- 30 de octubre de 2026
Casos de Acoso: la ley sanciona, pero llega tarde


En San Juan, hace unos días circuló un video de un creador de contenido que provoca, insulta y filma sin consentimiento a Sandra, una trabajadora en situación de vulnerabilidad que ordena carritos frente a un supermercado de avenida Libertador lo que despertó razonable indignación.
Casi en paralelo, el país se conmovió con lo ocurrido a una alumna de 17 años de un colegio de Catamarca. Según la denuncia, en abril compañeros accedieron a su celular y difundieron material íntimo; luego, en el viaje de egresados, sufrió burlas que una participante de 18 años relató y celebró en redes. La Fiscalía Penal Juvenil imputó a tres adolescentes por esa difusión; otra fiscalía investiga a la a esa joven de 18 años que relato lo sucedido por presunto hostigamiento, todavía sin imputación, y el Ministerio de Educación abrió un sumario al colegio.
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Los dos hechos son disparadores de varios análisis necesarios, como el enfático reproche ético que merecen y los autores y el rol de quienes, sin actuar, los observan pasivamente. En esta columna nos ajustamos al enfoque jurídico.
El acoso, presencial o digital, no es una «broma» ni «cosa de chicos»: tiene consecuencias jurídicas.
En el marco Contravencional: El Código de Faltas de San Juan (Ley 941-R, art. 109) sanciona a quien hostigue, maltrate física, psicológica o verbalmente, intimide o amenace a otro, siempre que no le cause lesiones que pueden configurar una conducta sancionada por el Código Penal. Prevé multa, trabajos de utilidad pública, prohibición de concurrencia o arresto de hasta 30 días.
En el marco Penal. No existe el delito de Acoso como tal, pero sí las conductas propias del él se encuentran previstas y sancionadas en el Código Penal como: amenazas y coacciones (art. 149 bis), acceso indebido a un celular o cuenta (art. 153 bis), injurias y calumnias (arts. 109 y 110, que solo puede impulsar la víctima) y, la difusión de imágenes sexuales suyas, que es el caso de Catamarca donde la víctima es menor (art. 128) por este delito se encuentran imputados sus autores.
Es importante destacar un cambio cultural y jurisprudencial importante. El Código castiga a quien cause a otro un daño «en el cuerpo o en la salud» (arts. 89 a 91). Durante décadas eso se leyó casi solo como daño físico. Hoy los tribunales admiten que el daño psicológico también es lesión, si un perito lo acredita y se prueba que lo causó el agresor. Hay condenas así en nuestra provincia, en la Ciudad de Buenos Aires, Tucumán y La Rioja, incluso por lesiones graves.
En el ámbito Civil. Quien acosa debe reparar el daño, incluido el psicológico. El Código Civil y Comercial protege la dignidad y la imagen: en principio, nadie puede filmar y difundir a otra persona sin su consentimiento (arts. 52 y 53). Por los hijos menores responden los padres (arts. 1754 y 1755), y los colegios, por los daños que sufren o causan sus alumnos bajo su control (art. 1767). La Ley 23.592 permite exigir el cese de un acto discriminatorio y su reparación.
En el ámbito Educativo: En las escuelas, la Ley 26.892 obliga a prevenir y abordar estos conflictos con un enfoque educativo, sin contener sanciones e insistiendo en la no estigmatización de los agresores.
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Ni el humor ni la libertad de expresión amparan humillar a otro ni exponer su intimidad. La ley ofrece herramientas para hacer cesar esas conductas y reparar sus consecuencias, pero y como conclusión, esas soluciones pueden arbitrarse recién cuando el daño ya está hecho. Evitarlo depende de algo que ninguna norma puede imponer: adultos presentes, una sociedad que no mire para otro lado y un cambio cultural que vuelva inaceptable la crueldad mucho antes de que llegue a un expediente.
*Abogada, exjuez de Paz letrada, integrante de la comisión directiva de Conciencia San Juan

