del PBI a educación. 
•  

Control del «Adoctrinamiento»: El proyecto incluye modificaciones (específicamente en los artículos 11 y 126) para penar la militancia ideológica en las aulas y habilitar canales de denuncia para padres y alumnos. Los docentes podrían enfrentar suspensiones o sumarios si se comprueba que imparten contenidos por fuera de la currícula neutral aprobada, lo que los gremios tildan de «persecución ideológica» y «censura pedagógica.

Se busca reformular este artículo para priorizar la libertad de enseñanza y la neutralidad ideológica, penalizando lo que el gobierno define como «adoctrinamiento».

• Art. 126 (Derechos de alumnos): Se propone modificarlo para incluir explícitamente el derecho de los padres a denunciar contenidos que consideren proselitistas o militantes en el aula. 

El estado actual de la reforma

La propuesta ha generado un intenso debate público: 

Mientras el oficialismo defiende la libertad de elección y la necesidad de mejorar la calidad ante un sistema con déficits estructurales, sectores docentes y académicos advierten sobre una posible desarticulación del Sistema Educativo Nacional y una retirada de la responsabilidad del Estado en garantizar la igualdad de oportunidades. 

Organizaciones como CTERA han expresado su rechazo, denunciando que el presupuesto 2026 y la reforma representan un «ajuste educativo» y un desfinanciamiento del sistema público.

Lo que dicen los sindicatos

Los gremios docentes mantienen un rechazo total basado en tres ejes:

• Precarización Laboral: Argumentan que la autonomía institucional permitiría a cada escuela definir salarios y condiciones, rompiendo la Paritaria Nacional Docente y fragmentando el sueldo según la recaudación de cada centro.
• Educación como «Mercancía»: Denuncian que el sistema de vouchers convierte un derecho social en un bien de mercado, lo que ampliaría la brecha entre escuelas de zonas de altos ingresos y escuelas rurales o periféricas.
• Limitación de la Protesta: El punto más conflictivo es la declaración de la educación como «Servicio Esencial». Esto obliga a mantener guardias del 75% del personal durante paros, lo que los sindicatos consideran una «clausura fáctica» del derecho constitucional a la huelga.

En lugar de un presupuesto global a la universidad, el Estado asignaría fondos basados en la cantidad de alumnos inscriptos y graduados