- 4 de septiembre de 2026
Cuando el caballo está antes que el carro
En Argentina, muchas veces, en política lo normal es lo que no tiene lógica. Y así vemos que muchas veces se pone al carro antes que el caballo.
Buscan sacar tajada antes de concretarse y terminan perjudicando los objetivos.
Esta vez, en la teoría al menos, no pasó así en un tema de gran importancia institucional.
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Desde este sábado, San Juan aplica un Régimen Penal Juvenil que baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y obliga a la Justicia provincial a funcionar, de forma transitoria, sobre una estructura todavía no diseñada para el sistema acusatorio que exige la ley nacional. Es una reforma incómoda: ni conforma a quien pedía mano dura, ni tranquiliza a quien teme la criminalización precoz de la infancia.
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Lo interesante no está solo en la ley, sino en quiénes se sentaron a resolver cómo aplicarla. En las reuniones previas participaron, entre otros, los funcionarios del Gobierno provincial de diferentes áreas, Daniel Molina, director de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con trayectoria de origen justicialista, los jueces de Menores y Fernando Castro, presidente de la Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas, sin etiqueta partidaria, que además había cuestionado públicamente el fondo de la reforma. Sumaron jueces, fiscales, legisladores y funcionarios del Ejecutivo.
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Muchos de los presentes expresaron de antemano que no es solución bajar la imputabilidad de los menores.
Y no cambiaron de opinión. Varios de los que estaban presentes creen que son más importantes las intervenciones de Desarrollo Humano y de Educación que el castigo que pueda dar el Poder Judicial.
Y más allá del desacuerdo con los cambios decididos en el Congreso Nacional, estaban sentados en las reuniones de trabajo para ayudar a obtener el mejor sistema posible para hacer que la transición funcione: qué facultades conservan los jueces mientras no exista un Código Procesal Penal Juvenil propio, cómo se garantiza la intervención de las víctimas, qué infraestructura necesita el Instituto Nazario Benavidez para los adolescentes.
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Una cosa es estar de acuerdo con una ley, y otra muy distinta es negarse a que se aplique bien. San Juan tiene una postal de algo que escasea en la discusión pública argentina: gente que piensa distinto —por origen partidario, por función institucional, por convicción profesional— sentada a resolver un problema común sin que el desacuerdo de fondo paralice la gestión.
La Corte ya prepara su acordada transitoria y el Ejecutivo coordina con Niñez y Seguridad
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No hace falta romantizar el resultado final —la reforma seguirá siendo discutible, y probablemente lo sea durante años, mientras se ve si baja el delito adolescente o termina judicializando chicos que necesitaban otra respuesta—.
Incluso muchas de estas medidas serán insuficientes para parar la violencia si sigue aumentando el consumo de drogas y se siguen desintegrando ciertas capas sociales.
Pero vale la pena señalar el método: cuando las instituciones separan la discusión sobre si una ley es buena de la responsabilidad de hacerla funcionar, todos ganan tiempo para seguir discutiendo lo primero sin sacrificar lo segundo.