Advierten que la minería podría saturar la red eléctrica

El extitular del EPRE, Jorge Rivera Prudencio, planteó que la discusión debe darse en una audiencia pública, instancia que ya fue solicitada por el organismo regulador y en ese debate, debería analizarse la construcción de una segunda línea de 500 kilovoltios entre Mendoza y San Juan, una obra estratégica para garantizar el abastecimiento eléctrico tanto para la actividad minera como para el consumo urbano.

Rivera Prudencio, advirtió que el fuerte aumento de la demanda energética de los proyectos mineros en San Juan podría comprometer el sistema eléctrico provincial si no se amplía la infraestructura de transporte.

Durante una entrevista en el programa La Ventana, el especialista explicó que la discusión actual surge luego de que el ente regulador nacional otorgara prioridad de abastecimiento eléctrico al proyecto minero Vicuña, lo que encendió alertas en el sistema energético local.

Rivera Prudencio recordó que gran parte de la infraestructura eléctrica que abastece a la provincia se construyó hace dos décadas con una inversión cercana a 450 millones de dólares. Ese financiamiento se estructuró con tres fuentes principales: aportes de los usuarios de San Juan, contribuciones de empresas mineras y recursos nacionales.

Según detalló, los usuarios sanjuaninos aportaron alrededor de 90 millones de dólares a través de la factura de energía, mientras que las compañías mineras contribuyeron con unos 150 millones de dólares. El resto se completó con financiamiento nacional impulsado desde el propio EPRE.

El ex funcionario subrayó que las mineras que participaron del financiamiento original cuentan con reservas de capacidad en el sistema, acuerdos que —según sostuvo— deben respetarse en cualquier ampliación futura de la red eléctrica.

Sin embargo, el principal riesgo no está en las líneas que conectan la capital provincial con la zona minera del norte, sino en el vínculo estratégico que conecta el sistema regional. “El problema central es la línea Mendoza–San Juan”, explicó.

Actualmente, la demanda eléctrica de la provincia ronda entre 550 y 600 megavatios, una cifra similar a la potencia que podrían requerir en conjunto los proyectos mineros en desarrollo. Si esa energía se transporta por la infraestructura existente, el sistema podría quedar al límite de su capacidad, especialmente cuando los parques solares de la zona no generen energía.

“La minería se abastecerá con energía solar durante el día, pero cuando se va el sol la electricidad debe venir por las redes”, explicó Rivera Prudencio. En ese escenario, la línea que conecta Mendoza con San Juan podría saturarse si se agregan cientos de megavatios destinados a proyectos mineros.

El ex titular del EPRE planteó que la discusión debe darse en una audiencia pública, instancia que —según indicó— ya fue solicitada por el organismo provincial al ente regulador nacional.

En ese debate, sostuvo, debería analizarse la construcción de una segunda línea de 500 kilovoltios entre Mendoza y San Juan, una obra estratégica para garantizar el abastecimiento eléctrico tanto para la actividad minera como para el consumo urbano.

Además, expresó preocupación por el esquema de financiamiento de futuras obras energéticas. Según afirmó, decisiones adoptadas en la gestión anterior permitieron que las empresas recuperen inversiones en infraestructura a través de regalías mineras, lo que en la práctica implicaría que los recursos provinciales terminen financiando esas obras.

Rivera Prudencio advirtió que las decisiones sobre ampliación de la red deben tomarse con anticipación, ya que la construcción de estaciones transformadoras, líneas de alta tensión y equipamiento especializado puede demandar entre dos y tres años desde su planificación.

“Hay que apoyar el desarrollo de la minería, pero sin poner en riesgo el abastecimiento eléctrico del Gran San Juan”, concluyó.

El debate sobre la expansión energética vuelve así al centro de la agenda provincial: con la minería proyectando una fuerte demanda de electricidad, el desafío será ampliar la infraestructura a tiempo para evitar cuellos de botella en el sistema eléctrico sanjuanino.

El EPRE solicitó formalmente una audiencia pública

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó formalmente una audiencia pública para revisar la resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que otorga prioridad sobre el 90% de la capacidad remanente del sistema de transporte eléctrico vinculado al corredor minero durante al menos 25 años. Desde el EPRE advirtieron que se trata de una infraestructura estratégica financiada durante décadas por los sanjuaninos y que cumple un rol clave para el abastecimiento eléctrico provincial. Por ese motivo, reclamaron que el debate se realice con participación de todos los actores públicos y privados involucrados.

Según el organismo provincial, otorgar prioridades de uso sobre infraestructura preexistente del sistema eléctrico sin la intervención de la provincia ni estudios técnicos integrales podría comprometer la seguridad del suministro y la planificación energética futura.

El corredor Nueva San Juan–Rodeo de 500 kV, conocido como la “línea minera”, es una pieza central del sistema eléctrico regional, ya que abastece a proyectos en los departamentos de Iglesia y Calingasta, donde se concentran varios desarrollos mineros de gran escala.

La resolución nacional responde a un pedido de la empresa Vicuña, controlada por las compañías BHP y Lundin, que presentó un plan de ampliación de infraestructura eléctrica para abastecer sus proyectos Josemaría y Filo del Sol.