El debate por los octógonos negros

¿Sirven poquito, mucho o nada? El lobby de algunas empresas contra los defensores de la salud

Como tantas cosas que caben en la ideología gobernante y proyectos que impulsa el ministro Federico Sturzenegger la agenda legislativa del oficialismo incluye la eliminación del etiquetado frontal que advierte sobre determinados excesos en algunos alimentos o golosinas.

El debate ya comenzó y la pregunta es su sirvieron mucho, poco o nada? Estamos hablando de los famosos y polémicos octógonos negros, uno de los aspectos centrales –no el único– de la ley conocida como de Etiquetado Frontal que estableció el kirchnerismo en 2022 y que ahora pretende derogar por completo el gobierno de Javier Milei.

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Es un tema con voces para todos los gustos, pero hay un consenso casi generalizado: la ley podría ser modificada sin necesidad de derogarla por completo. En el medio, un fuerte lobby de las empresas alimenticias, posiciones de profesionales y de entidades vinculadas a la nutrición y otras especialidades médicas y el discurso oficial que, de la mano de la ola de desregulación que impulsa Sturzenegger desde su ministerio prefiere llevar todo a fojas cero.

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El Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de derogación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, tal su nombre formal. La iniciativa se suma a un proyecto previo del oficialismo en diputados que recorre el mismo camino. Ambos textos coinciden en señalar “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” del sistema vigente y apuntan a una convergencia normativa con los países vecinos.

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El tema lo tratará primero el Senado y la idea está en carpeta junto a otros proyectos importantes del Gobierno. La ley no contempla sólo el etiquetado con octógonos, también incluye “leyendas precautorias” (destacar si los alimentos contienen edulcorante o cafeína, por ejemplo), restricciones en la comercialización en entornos escolares y prohibición de publicidad dirigida a las infancias (el uso de personajes infantiles, dibujos animados y otros en los envases).

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Está claro que la industria alimenticia local respalda el fin de los octógonos, al menos como están ahora, y aseguran también que prefieren un sistema regulatorio armonizado con el Mercosur. La postura del sector está encabezada por la Confederación de Asociaciones de la Industria Alimenticia Argentina (Copal), donde tallan gigantes del sector como Arcor, Coca Cola, Quilmes, Danone, Molinos y Unilever, entre muchos otros.

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Desde el mundo de la nutrición, hay algunas instituciones, como la Federación de Graduados en Nutrición, Fagran, no quieren cambiar nada; hay entidades más cercanas a la Organización Panamericana de la Salud, que impulsó la ley; están los más moderados, cercanos a la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), la Sociedad Argentina de Tecnólogos Alimentarios y algunas universidades importantes, que piden cambios sin derogación; y un amplio abanico de nutricionistas y profesionales que opinan, algunos con más pergaminos que otros.

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La propuesta de derogación del Ejecutivo es una respuesta a una ley que no cumplió con los objetivos de modificar hábitos de consumo en la población. Según datos que son públicos, más del 95% de los alimentos tienen advertencia. Eso quiere decir que el sistema perdió toda capacidad de diferenciar productos y que no da incentivos a modificar fórmulas, según dicen quienes apuestan a la eliminación.

El 41,1% de niños y adolescentes y el 67,9% de los adultos presenta exceso de peso y más de un tercio de las calorías consumidas proviene de productos ultraprocesados.

Hasta esgrimen una encuesta que asegura si bien el 37% de los afirma que le generan confianza en la información que brindan, una mayoría del 52% manifiesta indiferencia, rechazo, confusión o preocupación. Aunque el 45% considera que la ley “sirve”, apenas el 33% afirma utilizar efectivamente los octógonos para decidir sus compras.

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La brecha regional es uno de los ejes centrales del reclamo empresarial. Brasil, Uruguay y Chile también aplican sistemas de advertencia —con formas gráficas distintas: octógonos en Uruguay y Chile, una lupa en Brasil—, pero con umbrales y fórmulas de cálculo que la industria considera más razonables. Desde Copal señalan que la falta de armonización tiene un costo concreto para las empresas exportadoras: operar con sistemas de etiquetado descoordinados dentro del bloque cuesta, para una cartera de 100 productos, unos 900.000 dólares, contra 300.000 dólares que implicaría un sistema único.

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Las alimenticias juran que no proponen eliminar cualquier forma de advertencia, sino migrar hacia un sistema armonizado. La referencia que señalan como modelo es el esquema brasileño, que mantiene la lógica de advertencia pero con criterios regulatorios que permiten distinguir entre productos con distintos perfiles nutricionales.

El exvicepresidente Julio Cobos, uno de los impulsores originales de la norma, advirtió que el proyecto oficial “repite los argumentos de la industria” y que derogar la ley equivale a “tirar por la borda un cambio cultural”. Cobos le reclamó al Gobierno que actualice la norma en vez de eliminarla.

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Otros sectores sostienen que el actual etiquetado es incorrecto. Dicen que hay que cambiar la ley y medir sodio, azúcar y grasas saturadas cada 100 gramos; hacerlo según las calorías de los productos es una locura. Un caramelo con 90% azúcar, tiene su etiqueta; una mermelada, con 73%, también. Un yogur, con probióticos y vitaminas, con 6% de azúcar, también tiene un octógono, adirman.

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Abiertamente en contra de la derogación y también de la modificación de la ley está la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran). Creen que busca garantizar el derecho de la población de tener información clara y precisa con respecto a la alimentación y que el etiquetado frontal facilita la identificación de los productos con nutrientes críticos. Destacan que el 41,1% de niños, niñas y adolescentes y el 67,9% de las personas adultas presenta exceso de peso y que más de un tercio de las calorías consumidas por niños y adolescentes proviene de productos ultraprocesados.

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Lo concreto es que el debate por los octógonos negros está abierto otra vez y el tema es uno de los ejes de la agenda legislativa del Gobierno para el corto plazo. La salud y los intereses de un grupo de importantes empresas se mezclan otra vez y buscan armonización.