Aumento de jubilaciones: “para pocos”

POR MARCELO DELGADO

Esta semana, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sacudió el escenario político anunciando un incremento del 84% de las jubilaciones (la mínima pasa de $380.000 a $700.000), más un bono no remunerativo de $100.000 para beneficios menores a los $1.300.000 mensuales.

Córdoba cuenta con una Caja Provincial de Jubilaciones que resistió siempre a ceder a Nación, y que históricamente, abona haberes superiores a los nacionales. En los últimos años, el atraso de los aportes nacionales a la caja cordobesa provocó un fuerte retraso en los haberes de sus beneficiarios, y Juan Schiaretti, antecesor del actual gobernador, inició un juicio que terminó en la Suprema Corte, fallando a favor de la provincia. Varios millones de pesos que serán abonados en cuotas a la provincia mediterránea, le permiten al gobierno local recomponer los haberes para los 116.000 pasivos que tiene esa Caja.

Una institución relativamente ordenada, con beneficiarios que acceden a las jubilaciones y pensiones cumpliendo los años de aportes, así como la edad mínima exigida. Pocos llegan por regímenes excepcionales, y esto le ha permitido diferenciarse por años de los pasivos nacionales.

Sin embargo, a pesar del tener el mejor haber de las provincias argentinas y superior al beneficio de los jubilados nacionales, aún no alcanza a “comprar” la canasta básica mínima, que en el mes de junio pasado alcanzó a $1.128.398 (para una familia de 4 personas). Es cierto que los pasivos ya no tendrían que mantener hijos, pero lo concreto es que, en numerosos casos, son soporte fundamental de nietos, hijos aún no independientes, discapacitados, etc.

Las personas activas que contribuyen a los sistemas previsionales en nuestro país, a junio de 2025, no llegan a los 8 millones de trabajadores, mientras que los jubilados ya están cerca de los 6 millones. Con esta relación entre activos y pasivos, por mejor administrados e invertidos los recursos, no hay forma de sostener beneficios que le puedan ganar a la inflación. Un consenso amplio comparte que el sistema está “terminado”. Pero las diferencias se hacen insalvables a la hora de presentar alternativas a futuro. En el mediano plazo, las alternativas se debaten entre un sistema “privado”, similar al de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) de los 90, que no llegó a buen puerto. En la otra vereda están los que sostienen que debe financiarse con impuestos específicos, que complementen los aportes de los activos. Será un debate de posiciones y proyectos que vamos a transitar luego de las elecciones de octubre próximo. Pero todavía nadie se plantea con seriedad como será la transición de un sistema a otro. El problema se enfrenta, como si las decisiones fueran a impactar en la mitad del siglo XXI, cuando los actuales jubilados no llegan a fin de mes, y les resulta imposible adquirir los medicamentos cada vez más onerosos.

El paso de los años importa grandes desafíos, que requieren mayores atenciones y cuidados; y al mismo tiempo, nos reta a buscar nuevos modos de resolver la economía del hogar. ¿Habrá soluciones colectivas o será “sálvese quien pueda?.