El fiscal pidió 15 años de cárcel para Graffigna y la querella 25

El histórico megajuicio de expropiación en su etapa de alegatos

El juicio por expropiaciones entró en su etapa de alegatos.

El proceso comenzó en 19 de octubre del 2022, es decir que ya se han cumplido dos años de debate, para el que se llegaron a acumular 40 cuerpos, según detalló el fiscal Daniel Galvani.

La causa atrajo la atención pública en los últimos años  debido a las implicaciones del presunto fraude en las finanzas provinciales y al entramado de funcionarios, abogados y peritos involucrados en el proceso.

El tribunal, compuesto por Silvina Rosso, Martín Heredia y Matías Parrón, evaluará los argumentos de todas las partes y se espera que emita una sentencia a principios del próximo año.

Pero seguramente no terminará allí pues las partes pueden apelar lo que hace de este un juicio interminable. Mucho más difícil aun es que los acusados si fueran declarados responsables devuelvan al Estado el dinero ya cobrado.

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A la cabeza de los acusados se encuentra Santiago Graffigna, para quien el fiscal Daniel Galvani solicitó 15 años de prisión efectiva, al considerarlo el “jefe de una asociación ilícita” que, mediante maniobras fraudulentas en juicios de expropiación, buscaba un perjuicio millonario contra las arcas provinciales.

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La Fiscalía también destacó la implicación de otros actores en el entramado, entre ellos el exjuez Civil Carlos Macchi, para quien se solicitaron 8 años de prisión, y el abogado Horacio Alday, que enfrenta una petición de 10 años como “partícipe principal” del fraude.

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En su alegato, Galvani denunció un “patrón de conducta replicado” entre los imputados, indicando que las acciones fraudulentas incluían “procesos simulados y plagados de artimañas” destinadas a asegurar indemnizaciones infladas, favoreciendo a Graffigna y sus asociados.

Además de las penas de prisión efectiva solicitadas para los acusados principales, el fiscal expuso los montos exorbitantes que habrían sido destinados a las expropiaciones de no haberse frenado el esquema. Casos emblemáticos incluyen a los peritos de tasación y otros funcionarios, quienes, de acuerdo con la acusación, desempeñaron roles claves en el entramado de corrupción.

Fiscal Galvani en el programa La Ventana: “La pregunta que nos hacemos todos es dónde está la plata que el Estado bobo pagó por las expropiaciones”.

La querella aun más dura

A diferencia del Ministerio Público, el Fiscal de Estado desistió de pedir pena para tres de los imputados tras considerar que no hay elementos suficientes para sostener la acusación. Con las indemnizaciones que se pagaron y las sentencias que están pendientes quiénquien pidió 25 años de prisión efectiva para Santiago Graffigna.

Es que acorde indicó el abogado Rubén Pontoriero, con las indemnizaciones que se pagaron y las sentencias que están pendientes de ejecución, la defraudación supera los 300 millones de dólares. «Si no hubieran actuado las cautelares, habrían puesto en peligro a la Provincia. Es por eso que pedimos la reposición al anterior al hecho, que devuelvan los fondos que se llevaron»

Tras señalar que la mega causa impactó contra los cimientos del Poder Judicial y el Estado, afectando su credibilidad por la participación de la Justica, dado los tribunales intervinientes, la participación de la Fiscalía de Estado y sus funcionarios, al igual que los integrantes del Tribunal de Tasación y los abogados implicados, no dudó en manifestar que por sus acciones la Justicia se convirtió en una «oficina para la corrupción».

Por esa razón, para Horacio Alday, que es considerado partícipe necesario en la comisión delictiva, la parte querellante pidió 15 años de prisión efectiva. En tanto que para quien fuera juez del Quinto Juzgado Civil, Carlos Macchi, solicitó 18 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar un

Por otro lado, para los ex peritos del Tribunal de Tasación, Ana María Melvin y José Díaz Moreno, requirieron la pena de 12 años de prisión efectiva e Inhabilitación perpetua. Mientras tanto, para Néstor Adán Ruíz, que cumplía tareas en Recursos Energéticos, solicitaron 10 años de pena e inhabilitación a ocupar un cargo público de por vida.

Para Mario Díaz, quien fuera Fiscal de Estado; Juan Pablo Quiroga y Víctor Hugo de Bustos, peritos de parte en la causas investigadas, desde la querella pidieron 7 años de prisión e inhabilitación perpetua.

A diferencia del Ministerio Público, representado por Daniel Galvani y Liliana Marinero, que pidió 3 años de prisión condicional para los ex miembros del Tribunal de Tasación, Adolfo Cravero, Julio Fernández y Eduardo Olivera, la Fiscalía de Estado desistió de sostener la acusación en su contra, puesto que no habría elementos para endilgarles la participación en las presuntas maniobras delictivas.

En líneas generales, Pontoriero, que cerró con su exposición para luego darle paso al requerimiento de pena de Dávila, indicó que las intervenciones de cada uno de los imputados, que eran profesionales conscientes de lo que hacían, configuró una conducta antijurídica que causó un perjuicio millonario contra el patrimonio de la Provincia.

Si bien la figura es asociación ilícita y defraudación en perjuicio de las arcas del Estado, remarcó que detrás de las calificaciones impuestas a todos los involucrados se esconden una buena cantidad de delitos, como el de ocultación de pruebas y falsificación de los documentos públicos. «Se ha comprobado su participación, desde Graffigna que fue captando y cooptando voluntades para la máquina defraudatoria», manifestó y agregó: «Las estafas contra el Estado fueron siderales, por eso las cifras son siderales».

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Con la etapa de alegatos de la fiscalía y la parte querellante en defensa de los intereses de la provincia llega ahora el turno de las defensas de los imputados, quienes intentarán desmontar las acusaciones presentadas por el fiscal Daniel Galvani y el abogado de la fiscalía Rubén Pontoriero.

Tres casos

>Uno de los tantos ejemplos que la querella representada por Pontoriero dio para graficar el efecto de las maniobras bajo la lupa fue el de una expropiación, que ya tenía una sentencia y cuya indemnización ya había sido pagada. Sin embargo, los acusados habrían desestimado la cosa juzgada y sin temor al error habrían iniciado una nueva demanda por el mismo terreno. Como consecuencia, según dijo Pontoriero, consiguieron que una vereda de 120 metros cuadrados fuera pagada por segunda vez por 800 mil dólares.

> Según expuso el fiscal Daniel Galvani, las cifras involucradas en esta causa son millonarias, pero prefirió no hacer números. Aunque detalló varios casos específicos para ilustrar el impacto del esquema:

“En la causa Margarita Esquivel, el monto en dólares asciende a 717.686,49, más 293.984 pesos en honorarios; en la causa Luna, los honorarios alcanzan los 70.649 dólares, sumando un total de 545.003,78 en la indemnización”. Ejemplos como estos revelan un patrón de fraudes deliberadamente ejecutados con el objetivo de obtener “montos irrazonables”, señaló Galvani.

> Según Galvani sólo por expropiación del Parque de Mayo se exigía un pago estimado en los 240 millones de dólares, que hubieran puesto en jaque las arcas del Estado.

Otros acusados

-Julio César Fernández, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera: ex integrantes del Tribunal de Tasaciones, junto con José Díaz Moreno. Para los tres primeros, el pedido de Fiscalía es de una condena de 3 años de prisión efectiva por ser autores materiales responsables de los delitos de tentativa de fraude e incumplimiento de los deberes de funcionario público e integrantes de una asociación ilícita.

-Para Díaz Moreno, el pedido fue de 5 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, por fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

 -Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos: son los peritos que actuaron para Graffigna. Para Bustos, el pedido es de 6 años de prisión efectiva por ser responsable de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, además, integrante del delito de asociación ilícita. Y para Quiroga, de 5 años de prisión efectiva por ser material responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública y, además, integrante del delito de asociación ilícita.

-Néstor Adán Ruiz: exempleado de la Dirección de Recursos Energéticos. La solicitud es de 8 años de prisión efectiva por el delito de estafa y defraudación por ocultamiento de medios de prueba e integrante de una asociación ilícita.