Cuando la justicia no es igual para todos

A veces por cuestiones de género, otras por edad o posibilidades económicas e incluso por demagogia judicial o por presiones de abogados mediáticos, se advierten cada vez más, fallos difíciles de entender

La igualdad ante la ley, derivada del Estado de Derecho, significa que nadie está por encima de la ley y que todos deben ser tratados por igual, sin importar su origen, sexo, religión, raza o riqueza.

Este concepto busca asegurar que no haya discriminación en el trato y que se apliquen las mismas leyes y castigos a quienes cometen el mismo delito.

El acceso a la justicia es fundamental para la igualdad y la dignidad humana, pero no todas las personas tienen las mismas oportunidades para ejercer sus derechos.

En la práctica, la justicia no es igual para todos. Aunque el principio de «igualdad ante la ley» es un ideal fundamental que establece que todos deben ser tratados sin discriminación, existen factores socioeconómicos, discriminación y desigualdades en el acceso a la justicia que impiden que todas las personas reciban el mismo trato y las mismas oportunidades. 

Aclaremos que la misma justicia establece diferencias de trato basadas en cuestiones objetivas. Por ejemplo, no es lo mismo una trompada de un boxeador profesional a una mujer de 50 kilos que una piña de esa mujer a un fornido boxeador. Y eso es lógico.

Pero en los últimos tiempos es cada vez más evidente la existencia de fallos disímiles ante situaciones similares lo cual es muy peligroso pues deja la interpretación de la ley a opiniones caprichosas de los magistrados.

>Abogados mediáticos

Fernando Burlando, Ana Rosenfeld, Mauricio D’Alessandro, Miguel Ángel Pierri y en su momento el actual ministro Cuneo Libarona, son algunos de los abogados que toman casos de repercusión pública lo que los hace centro de entrevistas mediáticas. Algunos de ellos tienen cientos de miles de seguidores en las redes lo que les da un inmenso poder ante los jueces.

Es imposible medir si la presencia de un abogado en los medios lo convierte en mejor profesional. Lo que sí se sabe es que no son pocos los abogados que transitan la pasarela entre Tribunales y la farándula. Como simple ejemplo, uno de esos abogados estuvo en la provincia, convocó a conferencia de prensa, hizo acusaciones y en realidad no estaba matriculado en el foro local y su papel era simplemente mediático. Ese mismo abogado en el caso Loan llegó a una provincia y trató duramente a fiscales y magistrados sin que fuera siquiera llamado la atención por alguna entidad de magistrados o de la matrícula.

>Un caso reciente es el de la conocida modelo y actriz Julieta Prandi. No se pone en duda que ha vivido años de infierno con su ex pareja. Tampoco siquiera la culpabilidad del sujeto en cuestión. Lo que si choca al entendimiento de alguien que no es especialista es la diferencia entre la sentencia de un abuelo que abusó a su nieto de 3 años y le dieron una pena de 8 años a cumplir en su domicilio por cuestiones de edad y los 19 años de condena efectiva al esposo de la mediática. O es muy leve una o es muy dura la otra.

>El Fiscal de Estado de San Juan ordenó a sus abogados que apelen la sentencia contra quienes hacen llamados de amenazas de bombas en lugares públicos. Por ejemplo, quién llamó en el recital de Lali Esposito, un hombre mayor y de bajos recursos, recibió una condena de 3 años en suspenso por la amenaza y de 10 mil pesos por portación ilegal de armas. El fiscal de Estado tras referirse a la conmoción que generan esos llamados, pide que las sentencias sean ejemplificadoras e incluso piensa en un reclamo civil.

>Esta semana se conoció el fallo en el caso de una mujer que en noviembre de 2021 arrojó un termo con agua caliente a un joven deportista por una discusión de tránsito. En estos cuatro años el joven dejó el deporte, sufrió varias operaciones, estuvo en terapia intensiva durante semanas, tuvo problemas renales, ataques de pánico. En pocas palabras, le cambió para mal la vida. La defensa de la acusada.  junto con el ministerio público, le propusieron al juez que la mujer recibiera una probation por la que quedará sin antecedentes, hará un pago símb0lico de 300 mil pesos en cuotas y durante cuatro meses hará trabajos de 4 horas en el municipio de Rivadavia. El fundamento principal que fue aceptado por el juez es que la mujer es de bajos recursos y tiene 7 hijos. En ningún momento se interesó por la víctima.

>La madre del deportista quemado se preguntó qué habría dispuesto el mismo juez si el agresor hubiera sido un hombre y la víctima una mujer.

>Ante una amenaza de bomba realizada por tres compañeros de curso, uno de 18 años y un día y los otros 17 años y 11 meses, el primero recibirá un trato de mayor de edad y puede ir incluso a la cárcel mientras a los menores se los devolverá a los padres como si no hubiese ocurrido nada.

>En el caso del jubilado de la universidad asesinado alevosamente en su casa y cuyo cadáver apareció con las manos atadas y quemado, se dio a conocer el nombre y apellido, antecedentes y hasta se lo dejó fotografiar a un lavacoches. Días después se detuvo a otra persona y se dejó libre al primer acusado explicando simplemente “que como era parecido en su fisonomía se lo había detenido”. En pocas palabras, era un perejil.

>Es curioso el tratamiento público que reciben algunos casos. Por ejemplo, los robos en algún supermercado donde a veces intervienen hasta 15 agentes (de las fuerzas de seguridad y el ministerio público) y se informan los nombres y hasta se dan fotos de los acusados antes de la condena de un juez. Paralelamente, en otros casos de delitos pesados o relacionados con otros sectores, la justicia prohíbe a los medios tomar imágenes.

>Fuera del ámbito penal son dignas de analizar las grandes diferencias entre sentencias en el fuero laboral, según sea el titular del juzgado. Hay casos que llevaron a la quiebra a alguna PYME y otros en los que queda casi desamparado el denunciante.

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Son simples ejemplos, muy particulares, pero pintan situaciones que explican por qué las encuestas de opinión no son favorables a la credibilidad judicial.